La política de Estados Unidos hacia Venezuela se encuentra en un punto de inflexión, marcada por las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente electo. En una rueda de prensa, Trump abordó dos temas clave que delinearán su estrategia: la política petrolera y el manejo de las deportaciones, incluyendo la de miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua.
Estas declaraciones no solo aclaran su postura, sino que también contrastan con las acciones de la administración Biden, sentando las bases de un enfoque que promete ser más duro y menos conciliador hacia el régimen de Nicolás Maduro, según un post reciente del empresario venezolano Pedro Mario Burelli en sus redes sociales.
🇺🇸🇻🇪 | TRUMP ACLARA DOS TEMAS CLAVE EN FUTURA RELACIÓN EE.UU.-VENEZUELA
— Pedro Mario Burelli (@pburelli) December 17, 2024
Por Pedro Mario Burelli
En las últimas semanas hemos leído notas de prensa que pretenden informar sobre lo que será la aproximación de @realDonaldTrump a Venezuela, un país actualmente secuestrado por una… pic.twitter.com/Jq3SNDbBuK
Una política petrolera basada en autosuficiencia
En la publicación, Burelli detalla que Trump criticó de manera contundente la dependencia que la administración Biden quien buscó mantener hacia el petróleo venezolano, a través de licencias otorgadas a empresas internacionales para operar con PDVSA. En palabras de Trump: “No tenemos que comprar energía de Venezuela cuando tenemos 50 veces más de lo que ellos tienen. Es una locura lo que estamos haciendo”.
Con esta afirmación, el presidente electo no solo subraya la capacidad energética interna de EE.UU., sino que también cuestiona las motivaciones detrás de estos acuerdos. Según Trump, las licencias otorgadas a una empresa venezolana fueron diseñadas para beneficiar a una empresa que acumuló deudas irresponsables con PDVSA, a sabiendas de que esta había caído bajo el control del narcotráfico.
El argumento de Trump va más allá de la economía y toca un punto ético: priorizar los intereses de las compañías sobre el bienestar del pueblo venezolano y los principios de lucha contra la corrupción. Esta postura desafía directamente a los cabilderos y empresarios que promovieron estas licencias, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales y una reestructuración de la relación entre ambos países en el ámbito energético.
Deportaciones y lucha contra el crimen organizado
En el ámbito migratorio, Trump reafirmó su compromiso con las deportaciones, especialmente de aquellos vinculados a actividades criminales. Su enfoque se centra en los miembros del Tren de Aragua, una banda criminal que ha extendido su influencia más allá de Venezuela.
El presidente electo fue categórico: “Todos los van a recibir de vuelta. Y si no lo hacen, se enfrentarán a medidas muy severas en lo económico”. Esta declaración deja claro que Trump no negociará con el régimen de Maduro para llevar a cabo estas deportaciones, considerándolas una medida soberana de EE.UU.
Además, Trump señaló como antecedente la operación del régimen para “retomar el control” de la cárcel de Tocorón, insinuando que esta acción facilitó la migración de criminales hacia otros países. Esta interpretación refuerza su narrativa de que el régimen de Maduro no solo es incapaz de garantizar la seguridad interna, sino que también exporta el crimen como una de sus “políticas de Estado”.
Un cambio de enfoque contundente
Más allá de las medidas específicas, las declaraciones de Trump envían un mensaje claro sobre la relación futura entre EE.UU. y Venezuela. Su equipo, compuesto por figuras como Michael Waltz, Marco Rubio y Richard Grenell, anticipa una política exterior mucho más firme y menos tolerante hacia el régimen de Maduro.
En contraste, la administración Biden debería enfrentar un desafío inmediato: asegurar la transición de poder en Venezuela hacia Edmundo González Urdaneta, reconocido como presidente electo tras su amplia victoria en las elecciones presidenciales de julio. Trump no solo cuestiona la falta de firmeza del gobierno saliente en este proceso, sino que también posiciona su futuro gobierno como un actor decisivo para restaurar la legitimidad en el país sudamericano.
Implicaciones de una política renovada
Con estas aclaratorias, Trump apunta a redefinir la dinámica bilateral, rechazando los intentos de normalización que, según sus palabras, han sido impulsados por intereses económicos y cabildeos corruptos. Su discurso resalta que no habrá espacio para concesiones hacia un régimen que ha socavado los derechos humanos y la estabilidad regional.
El mensaje es inequívoco: a partir del 20 de enero, la política estadounidense hacia Venezuela dará un giro que no solo busca desmontar las redes de corrupción, sino también restablecer los principios de justicia y democracia que han sido pisoteados durante años.