Dar paso a la explotación minera en la zona norte del país podría tener consecuencias devastadoras e irreversibles: la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) sostiene que estos proyectos contaminaría el suelo donde nacen los principales ríos.
A través de su Balance Ambiental de El Salvador en 2024, la organización detalló que los proyectos extractivistas se concentrarían en 7,000 kilómetros cuadrados del territorio, esto equivale a la tercera parte del país, obligando a las comunidades locales a ser reubicadas por la deforestación masiva.
Solo para ejecutar las primeras acciones de exploración es necesario sacrificar 10 millones de árboles en territorios dónde nacen los principales ríos del país, esto ocasionaría la insostenibilidad para el abastecimiento de agua de la población.
La inseguridad hídrica es la principal preocupación de la organización, ya que por la deforestación el suelo pierde capacidad de absorción, reduciendo la filtración y almacenaje de agua en el subsuelo; esto hace que se vayan secando las fuentes subterráneas así como la alimentación bajo tierra de los ríos en la época seca.
Mauricio Sermeño, ambientalista y miembro de la UNES, señaló a través de una conferencia de prensa que "para nadie sería seguro tomar agua en El Salvador, para nadie; estoy incluyendo al señor presidente de la República, a los diputados y a los turistas extranjeros que quieran venir", detalló.
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Si los intereses del actual presidente se materializan y la Asamblea deroga la Ley de prohibición total para la extracción minera, Sermeño considera que es el paso a "un desastre total para el país, nadie puede vivir sin agua y si esa botella o vaso de agua se sabe que tiene arsénico o cianuro, nadie va poder vivir en El Salvador. Insisto, será una catástrofe total".
UNES sostiene que es una acción que no debe tomarse a la ligera por lo que "invitamos (al mandatario) a que profundice más sobre las consecuencias que puede tener una decisión de estas, creemos que lo debe pensar no solo dos veces", agregó Sermeño.
La UNES argumenta que el medio ambiente en El Salvador ya enfrenta una crisis ecológica, con la expansión agrícola, la urbanización, tala ilegal, sumado a la permisividad de proyectos privados y públicos, han destruido bosques y degradado el suelo, posicionándonos como el segundo país más deforestado.
Con la pérdida de esta vegetación original el país podría ver el desarrollo de los problemas en diferentes direcciones.
Primero, como ya se mencionó, los suelos pierden su capacidad de retener humedad, tienden a secarse y compactarse perdiendo la capacidad de filtración de agua para alimentar las siembras en laderas y los mantos acuíferos.
En segundo lugar, UNES sostiene que el volumen de las corrientes superficiales arrastrará las capas de suelo fértil, mismas que tardan miles de años para formarse, pero muy pocos para erosionarse. Esto provocará tierras improductivas.
"De cara al Balance Ambiental, existen varios retos, en El Salvador ya existen una cantidad de políticas públicas y legislaciones ambientales que deben cumplirse y es necesario que el Estado le de un auténtico seguimiento y monitoreo", señaló Luis González, miembro de la UNES.
La Unidad Ecológica sostiene que desde el Órgano Legislativo "se sigue teniendo la deuda más amplia en materia ambiental", debido a que existe una buena cantidad de leyes o reformas que "la Asamblea Legislativa no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de discutir y aprobar", señala el Balance.
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Entre estas figuran la "Reforma constitucional para incluir el derecho humano al agua y a la alimentación", la "Ley del subsector de Agua potable y Saneamiento" y la "Ley de Prohibición de Agrotóxicos", entre otras.
González considera "preocupante que el próximo año el Ministerio de Medio Ambiente vaya a tener $5 millones menos en presupuesto, según los recursos que se asignen se puede ver qué tanta es la apuesta a un tema".
En las últimas semanas se encendieron las alarmas para los grupos ambientalistas tras darse a conocer las intenciones del gobierno de reactivar la minería en el país; el proyecto, presentado informalmente a través de redes sociales, señala como puntos de interés cinco departamentos de la zona norte.
Puntos en los que actualmente se encuentran al menos 15 minas artesanales en estado de abandono, debido a que no han recibido ningún tipo de tratamiento por las autoridades estás continúan emanando diferentes sustancias que se mezclan con ríos locales.