La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la iniciativa del gobierno de ratificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de El Salvador y la República de Costa Rica, que firmaron ambas naciones el 11 de noviembre de 2024, durante la visita de los funcionarios del Ejecutivo salvadoreño a dicho país.
Este lunes la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno recibió a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el contenido del convenio, que resultó en el dictamen favorable.
Entre los temas que abordaría el tratado se encuentra el de sobrevuelos en el territorio del otro Estado, hacer escalas para fines no comerciales, prestación de servicios, desarrollo de la flexibilidad operacional, establecimiento de código designador único, el desarrollo de acuerdos de cooperación y colaboración comercial celebrados por las empresas aéreas, cumplimiento de leyes y reglamentos de ambos Estados, así como seguridad ocupacional, hasta la misma asistencia en tierra (aeropuerto).
Entre los beneficios esperados está la seguridad a la aviación. Los estados parte ratifican que se obligan mutuamente a proteger la seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
“Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de tales aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos o instalaciones de navegación aérea, los estados Parte se asistirán facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner término, en forma rápida y segura, a dicho incidente o amenaza”, retoma el dictamen de la comisión.
La diputada Ana Figueroa aseguró que el acuerdo es de importancia “para la visión estratégica” del gobierno de Nayib Bukele para “ser referencia” a escala regional. Destacó como beneficio del acuerdo la seguridad de la aviación y que se recibiría más turismo en el país.
La jefa de negociación y tratados de Cancillería, Margareth Meza, expuso el lunes que el acuerdo contribuye a la integración regional y fortalece los lazos que existen entre El Salvador y Costa Rica ya que el acuerdo no solo facilita el transporte aéreo sino también representa un paso importante hacia la integración regional.
Aprueban exoneración de impuestos
La Asamblea también aprobó, con 60 votos, la iniciativa de diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, para que se exonere a la alcaldía de Sonsonate Este del pago de todo tipo de impuestos incluyendo bodegaje, que pueda causar la introducción al país de dos vehículos que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en el país.
La exoneración incluye los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), impuestos municipales y costos de bodegaje.
Se trata de dos vehículos pick-ups tipo 4x4, color blanco.
Chamagua dijo que la donación fue una gestión realizada por el alcalde de Sonsonate Este y que los vehículos serán para reforzar las tareas del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).
Destacó la “buena voluntad” de la cooperación de la embajada de Estados Unidos al país y que las relaciones bilaterales con dicho país “se van a seguir fortaleciendo en estos años y meses próximos”.
Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, instó a la embajada estadounidense a que apoye a otros municipios, “ahora que son pocas las alcaldías” y que hay departamentos pobres en el país.
“De verdad se lo digo embajador, ponga todos sus buenos oficios, y tratemos de también ayudarle a las demás alcaldías de nuestro querido país”, dijo.
El dictamen de la comisión de Salvadoreños en el Exterior y la exoneración, aprobada por medio de dispensa de trámites, fueron las únicas aprobaciones en la segunda sesión plenaria de este 2025.
El pasado domingo 5 de enero, el parlamento realizó su sesión para aprobar la prórroga 34 del régimen de excepción, siempre a petición del gobierno.
El régimen se mantiene vigente desde el 27 de marzo de 2022 en reacción al incremento de homicidios atribuidos a las pandillas y aunque el gobierno asegura que se redujeron las cifras de homicidios y que el país es hasta "el más seguro del hemisferio", mantiene la medida extraordinaria de suspensión de derechos y garantías constitucionales a la población.
Mientras que en la última plenaria de 2024, el oficialismo aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica para reactivar dicha industria en el país, lo que ha sido fuertemente criticado tanto por organizaciones ambientalistas, universidades y la iglesia católica de que afectará gravemente al medio ambiente.