Pese a la oposición y las advertencias de la Iglesia Católica, universidades y organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil por el daño ambiental y contaminación del agua que se causaría en El Salvador, el oficialismo en la Asamblea Legislativa se dispone a discutir hoy y aprobar el lunes una nueva ley que abre la puerta a la minería metálica en el país.
El proyecto de ley expresa que el Estado será el “único autorizado para explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, productor de la minería metálica”, pero podrá hacerlo a través “de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad” o de “sociedades” en las que tenga participación accionaria.
La normativa se discutirá este sábado por la mañana en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que podría dictaminar para aprobarla el lunes 23 de diciembre.
Después de ser anunciada por el presidente Nayib Bukele el 27 de noviembre, el plan desencadenó un sinnúmero de críticas de expertos y universidades que alertaron sobre los peligros para el ambiente, en especial por la contaminación de los escasos recursos acuícolas del país.
Hace varios días grupos que se oponen al plan marcharon sobre la Asamblea Legislativa, en la cual el partido en el gobierno tiene mayoría absoluta, para expresar consignas como “No a la minería” o “el agua se agota”, en un intento de detener la acción gubernamental.
La Conferencia Episcopal de El Salvador expresó su oposición al plan de Bukele de reintroducir la minería metálica en el país, prohibida desde 2017.
Bukele anunció recientemente que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley, pues según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes "al 380% del PIB".
Pero "la práctica de cualquier tipo de minería" traería "consecuencias irreversibles contra la salud y la vida de la población", advirtió la asamblea de obispos católicos salvadoreños.
"Con el mejor deseo para todos, expresamos nuestro no rotundo, a la explotación minera en el país", señaló la Conferencia en un comunicado.
Los doce obispos firmantes se declararon "muy preocupados" por la "posible activación de la explotación minera", prohibida por ley por impulso de asociaciones ambientalistas y de la Iglesia católica.
En sintonía con los ambientalistas, los obispos indicaron que la extracción minera podría terminar "contaminando" ríos y mantos acuíferos por el uso de productos químicos como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico.
Una gran preocupación es que la extracción de oro contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero presentada por Bukele y que abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.
"Estamos a favor del desarrollo económico, sin embargo la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo", sostuvo la Conferencia Episcopal.
Los críticos señalan que con la ley se pretende evadir la disposición constitucionall de que concesiones estatales que tienen que ver con el subsuelo no pueden aprobarse sin ir a discusión a la Asamblea Legislativa.
El artículo ocho de la propuesta de ley establece que se prohíbe el uso de mercurio en el desarrollo de las actividades comprendidas en el ciclo minero metálico.
En caso de que se obtenga o genere mercurio como consecuencia o producto de la operación de plantas de procesamiento, se deberán establecer planes y acciones para su tratamiento.
“La autoridad ambiental correspondiente será responsable de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento de estas medidas. La forma de remediación de las consecuencias será desarrollada vía reglamentaria”, indica la propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas podrá declarar zonas del territorio nacional como no compatibles con actividades del ciclo minero metálico, por razones de Soberanía Nacional, en zonas dedicadas exclusivamente a actividades forestales o cualquier otra actividad de interés cultural o social previa opinión de instituciones competentes, en áreas naturales protegidas, en zonas de recarga hídrica así establecidas por la autoridad competente y por encontrarse áreas urbanas de distritos o municipios, salvo que la Dirección, lo autorice.
Organizaciones civiles, ambientales y miembros de la Iglesia Católica, que forman el Movimiento Social Salvadoreño, presentaron, a mediados de diciembre, una carta en la Asamblea Legislativa para expresar su descontento ante la posible reactivación de la actividad minera y pedir a los diputados se legisle en favor de la población.
En esa oportunidad, Amalia López, miembro de la Alianza Contra la Privatización del Agua, señaló que al reactivarse la minería, por lo menos cinco departamentos van a ser gravemente afectados, mismos que según el Censo de Población 2024 son los menos beneficiados con servicios de agua potable de ANDA, obligándolos a gestionar por su cuenta estos recursos.
“Les van a contaminar sus mantos acuíferos, eso es injusticia a todas luces, eso es violentar los derechos humanos de la población. Por eso salimos nuevamente a las calles, no a pedir, venimos a exigir a los diputados que no se atrevan a manosear la dignidad de los salvadoreños, que no se atrevan a derogar un instrumento legal único en su género”, señaló López.