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Tribunal ordena liberación de reo con insuficiencia renal crónica

La hermana del detenido luchó por varios meses para que le hicieran una revisión médica a su familiar, luego que supo de manera extraoficial que estaba gravemente enfermo.

Por Lissette Lemus | Ene 09, 2025- 18:57

Foto EDH/ Cortesía

Un tribunal especializado de Santa Ana ordenó medidas alternas a la prisión para un reo del penal de Quezaltepeque, con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, durante una audiencia de revisión de medidas realizada este jueves 9 de enero.

Madeline Hernández, hermana de Gerber Oswaldo Hernández Roque, confirmó que un tribunal ordenó las medidas alternas a la prisión para su familiar y agradeció al juez por aplicar la ley de manera justa, tomando en cuenta la situación de salud del detenido.

“La resolución fue a favor de mi hermano y esperamos que la liberación se realice lo más pronto posible”, manifestó la joven, y espera que no haya dilatación del proceso por parte de las autoridades correspondientes, considerando la situación de salud grave de su hermano. 

La lucha de Madeline inició desde que su hermano fue capturado el 3 de agosto de 2023, pero el 16 de octubre de ese año, cuando supo que su familiar estaba gravemente enfermo, decidió romper el miedo y denunciar públicamente.

En una conferencia de prensa, con el apoyo del Socorro Jurídico Humanitario, denunció la situación y pidió a las autoridades penitenciarias que se lo entregaran “para cuidarlo los últimos días”, luego que conoció de manera extraoficial la gravedad del estado de salud en el que estaba su familiar. 

“Mi hermano no solo está enfermo, sino que tiene una condición de salud irreparable, él tiene insuficiencia renal crónica y está siendo dializado dos veces por semana (...) yo sé que está en la etapa final y lo único que yo le suplico al presidente de la República, que revisen el caso de mi hermano y que lo puedan liberar”, declaró en esa ocasión. 

Ese mismo día, el Socorro Jurídico informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de un proceso de comunicación urgente, sobre la captura presuntamente arbitraria de Gerber. 

“La familia solo pide que lo devuelvan para cuidarlo los últimos días”, publicó en X (Twitter) esa organización de derechos humanos. 

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que Gerber entró sano al penal de Izalco, pero luego de estar recluido ahí por 13 meses, enfermó de insuficiencia renal, ya en una etapa crónica e irreversible.

“Nos agrada la noticia que esta mañana han decretado auto de libertad a partir de un escrito que su hermana presentó ante el tribunal solicitando la revisión médica y donde efectivamente el juez pudo constatar la enfermedad del hermano”, manifestó Escobar. 

reo insuficiencia renal
Foto EDH/ Cortesía

La hermana del detenido relató que para llegar a este punto ha “andado de institución en institución y ha tocado a todas las instituciones de gobierno” pidiendo que se hiciera una revisión médica para saber de su condición de salud. 

“(La liberación) se hubiera dado antes, si el director del centro penal de Quezaltepeque hubiera dejado ingresar a los peritos en las reiteradas veces que los peritos de Medicina Legal fueron, tuvo que ser hasta que lo denunciamos de manera formal ante la Fiscalía que permitió el ingreso de los peritos”, agregó la directora del Socorro Jurídico. 

El 17 de diciembre de 2024, la hermana del detenido, con el apoyo del Socorro Jurídico Humanitario, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a las autoridades de centros penales por no permitir el ingreso de personal de Medicina Legal para evaluar su condición de salud, por orden del tribunal. 

“Estoy cansada de que los procesos reboten y la vida de mi hermano está en un riesgo inminente; la vida, porque la salud ya no la va a recuperar, la insuficiencia renal crónica en grado 4 es totalmente irreversible”, declaró la hermana 

Óscar Rosales, abogado del Socorro Jurídico, explicó que habían presentado la denuncia, pese a que la Fiscalía puede actuar de oficio en estos casos. 

“La Fiscalía podría actuar de manera oficiosa en acción concreta contra el director del centro penal de Quezaltepeque. El joven Hernández está en grave riesgo de morir por la enfermedad”, expresó Rosales. 

El abogado explicó que la Constitución de la República, en el artículo 75, establece que la salud es un derecho humano fundamental, el cual debe estar protegido por el Estado y dar las atenciones necesarias debidas. 

Por otra lado, recordó que las reglas 20 y 22 de la Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas Mandela, establecen que “los reclusos tienen derecho a acceso a hospitales, médicos, medicamentos y de ser trasladados en ambulancia, conforme al estado actual de su salud”. 

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