El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un Programa SAF (Servicio Ampliado del Fondo) de 40 meses por $1,400 millones para apoyar las reformas del gobierno. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI en febrero, informó el organismo este miércoles.
El FMI destaca en su comunicado que los "esfuerzos para mejorar la gobernanza, la transparencia y resiliencia serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de fuertes mejoras de la seguridad".
El equipo técnico del Fondo estuvo encabezado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, Jefe de la Misión para El Salvador, quienes sostuvieron conversaciones con personal del gobierno en San Salvador entre el 5 al 14 de diciembre de 2024, detalló el organismo.
Luego de más de tres años de negociaciones que pasaron por varios altibajos, el país inicia un proceso que ayudará a ordenar las finanzas públicas, pero que también implicará “medicina amarga”, como el recorte de gastos y aumento de ingresos, entre otras, durante la vigencia del acuerdo.
En el plano fiscal, el Fondo Monetario explica que "el programa se basa en la mejora del balance primario de alrededor del 3.5% del PIB a lo largo de 3 años, para situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024".
VER: Acuerdo con el FMI podría ocurrir en diciembre, según Bloomberg
Ese ajuste en las finanzas significaría que el gobierno debe lograr una reducción del déficit presupuestario (diferencia entre gastos e ingresos) por alrededor de $1,200 millones en tres años, es decir unos $400 millones por año, ya sea mediante recorte de gastos innecesarios y aumento de ingresos. Esto último implicaría un aumento de impuestos, pero el gobierno ha asegurado que no le subirá al IVA.
Añade que "las medidas fuertes fiscales, por valor del 1.5% del PIB en 2025, ya incluidas en el presupuesto aprobado, reducirán la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios".
De hecho, el gobierno ha ejecutado despidos masivos en varias instituciones públicas en los últimos meses. Y el presupuesto que presentó en septiembre para 2025 contempla la eliminación de más de 11,000 plazas de trabajo. También pretendía eliminar el escalafón para empleados de Salud y Educación, pero a la hora de la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa este martes eso quedó sin efecto.
Uso de Bitcoin será voluntario
Uno de los principales tropiezos que tuvo el proceso de negociación con el FMI fue la aprobación de la Ley Bitcoin, la cual le dio estatus de moneda de curso legal a la criptomoneda de alta volatilidad. Esto generó preocupación al organismo multilateral por los riesgos que podía contraer al sistema financiero salvadoreño, cuya moneda oficial también era el dólar.
Fueron varias y constantes las advertencias que emitió el FMI sobre ese punto de la ley y hasta recomendó eliminar la normativa y dejar que su uso fuera voluntario para la población, como ya sucedía en zonas del país como en la playa El Zonte, en La Libertad, al igual que en otros países, incluso en Estados Unidos que usan el Bitcoin solo quienes tienen interés.
VER: Uso del Bitcoin pasaría a ser voluntario en El Salvador, a cambio de acuerdo con FMI
Pero, contrario a lo que planeó el gobierno, la ciudadanía salvadoreña no mostró gran entusiasmo por usar el Bitcoin en su vida diaria, excepto cuando dieron el bono de $30 por descargar la Chivo Wallet. Fuera de ese impulso a cambio de dinero, la utilización de la criptomoneda no permeó, pues el 92% de la población expresó que no lo usa para hacer transacciones comerciales, según una encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) este año.
Y precisamente ese poco uso que ha tenido en el país hizo que el FMI diera un giro y ya no pidiera eliminar la Ley Bitcoin, pero sí establecer que el uso de la criptomoneda sea voluntario, con lo cual se elimina el requisito legal para que las empresas acepten Bitcoin como pago. Este habría sido el factor que definió que este día, finalmente, se llegara a un acuerdo.
"En línea con las políticas del FMI, los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente. Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria", dice en el comunicado del FMI de este 18 de diciembre.
Asimismo, agrega que "para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas".
También deja claro que "los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente".
Se abre puerta a otros créditos
El acuerdo con el Fondo también desbloquearía préstamos del Banco Mundial por $1,000 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por alrededor de $800 millones, según habían informado días antes medios internacionales como Bloomberg y Financial Times.
De hecho, el FMI detalló este miércoles que el paquete de créditos será mucho mayor, ya que incluye a otros bancos.
"Se espera que el programa catalice apoyo adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo (Banco Centro Americano de Integración Económica, BCIE, y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF) para un paquete de financiación global combinado de encima de 3,5 mil millones de dólares durante el período del programa", explica el FMI.
Otro de los puntos que acordaron con el gobierno es mejorar los colchones fiscales y del sector financiero, entre otras cosas mediante un refuerzo temprano del marco de liquidez de los bancos que también apoye el crecimiento continuado del crédito al sector privado.
"Las reservas de liquidez exigidas a los bancos, que actualmente se ubican en el equivalente de 11.5% de los depósitos, alcanzarán gradualmente el 15% a finales de junio de 2026", indica.
Además establece que deberán hacer reformas anticorrupción. "Las primeras reformas se centrarán también en el establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en consonancia con las mejores prácticas internacionales", dice el FMI.
Y también plantea que el gobierno deberá hacer esfuerzos adicionales de reforma que se centrarán en "la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento".
Tras conocerse el acuerdo técnico entre el Fondo y el gobierno salvadoreño, la embajada de Estados Unidos en el país publicó un comentario del embajador William Duncan: "Este es un gran paso para el país y nos llena de optimismo de cara al futuro de El Salvador", externó el diplomático.