El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) tiene cerca de 1,636 inmuebles, en los que funcionan 1m232 centros educativos, pendientes de legalizar, por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa una reforma y prórroga a la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de Educación.
Dicha ley fue aprobada en 2015 y ya fue prorrogada por cinco años, plazo que vence el 12 de mayo de 2025, por lo que el Ministerio requiere la prolongación por cinco años más, además de reformas para facilitar los procesos de registros. Lo que fue avalado este lunes por diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno que aprobó este lunes el dictamen favorable.
Con la reforma se extienden los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para los servicios educativos, de administración y aquellos en los que el Ministerio tenga interés. También se consideran de utilidad pública cualquier inmueble donde operen Centros Educativos, sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos y uso administrativo.
Se crearán procedimientos especiales para agilizar la titulación de propiedades y el acotamiento de derechos proindivisos, facilitando la gestión de propiedades por parte del Ministerio. El ministro José Mauricio Pineda aseguró que esto no contempla expropiación. "Acá se respeta la voluntad de los dueños y por eso es que el proceso no es tan ágil", expuso.
Indicó que 1,976 inmuebles han sido inscritos, donde funcionan 1,618 escuelas, pues algunos centros educativos contemplan varios inmuebles donde está la construcción.
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Mencionó que aunque la Asamblea creo un decreto transitorio para que pudieran invertir en escuelas que están en terrenos que no están bajo administración del MINEDUCYT, los bancos que están financiando las obras infraestructura no lo aceptan. “Tiene que estar legalmente inscrito la administración para el Ministerio de Educación, si no, no lo aceptan”, dijo.
Dictaminan a favor de Convenio y reconocimientos
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno también emitió dictámenes favorables para que se aprueben dos iniciativas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Uno es para que se ratifique el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, adoptada el 23 de noviembre del 2025, en Nueva York.
Dicho instrumento reconoce la validez jurídica de las comunicaciones electrónicas y establece las normas para aspectos fundamentales, como la equivalencia funcional de la firma electrónica. "Su aplicación es complementaria y sujeta a la voluntad de las partes. Esto contrasta con el principio de autonomía de las partes", dijo Margareth Meza, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y el otro dictamen es para que se conceda permiso a las ciudadanas salvadoreñas Sofía Alejandra Cortez Aparicio, para que acepte la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil; y Guadalupe Rosario Moscote Castro, para que acepte la Cruz de la Orden del Mérito Civil, distinciones honoríficas que concede Su Majestad el Rey de España Don Felipe VI.
Ambas condecoraciones son por su trayectoria y dedicatoria profesional.
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