El personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de El Salvador llegaron a un acuerdo a nivel técnico para un programa financiero durante 40 meses por $1,400 millones, el cual debe ser aprobado por el directorio del organismo en febrero de 2025, informó la entidad el miércoles.
El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y condicionado a la implementación de las siguientes acciones acordadas previamente:
Política fiscal
"El programa se basa en la mejora del balance primario de alrededor del 3.5% del PIB a lo largo de 3 años, para situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024".
"Las medidas fuertes fiscales, por valor del 1.5% del PIB en 2025, ya incluidas en el presupuesto aprobado, reducirán la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios".
"Esfuerzos adicionales de reforma se centrarán en reforzar la eficiencia de la función pública, la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento".
VER: El Salvador logra acuerdo técnico con el FMI, tras más de tres años de negociaciones
"La mejora de las finanzas públicas se llevará a cabo de forma que se refuerce el apoyo a los más vulnerables y se proteja la inversión pública prioritaria".
Este apartado implicaría que el gobierno aplique más recorte de gastos y busque alternativas para aumentar los ingresos, entre otras medidas que ayuden a mejorar las finanzas públicas. Según los datos oficiales, los gastos públicos superan por mucho el monto que ingresa al Ministerio de Hacienda, mediante impuestos como el IVA y la renta.
Ese ajuste en las finanzas significaría que el gobierno debe lograr una reducción del déficit presupuestario (diferencia entre gastos e ingresos) por alrededor de $1,200 millones en tres años, es decir unos $400 millones por año.
Gobernanza y transparencia
"La transparencia fiscal se fortalecerá sustancialmente, empezando por esfuerzos tempranos para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales, y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales".
"Para impulsar el clima de negocios y la resiliencia, se harán esfuerzos adicionales para reducir la burocracia, modernizar las infraestructuras y adaptarse al cambio climático, con el apoyo de instituciones socias para el desarrollo".
"Se mejorarán los colchones fiscales y del sector financiero, entre otras cosas mediante un refuerzo temprano del marco de liquidez de los bancos que también apoye el crecimiento continuado del crédito al sector privado".
"Las reservas de liquidez exigidas a los bancos, que actualmente se ubican en el equivalente de 11.5% de los depósitos, alcanzarán gradualmente el 15% a finales de junio de 2026".
"El financiamiento del FMI fortalecerá las reservas brutas del banco central, reforzando así su capacidad para hacer frente a las crisis. Al mismo tiempo, se avanzará en reformas para adaptar la normativa bancaria a las normas de Basilea III sobre supervisión basada en el riesgo".
Activos digitales
"En línea con las políticas del FMI, los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente. Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria".
"Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas".
"Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente".
"Para salvaguardar la estabilidad e integridad financiera, y la protección de los consumidores e inversionistas, se mejorará la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales".
Este apartado implicaría que el gobierno de Nayib Bukele deberá enviar a la Asamblea Legislativa las respectivas reformas a la Ley Bitcoin, la cual fue aprobada en junio de 2021 y que desde septiembre de ese año le da estatus de moneda de curso legal a la criptomoneda de alta volatilidad. Y, probablemente, implique cambios en otras leyes de activos digitales que fueron aprobadas posteriormente a la del Bitcoin.
