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A 41 años de la Constitución de 1983: una puñalada al corazón constitucional

Ante la dictadura, los ciudadanos no debemos perder la esperanza, debemos evitar caer en la apatía: es momento -quizá como nunca en los últimos 40 años- que todas las personas decentes nos involucremos en la defensa de la democracia y de la Constitución, pues más allá de defender instituciones se trata de conservar y rescatar la vida, la libertad y los derechos fundamentales de personas de carne y hueso.

Por Enrique Anaya
Abogado constitucionalista

El 20 de diciembre de 1983 inició la vigencia de la Constitución promulgada el 15 de diciembre de 1983 por la Asamblea Constituyente así elegida: a los 41 años de esa Constitución podemos decir, escapando tanto de circunloquios dizque académicos y de lenguaje buenista, que en 2024 se formalizó el intento de “asesinato” de la Constitución, a través de una puñalada al corazón constitucional, al violar la regla esencial de no reelección presidencial inmediata.

Y es que el país actualmente vive bajo un régimen autocrático, LA DICTADURA DEL BUKELATO, bajo la cual prácticamente toda la actuación estatal está sometida a una única voluntad personal, a un decisionismo arbitrario sometido a la voluntad, caprichos y delirios de un sátrapa.

Quizá es conveniente recordar que la Constitución de 1983 fue emitida durante los primeros años de la guerra civil que padecimos por más de una década, que fue resultado de diálogos y negociaciones entre diversas fuerzas políticas, pero en las que no participaron los movimientos políticos y militares levantados en armas, sin embargo, con la reformas constitucionales  de 1991/92, relacionadas con los Acuerdos de Paz, dichos grupos se incorporaron al sistema jurídico y político nacional, legitimando así -todavía más- dicha Constitución.

Hoy día, desde la dictadura y su propaganda se deslegitima tanto el proceso constituyente como el proceso de paz, no obstante, con todas las limitaciones y carencias, lo innegable es que durante 40 años, la Constitución de 1983 -formalmente vigente todavía- posibilitó los acuerdos de paz; un incipiente progreso social (pues luego de los acuerdos de paz se generó una etapa de reducción de la pobreza…insuficiente, pero existían avances); un embrionario desarrollo institucional (como la independencia judicial o la implementación de reglas de transparencia estatal); y cambios políticos sin traumatismos (bajo la Constitución de 1983 se celebraron 8 elecciones presidenciales sin quejas serias de fraude): todos esos avances han sido destruidos por la dictadura del bukelato.

En efecto, aunque no fue culpa del texto constitucional sino de su inobservancia -en lo que podemos llamar ausencia de voluntad constitucional- los insuficientes resultados positivos -sociales, económicos, políticos- de gobernantes y políticos y, sobre todo, la incapacidad de atacar el gravísimo problema de seguridad ciudadana (que causó miles de víctimas) provocó desilusión social y hartazgo ciudadano, derivando en frustración y desesperanza en la mayoría de las personas, lo que constituyó la aparición de un liderazgo mesiánico, rodeado de vulgares e incapaces fanáticos, que por un lado explota, a través de constantes blasfemias, las creencias místicas de la población salvadoreña y, por otro lado, hacen piñata, en beneficio propio, con los recursos estatales.

Por estas fechas decíamos, hace cuatro años, que las normas constitucionales y lo que ellas buscaban expresar e incentivar -democracia, estabilidad, desarrollo, etc.- estaban bajo asedio, sobre todo, desde el Órgano Ejecutivo, así que denunciábamos que la construcción de la democracia salvadoreña estaba bajo ataque desde varios frentes, como desinformación, incumplimiento de deberes, pasividad (de la oposición), inactividad (de los órganos de control) y distorsión propagandística: hoy, en 2024, la democracia salvadoreña ha desaparecido, fue destruida.

Por ello, seamos francos y dejémonos de eufemismos, como esas expresiones de “deterioro institucional” o “erosión democrática”: así, por más que algunos medios de comunicación, analistas, “opinólogos” y periodistas insistan en no ofender al inquilino de CAPRES, la realidad es que El Salvador vive bajo una dictadura y, por ende, EL SALVADOR NO TIENE PRESIDENTE.

Ahora bien, la puñalada al corazón de la Constitución salvadoreña no ha supuesto la muerte de ésta, ya que, aunque en ocasiones lo olvidamos, la VIDA DE UNA CONSTITUCIÓN es una tarea colectiva: y es que, contrario a lo que se opina desde un positivismo excesivamente formalista e infantilizado que todavía persiste en la comunidad jurídica nacional, la Constitución no se reduce a un texto, a un conjunto de disposiciones en un librito, sino que su vida son las reglas, principios y valores que la sustentan, cuyo núcleo son el límite al poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.

El Salvador, lamentablemente, no logró escapar de la pandemia de populistas que actualmente se esparce por el mundo, pero, como país tropical, nos toca padecer de un típico dictador bananero, lo que comprende el culto a la personalidad -que llega, en El Salvador, a una bayunca y fanatizada idolatría- y la expoliación de los escasos recursos públicos.

Por ello, apropiándome del título de un reciente libro de Zagrebelsky -brillante jurista, expresidente de la Corte Constitucional italiana-, no hay duda que hoy son “Tiempos difíciles para la Constitución”, pero ello no supone la defunción de la Constitución: y es que el constitucionalismo, como ideología política, social y jurídica, de base racional contra misticismos políticos, y de origen revolucionario contra los despotismos, ha demostrado tener la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes e, incluso, a períodos de graves crisis.

Así, ante la dictadura, los ciudadanos no debemos perder la esperanza, debemos evitar caer en la apatía: es momento -quizá como nunca en los últimos 40 años- que todas las personas decentes nos involucremos en la defensa de la democracia y de la Constitución, pues más allá de defender instituciones se trata de conservar y rescatar la vida, la libertad y los derechos fundamentales de personas de carne y hueso.

En conclusión, frente a la dictadura, MÁS CONSTITUCIÓN y, así, procurar, como decíamos hace cuatro años, retomar las oportunidades para el desarrollo personal y colectivo.

Abogado constitucionalista.

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