Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, que están en proceso de divorcio, se vieron este martes de nuevo en los tribunales, en una vista de seguimiento en la que acordaron continuar con la entrega de documentos en el litigio corporativo.
El pleito del cantante contra su todavía esposa y su cuñada Ayeicha González se dirime en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y es por el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc.
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Las demandadas entregarán esos documentos a través de su abogada, Mariel Colón, quien defendió al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero no se estableció un plazo para completar el proceso.
Los documentos en cuestión incluyen detalles de contratos, transacciones y otros archivos relacionados a la empresa que el matrimonio tenía en común.
Resumen de lo que pasó en la vista de hoy entre los abogados de @daddy_yankee y Mireddys González.#MoluscoUrbanNews pic.twitter.com/xOFgySu2GZ
— Molusco (@Moluskein) January 14, 2025
A su salida del tribunal, Daddy Yankee dijo a los periodistas estar "en paz", indicando que no podía dar detalles sobre el acuerdo.
Por su parte, González señaló que "lo único" que puede decir es que en su momento tendrá "la oportunidad de hablar desde el otro lado de la historia y aclarar el por qué de muchas cosas".
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Esta situación judicial comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte; sin conocimiento ni autorización del artista.
Los hechos ocurrieron después de que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre verdadero del intérprete, confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.
Las partes acordaron que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las dos corporaciones: El Cartel Records y Los Cangris Inc.
Sin embargo, a finales de mes, las demandadas no habían entregado todos los documentos y accesos digitales requeridos, por lo que el juez encargado del caso, Anthony Ramos Cuevas, les llegó a advertir que podrían incurrir en desacato y ser arrestadas si no cumplían lo acordado.