Cristosal apunta a que el gobierno de Nayib Bukele aplica medidas de endurecimiento de la legislación penal que en administraciones presidenciales anteriores han fallado.
Esto, a raíz de que la Asamblea Legislativa aprobó esta semana un pliego de reformas a varias normativas penales para incrementar los años de cárcel a quienes cometan delitos y/o pertenezcan a pandillas.
“Es una repetición de medidas similares que se han adoptado por más de dos décadas en lo que se ha conocido como procesos de mano duristas en gestiones de gobiernos anteriores. Se trata de medidas de endurecimiento de la legislación penal, las cuales por sí mismas han demostrado ser fallidas en el pasado”, afirmó David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal.
Las iniciativas que envió Bukele
El 30 de marzo de 2022, los diputados dieron luz verde a 8 iniciativas encaminadas a perseguir y endurecer las penas a pandilleros, aunque deja ambiguo qué clasifica como tal.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, expuso que solo el hecho de pertenecer a una pandilla será catalogado como delito. Sin embargo, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo aprobada en 2006 ya los clasificaba en esa categoría.
Los diputados aprobaron incrementar las penas contempladas en dicha ley, imponiendo cárcel de 15 a 20 años a los que formen parte de organizaciones terroristas y de 30 a 40 años a sus dirigentes o cabecillas.
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“El solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. No vamos a tolerar más abusos de parte de estos grupos criminales que por décadas han venido aterrorizando y aprovechándose como verdaderos parásitos”, alegó Villatoro.
Asimismo, desde hace más de una década, los gobiernos anteriores y el actual tenían la potestad de perseguir a cabecillas o dirigentes de las pandillas echando mano del Centro de Escuchas o de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones.
Deficiencias jurídicas graves
En ese afán de aumentar las penas de prisión, Morales enfatiza que una gran parte de las reformas son incrementos de años de cárcel con deficiencias jurídicas notables y graves, y es que los parlamentarios no solo aprobaron reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, también hicieron modificaciones a la Ley Penal Juvenil, al Código Procesal Penal, a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, al Código Penal y a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión.
“En las reformas a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión se aplica penas desproporcionadas similares a un delito en su fase de conspiración que en su fase de tentativa o consumada”, explicó.
Señala también errores en la técnica jurídica y disposiciones violatorias del debido proceso y de garantías contenidas en tratados internacionales que El Salvador ha firmado.
Entre estas, Morales mencionó la creación de la figura de los “jueces sin rostro”, un mecanismo que ve peligroso considerando que el presidente Bukele ha desmantelado la independencia judicial al imponer jueces sumisos y sin independencia del gobierno.
“La figura de los jueces sin rostro sin una regulación adecuada puede erigirse como instituciones del derecho penal que se utilicen para la arbitrariedad, violentando derechos y sin garantizar claramente la efectividad del sistema”, añadió.
La ley de Recompensas lo considera también una regulación inadecuada que se podría prestar a actos de corrupción, debido a que no existe un procedimiento detallado de cómo se aplicará y libera de la identificación a las personas que se beneficiarían sin estar sujetas a los resultados del proceso penal.
Valora que se abre la puerta a fines de control social y político del Estado similares a las que se dieron en la etapa de las políticas contra insurgentes y la doctrina de seguridad nacional que se convirtieron prácticamente en una red paramilitar que sirvió para activar o para generar información para violar derechos humanos como los que perpetraron en su momento los llamados “escuadrones de la muerte”.