Representantes de la Mesa contra la Impunidad de El Salvador (MECIES) denunciaron la mañana de este miércoles la obstrucción de la Asamblea Legislativa para dar trámite al proyecto de Ley de Justicia Transicional propuesto por las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
“La negativa a dar trámite a la iniciativa, para que sea asignada a la comisión correspondiente que deberá estudiar el proyecto, escuchar a la víctimas y sus representantes y tomar una decisión, es una violación al propio Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa”, señalaron los miembros de la MECIES.
Puedes leer | A 44 años que militares asesinaron a religiosas norteamericanas
Asimismo hicieron un llamado a las y los diputados de la actual legislatura a cumplir con sus obligaciones y dar trámite a la propuesta presentada el pasado 29 de octubre de 2024.
“En el marco del 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, queremos plantear la necesidad que se dé trámite al tercer proyecto (de Ley) de Justicia que se ha presentado por parte de las víctimas del conflicto armado y que desde 2019 infructuosamente se ha estado insistiendo a la Asamblea Legislativa sin que esta escuche a las víctimas, sus peticiones y en general al respeto de los derechos humanos”, manifestó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
#ElSalvador | La Mesa contra la Impunidad de El Salvador pidió esta mañana a la Asamblea Legislativa a césar el incumplimiento de sus obligaciones y dar trámite a proyecto de Ley de Justicia Transicional propuesto por las víctimas. Video EDH/ L. Lemus.pic.twitter.com/kp5MpBhtmQ
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) January 15, 2025
Los miembros de la Mesa recordaron que el 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional, a través de una sentencia, ordenó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley de justicia transicional “estableciendo la obligación de los poderes estatales de garantizar los derechos” de las víctimas.
En la sentencia la Sala también ordenó “garantizar el pleno acceso acceso a información pública sobre los hechos, la adopción de medidas integrales de reparación sin discriminación alguna y el aseguramiento de las fuentes de financiación para estas”.
“Ya casi vamos a cumplir 10 años desde que se emitió esta sentencia y no tenemos una ley que realmente cumpla con las peticiones de las víctimas y que se adhiera a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de reparación”, declaró Santos.
Los afectados también señalaron la instrumentalización de la justicia y la designación del “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado” en la fecha que se firmó los Acuerdos de Paz, sin escuchar y respetar a las víctimas, “tergiversando la historia y la importancia de los Acuerdos de Paz”.
“Exigimos a la Asamblea Legislativa cesar el incumplimiento de sus obligaciones en este tema y dar trámite al proyecto de Ley de Justicia Transicional propuesto por las víctimas y las organizaciones que las representan”, enfatizaron los representantes de la Mesa.
Víctimas sin justicia
Una de esas víctimas que siguen esperando justicia es Ramón Arita, de 77 años, quien fue golpeado y torturado durante 23 días en las instalaciones del Castillo de la Policía Nacional en septiembre de 1985 y luego encarcelado casi dos años.
“Son inaceptables los métodos de tortura e interrogación, creo que pasé más de once días que no me dejaron dormir, llegaba un interrogador, luego otro sin parar las 24 horas y eventualmente me sacaban con la amenaza que me iban a asesinar”, relata.
Además de la tortura psicológica Arita sufrió golpizas propinadas por al menos cinco agentes al mismo tiempo y tortura física, en la que le colocaban una capucha sobre la cabeza y le apretaban el cuello apunto de asfixiarlo.
“La capucha fue lo más tremendo, otros compañeros sufrieron choques eléctricos y ahogamientos en pilas, a mí me tumbaron, me pusieron la capucha y me golpeaban, me daban patadas y me apretaban como para estrangularme”, recuerda.
Arita expuso la necesidad de una “justa” ley de justicia transicional que permita a las víctimas conocer la verdad, la aplicación de justicia, garantías de no repetición y la reparación integral.
“Desde las víctimas nosotros demandamos justicia porque hay crímenes continuados como la desaparición forzosa, es un dolor tremendo para quienes aún tienen esperanza de saber qué pasó con sus familiares”, dijo.
La propuesta de ley establece que la reparación a las víctimas es imprescriptible y debe ser proporcional al agravio sufrido, incluye la indemnización económica para personas encontradas luego de una desaparición forzada y reparaciones especiales por el daño causado a las mujeres.
Ana Julia Escalante, directora de la Asociación Pro Búsqueda, expuso que una sociedad que no supera las causas de un conflicto armado y las medidas de reparación, verdad y justicia corre el riesgo de repetir la historia.
“Cuando la impunidad se mantiene y se instala en una sociedad, esa impunidad se va manteniendo en diferentes ciclos, que es lo que ha vivido El Salvador en diferentes ciclos de violencia posguerra, no hemos vivido en una paz real”, declaró.
El representante de Cristosal, David Morales, agregó que la negativa de la Asamblea Legislativa de dar trámite a esta normativa viola la Constitución de la República, el reglamento interno y atropella diversos derechos de las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Morales expuso que también transgrede el derecho internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en incumple recomendaciones dadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas.