FESPAD insta a la ciudadanía a construir democracia

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) desarrolló este viernes el conversatorio "Agenda ciudadana para la construcción de un Estado democrático", con el objetivo de recoger insumos de diferentes actores sociales sobre la democracia que necesita el país.

Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD, expresó que la construcción de un mejor país requiere, en primer lugar, la satisfacción de los derechos de las personas y de una institucionalidad que esté en función de eso.

“La gente quiere diputados, diputadas que de verdad dialoguen con la ciudadanía y no solo que impongan. La gente también quiere un medio ambiente sano para las presentes y futuras generaciones, que eso es parte también de las preocupaciones de una institucionalidad; la gente quiere pleno respeto a su libertad”, dijo.

Destacó que la intención es conocer esos intereses de la población, por lo que estarían desarrollando otro conversatorio, donde se expone la línea histórica que ha tenido El Salvador en el tema democrático.

Comentó que el alejamiento de la agenda democrática por parte de los gobernantes no es algo nuevo con el actual gobierno, sino que estuvo presente antes en una mayor o menor medida.

“Claro, ahora la situación creo que es un poquito más evidente de lo que pueda ocurrir y yo creo que el reto de la ciudadanía es hacerle ver a quienes están en el ejercicio del poder sobre cuáles son sus demandas”, dijo.

E instó a todas las instituciones del Estado a escuchar a la población, lo que contribuye a la estabilidad del sistema político, ya que el cierre del espacio cívico y la cooptación de las instituciones genera descontento en los actores sociales.

Vicio histórico

La consultora Enayda Acevedo Medrano presentó un balance de la situación democrática del país y destacó que existe un problema en el sistema político de El Salvador y en la cultura política, que se repiten en la historia nacional.

“Tienen en esencia un gran vicio y el vicio radica en que hay pequeños grupos de poder que todo el tiempo intentan hacer suyo el Estado salvadoreño y lo intentan hacer de mil maneras, a través de la utilización de la institucionalidad pública, a través del poder real económico y, sobre todo, desde esa perspectiva de dominación económica en donde utilizan el aparto del Estado en función de sus intereses”, afirmó.

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La experta expresó que eso que una de las repercusiones es que la población no logra ejercer sus derechos en su totalidad.

Al consultar sobre cómo se puede construir un Estado democrático cuando uno de los principales actores va en contra de esos principios, respondió que la democratización es un proceso.

“No porque un actor no crea y, sobre todo, no funcione alrededor de los preceptos específicos de la democracia significa que grupos ciudadanos deban de renunciar a la lucha por la democracia. En El Salvador la lucha por la democracia no es nueva”, expresó Acevedo.

Indicó que la democracia electoral es solo un peldaño y que se persigue una democracia para el pleno ejercicio de derechos que permita la consulta ciudadana en temas importantes, por ejemplo, el de la minería metálica.

Recordó las marchas blancas que impidieron la privatización de la salud. “El ejercicio de poder pensar distinto debe de existir en la humanidad siempre”, dijo.

Aunque en el país se habla de democracia, dijo que no se tiene “una definición nacional” de democracia, lo que requiere de un consenso nacional para lograrlo.

Instrumentalización de justicia

La independencia judicial es clave para garantizar verdaderos procesos de justicia, como en los casos de detenciones de personas defensoras de derechos humanos y también del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.

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“Todo salvadoreño debiese tener la garantía de acceder al órgano judicial para tener un trato apegado a la ley y justo”, dijo Carrilo.

En ese caso y en cualquier otro de los casos de personas procesadas FESPAD exige al Órgano Judicial “que lleva a cabo un proceso donde se busque la justicia, se garantice la defensa y se establezca la verdad procesal con todos esos elementos”.

Además de eso, Carrillo se refirió a las reformas penales impulsadas por el gobierno y aprobadas por la Asamblea Legislativa, que irían en detrimento de las personas a defenderse en los tribunales.

“Varios procesos que se están impulsado dan la impresión de una instrumentalización de la institucionalidad del Estado y eso es muy grave y le debe preocupar a todo ciudadano y ciudadana, porque lo que ocurre de manera arbitraria a cualquier salvadoreño le puede ocurrir a otro”, expresó.

Dijo que el marco legal responde a una debilidad institucionalidad, ya que el actual gobierno tendría las herramientas para mejorar el sistema de justicia, pero no lo hace. Afirmó que la Fiscalía no crece en personal fiscal ni presupuestario.

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Enfatizó que el acceso a la justicia no puede reducirse a reformas legales tendientes a tener privadas de libertad a las personas, sino a la investigación y con base a pruebas defina la verdad en los casos.

Cambios constitucionales

Carrillo enfatizó que la situación actual es preocupante con la reforma al artículo 248 de la Constitución que cambió el mecanismo para cambiar la Carta Magna, permitiendo que en una misma legislatura se propongan y ratifiquen las modificaciones.

“¿En qué se traduce esto? En la posibilidad de que quien tenga 45 votos en la Asamblea Legislativa, que en este momento una sola corriente de pensamiento los tiene, pueda modificar a su antojo la Constitución y ahí podemos encontrar cosas que pueden ser preocupantes para distintos actores, puede modificarse el catálogo de derechos que tiene la Constitución y eso de por sí es bastante grave”, afirmó.

Carrillo agregó que un rol de la Constitución es “ser una barrera” para el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, “en función de proteger a la ciudadanía”, como mecanismos de protección.

Consideró que el catálogo de derechos de derechos está sujeto a cualquier modificación de “agenda inmediatista” del poder de turno. Incluso se podría modificar el periodo de funciones de los funcionarios o suprimir instituciones en una misma legislatura y sin consenso con la población.

Mencionó que el país ya vivió etapas donde no hubo posibilidad de participación política y no descarta que se pongan más requisitos o hasta prohibir partidos con alguna corriente ideológica en especial.