El Gobierno de Nayib Bukele tomó del fondo en el que se depositan las cotizaciones de todos los trabajadores $2,017.17 millones desde que entró en vigencia la reforma al Sistema de Pensiones, en enero de 2023, hasta noviembre de 2024, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Es decir que todo ese dinero, que ya representa casi un 20% de la deuda total con el Fondo de Pensiones ($10,412.90 millones), se utilizó en solo 23 meses, por lo que el ritmo de deuda es en promedio $87.7 millones al mes.
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La Asamblea Legislativa aprobó, en diciembre de 2022, una reforma que permite al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitir nuevos instrumentos de deuda, llamados Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), sin un límite y sin tener que pasar por un análisis de riesgo previo, siempre y cuando los fondos sean destinados al pago de jubilaciones del exINPEP y del ISSS.
Sin embargo, la administración Bukele ha sobrepasado el uso de esta herramienta financiera. Solo entre enero y diciembre de 2023, el Gobierno tomó del Fondo de Pensiones $1,097.76 millones, lo que marca todo un récord sin ningún tipo de precedente en la historia de El Salvador, ya que representa el triple de lo que usaron en promedio cada año ($365 millones) los gobiernos anteriores en los últimos 17 años (2006-2022), como ya había expuesto El Diario de Hoy anteriormente.
Si bien ese ritmo se ralentizó un poco en 2024 respecto a 2023 (es un 4% menor), sigue estando muy por encima del registro.
"Es una emisión que va a un ritmo mucho más acelerado que antes de la reforma", comentó Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía de FUNDE. El economista le pone otro agravante al tema, y es que la primera emisión de los COP (los nuevos instrumentos de deuda de pensiones) se hizo apenas en abril de 2023, por lo que esos más de $2,000 millones han salido del Fondo en solo 20 meses, un ritmo de casi $100 millones mensuales.
Cuando se hizo la reforma de pensiones en diciembre de 2022, la anterior deuda previsional (que comenzó a crearse en 2006) se transformó en unos instrumentos llamados Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), cuyo saldo es de $8,395.73 millones y es la deuda con los trabajadores.
A Rodríguez le llama la atención de que, en menos de dos años, ya se ha adquirido una quinta parte de lo que antes había tomado 18 años.
"El pastel total es la deuda conjunta de pensiones, de CFT y COP. Los COP ocupan cada vez una proporción mayor de ese pastel. El pastel va creciendo y la proporción de COP con respecto a CFT se ve que va ganando terreno", explicó Rodríguez.
En efecto, esta proporción ha crecido, pues para noviembre de 2023 era de solo un poco más del 10% del total de la deuda y se ha duplicado en apenas un año.
El mayor porcentaje de emisión de los COP en 2024 se registró en el primer trimestre, pues solo entre enero y marzo el Gobierno tomó $421 millones ($140 millones al mes), lo que representó el 46 % del total en el año. A partir de allí se desaceleró, teniendo su registro más bajo en octubre pasado.
El ritmo mensual (casi $88 millones) al que se ha tomado dinero de ese fondo desde 2023 es preocupante para los expertos, ya que amenaza la sostenibilidad de todo el sistema, pues la recaudación de las cotizaciones no es demasiado superior. Entre abril de 2022 y marzo de 2023, las AFP recaudaron $1,219 millones de las cotizaciones de todos los trabajadores, es decir, $101.6 millones como promedio mensual.
El cálculo se hace con los datos de esas fechas porque son los últimos que publicó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Eso es apenas $13 millones superior a lo que el Gobierno ha tomado del Fondo de Pensiones desde que se aprobó la reforma.
¿Un freno al acelerador?
Para Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, estas cifras son una muestra de que la reforma aprobada en diciembre de 2022 fue hecha sin base técnica y sin la intención de darle estabilidad al sistema de pensiones, sino de servir como un salvavidas financiero para el Gobierno.
Sin embargo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está pendiente de la aprobación de su Directorio Ejecutivo, podría terminar con esta tendencia. Según Pineda, una de las condiciones para la entrega de los $1,400 millones de esa multilateral es darle viabilidad al Sistema de Pensiones. Y, para ello, se necesita un fortalecimiento financiero del mismo.
Uno de los caminos es un uso racional de los recursos, con un techo estricto que impida que el Fondo de Pensiones disminuya. Con ello, el Gobierno debería dejar de tomar dinero del mismo más allá de su destino legal. Incluso podría limitarse a menos.
Pero, según el experto, lo más probable es que se vayan por la vía de una mayor recaudación. ¿Cómo se logra eso? Aumentando el número de los cotizantes de forma importante, lo que no es posible en un país con un crecimiento económico tan bajo como el de El Salvador donde, más bien, se perderán muchos empleos en 2025.
La otra manera es cambiar las paramétricas de la edad de jubilación, es decir aumentar los años que debe cumplir un trabajador para retirarse. En El Salvador, la edad de jubilación para las mujeres es de 55 años. La de los hombres, de 60. Con una reforma podría aumentarse entres tres y cinco años, por lo que un trabajador tendría que trabajar hasta los 65 años, plantea Pineda.
Y agrega que cada año de edad extra de cotización se traduce en unos $500 millones de recaudación anual, por lo que serían unos $2,500 millones por lustro. Pero esto sería insuficiente para recuperar el equilibrio, dice.
"Probablemente será necesario que se acompañe de otras reformas. Incluso se puede aumentar la edad de servicio mínima. ¿Se da cuenta de que al que siempre se termina golpeando es al trabajador?", apunta.
El experto señala otros problemas que se vienen sumando a la ecuación. Uno de los más recientes es que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) asumirá el pago de los gastos funerarios de pensionados y cotizantes en lugar del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Esto lo hará con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), el fondo desde el que se le paga a un pensionado cuando se agota su cuenta personal y es la misma que ya se está encargando también de las pensiones de invalidez y fallecimiento que antes cubría el seguro pagado por las AFP.