Por Finalmente se ha consumado. El partido de gobierno junto a sus satélites PCN y PDC han anulado la prohibición total de la minería metálica en El Salvador, y lo han hecho a pesar de las movilizaciones sociales, del llamado de la Arquidiócesis de San Salvador, de la Universidad de El Salvador y de decenas de entidades académicas y de la sociedad civil, e incluso a pesar de que la encuesta más reciente del IUDOP indica que más de la mitad de los salvadoreños consideran la minería como un peligro para el país.
Pero no solo han consumado la amenaza, además lo han hecho justamente en una fecha próxima a las festividades navideñas, al viejo estilo de la política tradicional. La “jugada maestra” en este caso es bastante simple: han tomado esta decisión impopular e irresponsable en una fecha en la que la gran mayoría está inmersa en las actividades relacionadas con la Navidad y el fin de año, bajo la expectativa de que en un par de días el asunto sea tema olvidado.
De sobra está decir que la decisión tomada por la Asamblea, tanto en su fondo como en su forma, es un atentado grave contra todas las formas de vida, considerando las múltiples investigaciones y advertencias de especialistas que han documentado con pruebas que la minería en un país como El Salvador no solo no es factible, sino que además es una práctica letal. Pero además de ser un crimen contra la vida, constituye un vergonzoso insulto a la inteligencia de toda la sociedad salvadoreña, incluso la de sus propios votantes.
Es imposible no preguntarse ¿cuál era la gran urgencia de la bancada celeste para aprobar esta normativa precisamente dos días antes de las celebraciones navideñas? ¿qué tanta prisa puede existir en una decisión tan polémica y profunda como para no poder esperar al inicio del año 2025 y abrir el necesario debate con todos los actores relevantes en la materia?
La respuesta a estas preguntas puede parecer obvia, pero no está de más ponerla de nuevo en la mesa. Lo cierto es que Nuevas Ideas está muy consciente de que la medida adoptada no es popular, que toca fibras demasiado sensibles, y que por tanto les urge demasiado que el tema se disipe cuanto antes de la esfera de conversación. Ahora bien, ¿por qué un gobierno que está tan subordinado a los datos de aprobación de un tema decide avanzar en una acción que a todas luces genera un rechazo importante? No es posible hacer una afirmación exacta, pero los indicios pueden arrojar claridad suficiente. El periodismo ha logrado evidenciar un modus operandi de la argolla de poder del bukelismo cuando se toman medidas de esta envergadura y recurriendo a estos métodos. Casi siempre se trata de apuestas que se venden con la promesa de un beneficio masivo para el país, pero en realidad esconden intereses o réditos para su grupo cerrado o para sus socios. A la luz de los antecedentes, no sorprendería que este afán por soltarle los candados a las corporaciones mineras tenga alguna vinculación con posibles beneficios para el presidente y su familia.
La reacción más lógica ante situaciones semejantes es la indignación y en gran medida la impotencia. Pero nunca está de más preguntarse qué sigue, qué más va quedando en el ámbito de lo alcanzable cuando la decisión “ya está tomada” y la correlación es relativamente mínima. Quizás uno de los pasos más relevantes sea precisamente convertir esa indignación en voluntad, y esa voluntad en expresión y acciones. Como se ha mencionado en otras ocasiones, la minería ya fue vencida dos veces en El Salvador: primero con la victoria legal en el litigio contra Oceana Gold, y luego con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en 2017. Estos dos hitos son importantes porque se dieron bajo la convergencia de dos factores: primero, la lucha de las comunidades principalmente de Cabañas y Chalatenango, que marcaron la hoja de ruta a fuerza de resistencia y del sacrificio incluso de vidas humanas. El segundo, que esa misma lucha dinamizó la voluntad política de los actores importantes del momento, en un esquema que permitió a las instituciones ponerse a disposición de la causa ambientalista y cerrar filas contra las corporaciones. Hoy en día, ante la cooptación casi absoluta de las instituciones públicas por parte del bukelismo, todo lo que queda es la resistencia cívica en defensa de la vida. Y es precisamente esa resistencia la que vale la pena reivindicar en estas fechas tan significativas.
Es triste decirlo, pero el presidente y su argolla han decidido que esta Navidad pase a la historia por las razones más infames. Mientras sus mesas abundarán de un lujoso festín (pagado a costa de un pueblo cada vez más negado de alcanzar una vida digna), miles de comunidades habrán pasado su último diciembre antes de los inevitables ríos del arsénico y el cianuro.
Analista político.