Por La minería genera una gran división social, que en su mayoría las personas en sus limitadas condiciones terminan defendiendo a capa y espada sus derechos y los recursos que les ayudan en el diario vivir. No podemos esperar que esta aspereza que genera el conflicto culmine en buenos términos. Es una bomba de tiempo.
También, entre el impulso por moldear un plan que genere atraer la inversión de las mineras, se pasa por alto la problemática social. El simple hecho que su modo de vida cambiará por el envenenamiento de las aguas para consumo humano y agrícola o el cambio abrupto del ecosistema por la misma contaminación de los suelos y los daños directos de la minería, genera una resistencia instantánea. No es negociable la calidad de vida en el área rural del país a cambio de la alteración del medio ambiente, y si no revisemos la historia.
Surge el instinto de supervivencia de las comunidades, y la organización social, una golondrina no hace verano y eso lo entienden bien los mismos ambientalistas. Volvemos a tocar el tema de la minería y nuestro vecindario centroamericano. El caso de la Mina el Limón en León, Nicaragua, la revuelta suscitada en 2015 entre trabajadores, pobladores del lugar, versus los empleados de las mineras y los cuerpos represivos de Ortega a merced de la multinacional canadiense (Que grotesco le sonará esto a los izquierdistas)
El incumplimiento de la empresa minera generó el estallido social y el repudio, lamentablemente la transparencia y la honestidad no es la mejor forma de iniciar un proyecto minero en cualquier parte de América, es más, una buena estrategia de estas transnacionales es no ser tan transparentes. Y lo más grave es que incluso la parte que facilita las condiciones legales, permisos y la luz verde para operar, tampoco le conviene ser tan transparentes. Y es notorio por la falta de comunicación.
Un dato interesante: El Observatorio de conflictos mineros en América Latina con sede en Santiago de Chile estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con mayor incidencia en: Chile, Perú y México, países con tradición minera en Latinoamérica.
En nuestro vecindario centroamericano, Guatemala se originó un grave conflicto minero en la mina conocida como el Escoba en el municipio de san Rafael Las Flores, Santa Rosa, considerado por expertos en el rubro, que es el segundo depósito de plata más grande del mundo. En el año 2013 le dieron la luz verde estatal para la extracción, y de entrada se obtuvo de la mina 20 millones de onza de plata anual hasta el año 2017.
Pero la comunidad indígena Xinka al ver que la minera canadiense Tahoe Resources Inc. Extraía estrepitosamente plata y la comunidad quedaba en desventaja y estancada en la pobreza en detrimento de su medio ambiente, decidieron confrontar y buscar consultas sobre el destino de la operación minera.
En 2017 por primera vez en la historia de Guatemala, los jueces del Tribunal Constitucional detuvieron la operación minera hasta la fecha, producto de dichas consultas.
Por otra parte un informe del BID de 2017 señala que la falta de consultas adecuadas causó la gran mayoría de conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe; nueve de cada diez casos involucran comunidades indígenas.
El estallido social en la ciudad de Casillas fue un enfrentamiento entre jóvenes de la comunidad y vigilantes de la empresa, los jóvenes con machetes desenvainados, piedras y palos, los vigilantes privados con armas de fuego, escopetas, aunque no se culminó en saldos fatales ,pero se estuvo a punto de un derramamiento de sangre en dicho sector de San Rafael las Flores.
¿Qué es lo que dice la comunidad Xinka al respecto? Aseguran son más de 400 mil almas en contra de la empresa minera canadiense. “La mina ha alterado nuestra forma de vida, es algo que lo vemos como una amenaza o invasión”. Aseguró un líder de la comunidad.
Esta comunidad se dedica a la producción agrícola, y les preocupa que dicha depredación de los recursos afecte su tierra y lo más preciado: El agua.
Este es el segundo caso cercano, una referencia de la cual nuestro país debe aprender; las comunidades no se conformaran con perderlo todo cuando no recibieron lo acordado desde un principio. La falta de transparencia genera conflicto y desconfianza entre comunidades y mineras, no se puede sugerir transparencia porque en estos dos casos, es obvio que no les conviene.
- Experto en temas ambientales.