Tras los nuevos despidos de trabajadores del sector público en el oriente del país, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la clase Trabajadora (MDCT) convocaron en San Miguel a personas afectadas a una reunión informativa con una figura jurídica, para el asesoramiento legal correspondiente de sus derechos como trabajadores.
Los representantes de los movimientos denunciaron que los despidos bajo el nombre de “supresión de plazas” han sido actos “arbitrarios e ilegales”, afectando al sector educativo y de salud, entre otros.
En cifras, estiman que de cerca de 11,000 plazas, 3,200 ya fueron notificadas las supresiones y otro porcentaje de personas, con la llegada de la edad de la jubilación, han sido obligadas al retiro por la Corte Suprema de Justicia.
Para Silvia Navarrete, de SITRASALUD, los despidos son en consecuencia al ajuste financiero que exigen los organismos internacionales al gobierno de El Salvador, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que han puesto condiciones a los Estados, en este caso a El Salvador, para seguir financiando préstamos.
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“Las condiciones han sido reducir el gasto público, lamentablemente este gobierno de Nayib Bukele, toma en cuenta para reducir estos gastos nada más que a los trabajadores y trabajadoras, entonces se le ocurre suprimir plazas en el presupuesto, recortar el presupuesto de las instituciones que prestan servicio a la población”, señalaron.
Esta situación ha generado una tasa alta de desempleados del sector público, es por ello que los representantes de ambos movimientos señalaron que estarán siempre dispuestos a apoyar a aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran seguir la batalla por sus derechos.
Ángel Flores, quien es miembro del Movimiento de la Defensa de la clase Trabajadora del departamento de La Unión, señaló que más allá de los despidos, han sufrido represión e injusticia social, donde puntualizó los casos de las personas amenazadas por sus tierras en la franja costera marina del país.
“Hay que entender que la gente trabajadora del campo también está siendo golpeada con sus medios de vida, es decir, se le está vulnerando su derecho al trabajo, y por otro lado también a nosotros como trabajadores públicos, por acompañar esos esfuerzos, hemos sufrido la represión por alzar la voz también”, dijo Flores durante la conferencia de prensa desarrollada este miércoles.
Flores dijo que los miembros que integran esos movimientos y sindicatos están siendo criminalizados, perseguidos e incluso han sufrido de encarcelamiento, incluidas capturas en el régimen de excepción, donde también han habido personas fallecidas.
Mencionó incluso que es necesaria la lucha en las calles, salir a protestar por los derechos oprimidos para lograr ser escuchados; así fue como se originaron estos movimientos, tras la marcha por la censura al recorte presupuestario y de escalafón que afectará al sector educativo y de salud del país.
Tras ello, indicó que se hizo retroceder a los diputados sobre esa iniciativa de recortar el escalafón, por lo que se dirigió a los trabajadores para no permitir que el gobierno siga con este tipo de acciones de carácter autoritario.
Los movimientos están siendo integrados por personas despedidas a escala nacional, que se están pronunciando ante el gobierno con los debidos procesos para exigir el reinstalo en los puestos de trabajo; uno de ellos sigue estando en el Tribunal de la Carrera Docente, por el maestro despedido arbitrariamente en Morazán.
Todos los presentes en la conferencia tienen su propia historia que contar, y concuerdan en que se han hecho los despidos de forma injustificada.
Ismael Argueta, también miembro activo de los movimientos sociales para los derechos de la clase trabajadora, dijo que en San Miguel “no son menos de 100 los despedidos”.
Según sus registros, este 2025 ya se contabilizan 14 despidos en ISDEMU San Miguel, del sector salud 5 personas; desde el año pasado se han contado un aproximado de 250 despedidos del Hospital Nacional de San Miguel, y 260 personas de la Región de Salud Oriental del país; un maestro en Morazán y un abogado en Usulután, que fue obligado a renunciar a su cargo en los juzgados.
Pero estas cifras solamente son las reportadas; otro porcentaje se ha quedado en silencio, por el temor a lo que pueda suceder por pronunciarse, Argueta se dirigió a los trabajadores despedidos a que se unan y no se dejen vencer por el miedo, para lograr el respeto a sus derechos.