Uno de los sucesos más lamentables en el ámbito histórico y cultural fue, sin lugar a duda, la destrucción de las baldosas centenarias del Palacio Nacional de San Salvador. Dicho acontecimiento suscitó una ola de indignación y preocupación entre historiadores, arquitectos, artistas y parte de la ciudadanía.
Este acto fue percibido como un atentado contra el patrimonio cultural y arquitectónico del país, generando un debate sobre la preservación de este y la gestión gubernamental de los bienes históricos.
Inaugurado entre 1904 y 1911, el Palacio Nacional capitalino es una joya arquitectónica que por años albergó las oficinas de los tres poderes del Estado. Sus interiores con vistosos pisos de baldosas de diseños únicos, importadas desde Europa, reflejaban la riqueza cultural y el esmero en los detalles de la época. Estos no solo cumplían una función decorativa, sino que también eran testigos silenciosos de innumerables eventos históricos que han moldeado la nación.
En abril de 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos de remodelación en el Palacio Nacional, que incluyeron la remoción y destrucción de las baldosas centenarias, pese a ser un inmueble protegido por la Ley de Patrimonio Nacional y leyes de conservación internacionales.
En mayo, se filtraron imágenes de lo que estaba sucediendo en el interior del antiguo inmueble del Centro Histórico. Las fotografías de los pisos destrozados circularon por las redes sociales, cuestionando si fue necesaria tal intervención.
Posteriormente, las imágenes de las baldosas del palacio siendo desechadas en el río Las Cañas, en Soyapango, hicieron aumentar la ola de críticas y cuestionamientos sobre la gestión del patrimonio. La comunidad local observó cómo camiones del MOP descargaban los escombros en el barranco, convirtiendo piezas históricas en ripio.
La misma indignación causó la remoción de araucarias de más de cien años que se encontraban en el jardín central del palacio, al sitio destinado a convertirse en el Jardín Centroamérica. Todo esto, como parte de la revitalización del centro histórico que paulatinamente ha ido perdiendo esa historicidad que lo hace valioso.
Silencio de las autoridades
Medios de comunicación y entidades relacionadas con la cultura, el arte y la historia pidieron una explicación al gobierno de lo sucedido, pero lo único que hubo fue hermetismo y alguna que otra justificación poco válida.
A pesar de la controversia generada, las autoridades gubernamentales, incluyendo el MOP, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de San Salvador, guardaron silencio sobre el asunto. No brindaron explicaciones oficiales sobre las razones detrás de la destrucción de las baldosas ni sobre los planes futuros para el Palacio Nacional, que terminó convertido en un "salón de recepciones".
Este mutismo incrementó la desconfianza y el descontento entre parte de la población, que aún exige transparencia y responsabilidad en la gestión del patrimonio de todos los salvadoreños.
A medida que pasaban los días, se supo que dicha "remodelación" se estaba haciendo de cara a la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, que tuvo lugar en dicho recinto histórico. Ese día se mostró la nueva cara del palacio, con pisos pulcros y resplandecientes al mejor estilo europeo.
Llamado a la acción
La pérdida de las baldosas históricas trascendió lo material; para muchos representó un golpe a la memoria colectiva y a la identidad salvadoreña, pues los espacios públicos, monumentos y edificaciones históricas son componentes esenciales de la cultura e identidad de un pueblo.
La comunidad artística, académica y la sociedad civil hicieron un llamado urgente a las autoridades para detener la destrucción del patrimonio cultural y establecer políticas claras de conservación y restauración, pero en cambio se aprobó la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, a finales de junio, misma que habilita cancelar la inscripción de un bien cultural que haya sido registrado y la intervención de bienes monumentales.
La Dirección de Trámites de Construcción (DTC) adscrita a la Presidencia de la República será la encargada a a partir de la reforma en cuestión, de ventilar los trámites para permisos y autorizaciones de los planes de desarrollo urbano y rurales, obras públicas en general, construcciones, restauraciones o cualquier intervención que involucre un bien cultural inmueble.
La destrucción en el Palacio Nacional puso en evidencia la necesidad de una gestión más responsable y transparente del patrimonio, ante el desarrollo turístico y la modernidad. Y es que, según entendidos en el tema, es imperativo que las autoridades reconozcan el valor histórico y simbólico de ese tesoro.
Reacciones de la comunidad y artistas
La destrucción de las baldosas provocó una respuesta inmediata de diversos sectores. El historiador Carlos Cañas Dinarte fue de las primeras voces en expresar su malestar, destacando la pérdida irreparable de un patrimonio invaluable. Asimismo, la arquitecta Karla Cestoni, quien realizaba su tesis sobre las baldosas del Palacio, manifestó su preocupación por el impacto de estas acciones en su investigación y en la conservación del patrimonio nacional.
El artista visual Francisco Zúniga, conocido como Kosmonauta, tomó la iniciativa de descender al barranco del río Las Cañas para rescatar algunas de las baldosas desechadas. Su acción buscaba preservar parte de la historia y generar conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural. Sin embargo, tras hacer pública su intervención, Zúniga enfrentó amenazas que lo llevaron a considerar abandonar el país por su seguridad.