La Ley General de la Minería Metálica fue sancionada por el presidente Nayib Bukele, el mismo día en el que se aprobó en la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre de 2024, según consta en el Diario Oficial publicado esta semana con fecha 23 de diciembre. El decreto también fue avalado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem.
El decreto dice que su entrada en vigencia sería 15 días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que estaría vigente desde el 7 de enero; pero la divulgación de la edición se hizo efectiva hasta esta semana, por lo que su vigencia podría ser hasta finales de enero.
Con esta ley volverán a permitirse de manera plena todas las actividades relacionadas con la minería metálica, que fue prohibida por El Salvador en 2017. Era el único país con una legislación semejante.
La misma se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos que conformaban la Asamblea Legislativa en la época y fue el fruto de años de lucha de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios e, incluso, de la Iglesia Católica.
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La prohibición también se decidió con base en investigaciones científicas que demuestran la inviabilidad de una actividad como esta en un país como El Salvador, densamente poblado y con todas las cuencas hidrográficas interconectadas.
En cambio la ley que finalmente se aprobó en la Asamblea Legislativa oficialista tuvo apenas unos pocos cambios respecto al proyecto que llegó desde Casa Presidencial. Y estos no fueron siquiera sugeridos por los parlamentarios, sino por los representantes de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
Entre esas modificaciones está que se puedan establecer sociedades de economía mixta, en las que el Estado tenga participación, para la realización de las actividades del ciclo minero. Otras son respecto a las sanciones, a las que se elevó la base de las sanciones graves, pasando de 10 salarios mínimos para el sector comercio a los 100.
Para la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, la celeridad con la que se aprobó y se sancionó esta Ley General de Minería, además de las fechas elegidas para ello, responden a un deseo desde el Gobierno de que población “no tuviera tiempo de protestar, para que la gente no dijera nada”.
“Lo mismo pasó al momento de sancionarla, buscando, según el Ejecutivo, la forma de que pasara desapercibido. Sin embargo, aunque esté ‘vigente’ el pueblo puede seguir exigiendo hasta la saciedad para que el presidente se dé cuenta que existe un rechazo fuerte por parte de los salvadoreños”, comentó la legisladora.
Recordó que casi el 60 % de la población considera que el país no es adecuado para la minería metálica, según una encuesta de diciembre del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La ley prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras; sin embargo, no hace lo mismo con otros productos altamente nocivos para el ser humano, como el arsénico y el cianuro, algo que fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno todavía puede corregir esta ausencia en los manuales con los que se operará esta ley.
Tanto en las discusiones en la comisión respectiva como en la realizada en el Pleno el día en el que se aprobó el decreto, el diputado Francisco Lira también llamó la atención sobre el hecho de que las instituciones encargadas de monitorear y regular el tema ambiental de las actividades mineras serán el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), pues ambas han recibido sendos recortes a sus presupuestos del 2025, del 21 % y el 32 % respecto al 2024, respectivamente.
"Seamos coherentes, colegas diputados, no le han dado ni siquiera el presupuesto que necesitan las dos instituciones que van a vigilar el tema de minería en nuestro país", dijo Lira.