Un total de 32 organizaciones y movimientos sociales denunciaron un “doble juzgamiento” en el caso judicial contra excombatientes del FMLN, ahora ambientalistas, acusados por el homicidio de María Inés Alvarenga, cometido en Santa Marta en agosto de 1989, en el contexto del conflicto armado en el país.
“Manifestamos una vez nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo a este injusto proceso penal, en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una acusación sin pruebas, basada en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que ha cambiado constantemente su versión”, destacaron en un comunicado.
#ElSalvador | Organizaciones sociales denunciaron el "doble juzgamiento" de los excombatientes procesados por el homicidio de una mujer cometido en el contexto del conflicto armado. Video: L. Lemus.pic.twitter.com/s1QpBDN34P
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) January 8, 2025
La Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el que los cinco ex integrantes de la guerrilla fueron sobreseídos, luego que la Fiscalía apeló el fallo.
En la apelación, los fiscales argumentaron que el asesinato de Alvarenga, por parte de la agrupación guerrillera, es un crimen de lesa humanidad y es imprescriptible, porque con ese mismo patrón fueron asesinadas más de 50 personas por el mismo grupo guerrillero, según han declarado los testigos. Además, alegan que se trata de una persona civil que era obligada a cocinarles y hacer mandados a los combatientes.
Por otra parte, señalan que como delito común tampoco no ha prescrito, tomando en cuenta que la Ley de Amnistía no estuvo vigente sino hasta 2016.
El abogado David Ortiz, de la Asociación Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”, explicó que aunque el procedimiento de apelación tras el sobreseimiento es legal, consideran que se trata de un doble juzgamiento cuando se hace “un análisis de fondo”.
“Hay dos niveles de análisis que se pueden hacer, uno de forma y uno de fondo (...) si lo vemos desde un enfoque de forma, podemos decir que son procesos que la ley prevé y no hay ninguna irregularidad”, indicó.
Sin embargo, desde el análisis de fondo Ortiz asegura que la Fiscalía “no ha sido capaz de generar pruebas para amparar la acusación que le hace a los imputados”.
“Tenemos un caso en el cual la Fiscalía no ha desarrollado ningún proceso de investigación y lo han montado sobre la declaración de un testigo criteriado 'mentiroso', que ha dicho diferentes afirmaciones y se ha contradicho en el transcurso del proceso”, explicó Ortiz.
El ente fiscal sostiene que los imputados, quienes eran integrantes de un grupo guerrillero, ordenaron y perpetraron el asesinato de Alvarenga, debido a que sospechan que ella era informante del Ejército. La mujer fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón Santa Marta, y fue llevada hacia un campamento de la guerrilla del FMLN, donde fue torturada y luego le quitaron la vida.
La acusación fiscal establece que todos los implicados en el asesinato tenían algún grado de mando del pelotón, eran parte de las jefaturas, comandantes de zona y a nivel nacional.
Los procesados son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García. También están siendo juzgados los imputados rebeldes (persona que no comparece ante el juez en el plazo establecido en un procedimiento penal, a pesar de haber sido demandada) José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
La repetición del juicio ha sido programada del 3 al 6 de febrero en los juzgados de Ciudad Delgado, en San Salvador Centro.
“Aquí hay una necedad de la Fiscalía de querer seguir manteniendo este caso que ha sido insostenible hasta ahora, la Fiscalía no lo ha podido sostener (...) la perversidad es tan grande que llevan de nuevo a los compañeros a juicio. Esperamos que los señores jueces actúen en conformidad a la ley, ellos se deben también a la justicia”, declaró Vidalina Morales, representante de la la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.
Trasfondo político
Por otra parte, las organizaciones sociales señalaron que el proceso contra los excombatientes está relacionado al interés del gobierno de reactivar la industria de la minería en el país.
“El trasfondo político de este proceso judicial son los interés económicos evidenciados en la reciente derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la aprobación exprés de una nueva normativa que abre el camino a la más contaminante de las industrias extractivas”, señalaron.
Morales dijo que desde la captura de los ambientalistas como ADES denunciaron la intención del gobierno de reactivar los proyectos mineros en el país.
“Desde el 2020 nosotros veníamos poniendo en alerta a El Salvador, desgraciadamente no fuimos escuchados, pero volvimos a retomar el tema al momento de la captura de nuestros compañeros, porque nosotros conociendo quienes son, dijimos ‘aquí no hay otro interés de explotar la minería’ ”, declaró Morales.
Se intentó conocer la opinión de la Fiscalía a través de un mensaje al celular institucional de la jefa de prensa de esa institución, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.