Un Estado intolerante podría ser aquel que no acepta las características, convicciones, opiniones o acciones contrarias a su ideario de principios políticos o ideológicos. La intolerancia suele definirse como el conjunto de actos o manifestaciones que expresan rechazo, desprecio o irrespeto por las personas que son diferentes o contrarias. Todo se resume en el axioma: “O estás conmigo o estás contra mí”.
La intolerancia se ejerce mediante el “disciplinamiento social”, un proceso de reeducación social mediante diversas herramientas: adoctrinamiento, ajustes o reformas legales, represión, Estados de excepción, militarización, entre otras manifestaciones. La idea de fondo es instaurar una atmósfera de miedo o terror para que la gente se comporte conforme al nuevo patrón moral.
Lo anterior nos evoca a un debate clásico de antropología filosófica: ¿El hombre es malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe y hay que corregirle?
Jean-Jacques Rousseau escribió el “Emilio o de la educación” en donde plantea que el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Por otro lado, Thomas Hobbes sostenía que el ser humano “es un lobo para el hombre”; es decir, es malo por naturaleza, egoísta y únicamente actúa por y para su supervivencia. Por ello es la sociedad y la educación, en concreto un Estado absolutista lo que permite a los ciudadanos convivir y regirse por la moral.
En educación los métodos Lancasterianos basados en el principio “la letra con sangre entra” (Francisco de Goya inmortalizó la barbarie educativa entre 1780 y 1785 con una pintura) forjó una generación de gente disciplinada, obediente y respetuosa basada en el miedo. En efecto, podemos educar a los niños (as) -y a una sociedad- bajo el paradigma del terror y del miedo; de hecho hay muchas sociedades en África y Asia que así funcionan.
La Asamblea Legislativa aprobó este viernes 20 de diciembre -con 55 votos a favor y una abstención- una reforma la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que permite la legalización de las fotomultas, el aumento a los montos de las infracciones y la prohibición a la ingesta de alcohol, drogas o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En el caso del alcohol, la prohibición abarca cualquier tipo de concentración por litro en sangre o aire aspirado.
Lo anterior tiene dos lecturas: Primero, todos los ciudadanos razonables estamos de acuerdo con la “intolerancia” respecto a los irresponsables que conducen bajo los efectos del alcohol o drogas; segundo, la medida alcanzó un extremo discutible, en efecto, hay gente que es moderada y no consume niveles altos del alcohol y con la reforma se les equipara y se les castiga con la misma intensidad. Incluso, ciertas medicinas podrán generar registros positivos en los alcotest…
Lo curioso es que en las propias estadísticas de los accidentes de tránsito lo que más ocasiona siniestros y fallecidos es la categoría “distracción al conducir”, es decir, manejar manipulando el teléfono móvil, y la reforma no trata ni resuelve este problema.
Según el informe semestral 2024 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) las causas principales de siniestros son: Distracción del conductor 25%; invadir el carril 23%; no guardar la distancia reglamentaria 14%; no respetar señales de tránsito 14%; velocidad inadecuada 7%; estado de ebriedad 3%. Entonces: ¿A qué responde las reformas Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial?
Nos resulta una pregunta más: ¿Hay detrás de éstas acciones o reformas un disciplinamiento de tipo moralista o religioso? Y lo más curioso e hipócrita fue la reacción de los diputados oficialistas ante la propuesta de la Diputada Cesia Rivas de López cuando propuso la modificación al Art. 147E del Código Penal, para que no se permita el fuero, ni privilegios para ningún funcionario a la hora de realizarse pruebas de alcotest y otras pruebas. Ante la justicia selectiva la respuesta fue la de los mismos de siempre…
Las medidas disciplinares represivas ocasionan un peligroso fenómeno psicológico social de “olla de presión”; tarde o temprano estos sentimientos reprimidos pueden estallar en reacciones inimaginables, algo que ya ha sucedido y que se ha estudiado.
La intolerancia, la represión y el autoritarismo es algo que cala, funciona y gusta para ciertos sectores; incluso algunos añoran los modelos dictatoriales como sistemas que ordenan la anarquía de las sociedades. De hecho en una encuesta del IUDOP de mayo de 2018, 36 de cada 100 encuestados expresaron que para que el país mejore es necesaria la llegada de un líder fuerte; lo cual sucedió… El editorial de la UCA que comentaba la encuesta señalaba: “La autoridad es una cualidad; el autoritarismo es el abuso de aquella”.
José Miguel Cruz anotaba en un artículo de la ECA de 1999: “la percepción de un entorno social caótico y amenazante puede tener graves consecuencias para el desarrollo de la transición política, en la medida en que se comienzan a crear y articular respuestas psicosociales fundamentadas en actitudes antidemocráticas o autoritarias, que buscan responder de manera automática a ese contexto peligroso. Ronald lnglehart (1998) argumenta que una sociedad en la que no prevalecen la satisfacción por la vida (life satisfaction), satisfacción política (political satisfaction), confianza interpersonal (interpersonal trust) y apoyo para el orden social, es una sociedad menos propensa a adoptar ymantener instituciones democráticas (1988). El Salvador parece acercarse demasiado a esas condiciones (…) -y agregaba- De acuerdo con Altemeyer (1996), el autoritarismo se puede identificar por la existencia de tres tendencias actitudinales:
(a) una sumisión a la autoridad;
(b) una aprobación a la agresión autoritaria;
y (c) convencionalismo.
La sumisión a la autoridad implica una disposición a respetar y obedecer a las autoridades sin ninguna objeción, pero esto no significa hacerlo con todas las autoridades, sino con aquéllas que están más cerca de las fuentes de autoridad fundamentales: Dios, el líder máximo o el orden social. Por su parte, la agresión autoritaria no necesariamente implica ser violento, pero sí implica la aprobación del uso de la violencia para respetar la autoridad y mantener a toda costa el orden social, o lo que está prescrito”.
Lectura recomendada: https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2024/04/ECA-1999.pdf
A los políticos Intolerantes, gobernadores escrupulosos de la moral y Diputados píos y puritanos debemos preguntarles: ¿quién tira la primera piedra…? (Juan. 8,7-11)
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Investigador Educativo/opicardo@uoc.edu