En momentos en que el gobierno de Nayib Bukele busca abrirle la puerta a la minería a toda costa, la Constitución de la República le recuerda que su principal obligación es garantizar la protección del medio ambiente frente a los peligros que implica la minería metálica.
Así lo expone el politólogo salvadoreño y especialista en relaciones internacionales Napoleón Campos ante la pretensión de aprobar este lunes una ley que permite la minería, prohibida desde hace más de una década en el país.
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“La resistencia ciudadana contra la minería metálica es constitucional, legal, legítima”, enfatizó.
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El artículo 117 de la Constitución de la República dice: “Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.
De cara a lo anterior, el abogado constitucionalista Enrique Anaya calificó de "mamarracho impresentable" el proyecto de nueva ley de minería del gobierno. "Acabo de leer el proyecto de ley de minería metálica que aprobó ayer una comisión de la Asamblea Legislativa (AL): un MAMARRACHO IMPRESENTABLE. Amén de autorizar actividades mineras ¡SIN ESTUDIOS PREVIOS!, el proyecto de ley es un texto lleno de arguetazos, con múltiples INCONSTITUCIONALIDADES, con muchas omisiones, y con ausencia casi total de técnica legislativa", escribió en la red social X.
Iglesia Católica reitera oposición
La bancada de Nuevas Ideas y sus aliados en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobaron el dictamen de la nueva ley de minería que se proponen aprobar hoy en una sesión plenaria.
Ante esto, la Iglesia Católica salvadoreña reiteró ayer domingo su posición en contra del proyecto por los peligros que encierra para el medio ambiente, el agua y las comunidades.
“Con el mejor deseo para todos, expresamos nuestro no rotundo, a la explotación minera en el país. Estamos a favor del desarrollo económico; sin embargo, la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo”, expuso la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES).
La asamblea de los obispos católicos advirtió que la minería metálica tendría un severo efecto dañino en el medio ambiente, la fauna y la flora.
La extracción de los metales preciosos requiere grandes porciones de cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, sumamente tóxicos y letales. A esto, los obispos hacen ver que esas sustancias dejan gran cantidad de agua convertida en veneno letal. “Se procura retener esa agua venenosa en grandes pilas, pero por uno u otro motivo termina derramándose y contaminando de la peor manera”.
Por gravedad, explican, los contaminantes podrían infiltrarse en los mantos acuíferos y alcanzar el río Lempa, principal fuente de agua del país, lo cual tendría un impacto negativo multiplicado en un territorio tan pequeño y densamente poblado.
En lugar de la minería, instan a “buscar alternativas de desarrollo que beneficien a todos los sectores, especialmente a los más pobres”.
Por lo anterior, el comunicado de la Iglesia Católica reafirma que la práctica de cualquier tipo de minería sería “gravemente dañina y de consecuencias irreversibles contra la salud y la vida de la población”.
Alejandro Henríquez, miembro del Movimiento Ecologista expresó: “Una vez deforestado, se le suele incorporar explosivo para degradar la roca, para degradar el volcán; sacan la piedra, la trituran (…) y hay que limpiar la piedra, y eso ocupa metales pesados, sea cianuro, mercurio, y otros”.
“Eso termina metiéndose en los mantos acuíferos, porque se mete en el subsuelo, contamina la tierra y contamina el agua”, añadió.
Precisamente por esta razón comunidades salvadoreñas se han opuesto férreamente a las operaciones de la mina Cerro Blanco, en Guatemala, porque envenenaría el río Lempa.
Sin estudios, consulta ciudadana y con químicos letales
Representantes de la oposición, como la diputada Marcela Villatoro, cuestionaron en la comisión que, si bien el proyecto de ley prohíbe el uso del mercurio, no dice nada del cianuro y otros químicos que son letales.
Los diputados de la oposición, como Claudia Ortiz y Francisco Lira, señalaron que se buscan imponer la ley que favorece a la minería sin que hubiera un estudio técnico ni se hubiera consultado a la población, lo cual fue admitido por el director de Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, quien argumentó que precisamente necesitan la ley para tener las facultades para hacer los estudios, consultar a las comunidades y obtener financiamiento.
Ante esto la diputada Marcela Villatoro le respondió que “eso es como poner la carreta delante de los bueyes”.
“El 80 por ciento del río Lempa está afectado por la minería en los países vecinos. Si se sigue contaminando el Lempa, va a huir porque ya no habrá agua limpia”, sentenció Ortiz.
Además se han hecho recortes significativos a los presupuestos del Ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad del Agua, dos entidades clave para vigilar que no haya contaminación del agua ni de los demás recursos naturales.
Álvarez y los diputados oficialistas defendieron el proyecto, alegando que beneficiará al país y que otras naciones, como Costa Rica, cuidan el medio ambiente y tienen minería.