La Embajadora de Estados Unidos en Misión Especial para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas, Cindy Dyer, reconoció los avances de El Salvador en esa materia y llamó a las autoridades a continuar elevando el nivel de efectividad.
Actualmente el país se encuentra en el nivel 2 de efectividad, lo es significativo para el Gobierno de Estados Unidos, pero se requiere más en protección de víctimas y grupos vulnerables como la comunidad LGBTI y que haya sanciones judiciales contra quienes someten y explotan a hombres, mujeres y niños.
"Felicitamos al gobierno por los esfuerzos positivos que se han hecho, pero hay esfuerzos que se pueden mejor y damos recomendaciones para el próximo año", expresó la representante en entrevista con El Diario de Hoy.
Por ejemplo, reconoció que se han mejorado los esfuerzos para impedir que los salvadoreños sean víctimas de fraudes migratorios, aumentó el número de tratantes han sido llevados a proceso judicial y se incrementaron las capacitaciones para combatir la trata.
La trata no se limita a traficantes que llevan a personas a otro país con la promesa de trabajo y luego la someten y prostituyen, sino redes que explotan en el mismo lugar a migrantes que han entrado al país o incluso saldrán a otros lugares para victimizarlas.
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"Nos referimos a trata cuando esto implicado fuerza, fraude o coacción para obligar a una persona a realizar un trabajo o comercio sexual", explicó la funcionaria.
Un informe preparado por la oficina de la embajadora Dyer, sobre la prevención, la persecución penal y la protección a víctimas de trata de personas en 188 países, entre ellos El Salvador, da cuenta de que el país ha ascendido al nivel 2 por sus esfuerzos para procesar a un número significativamente mayor de presuntos traficantes, iniciar más investigaciones, asistir a más víctimas y aumentar la capacitación a los funcionarios de primera línea en la identificación y referencia proactiva de víctimas.
El documento establece que mejoró el acceso a la justicia para las víctimas de trata que se encuentran fuera de la capital al ampliar el mandato de sus Unidades Especializadas de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes (UAEMNA) para incluir delitos de trata, además de que cumplió las medidas para advertir a los posibles trabajadores migrantes sobre prácticas de reclutamiento fraudulentas y para educar al público sobre los riesgos de la trata en el sector turístico.
Sin embargo, los tribunales no condenaron a ningún traficante, a pesar de que las autoridades detuvieron a miles de presuntos miembros de pandillas bajo cargos de asociaciones ilícitas y desmantelaron redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral.
Además, los servicios para las víctimas fueron inadecuados y particularmente insuficientes para niños, hombres y víctimas LGBTQI+, dice el informe.
"Aunque sí ha habido más juicios, lamentablemente no hubo condenas contra estos tratantes. Quisiéramos ver que ellos sean procesados, condenados a una pena según el hecho que hayan cometido", agregó.
En 2023, según el documento, la policía investigó 38 nuevos casos de sospecha de trata (23 por trata sexual, cuatro por trata laboral y 11 por formas no especificadas de trata), involucrando a 79 sospechosos, un aumento respecto a los 36 casos investigados (34 por trata sexual y dos por trata laboral) que involucraron a 13 sospechosos en 2022.
El gobierno informó haber identificado a 40 víctimas, incluidas 27 explotadas en trata sexual, cuatro explotadas en trata laboral y nueve explotadas en formas no especificadas de trata. Las autoridades informaron que las víctimas de trata sexual incluían a 13 niñas, dos niños, 10 mujeres y dos hombres; las víctimas de trata laboral incluían a cuatro niñas.
Esto fue comparable a al menos 39 víctimas identificadas en 2022. Se identificó a tres víctimas colombianas de trata sexual en El Salvador y a una víctima salvadoreña en Alemania, según la fuente.
Las autoridades iniciaron procesos contra 43 sospechosos en 17 casos, incluidos 15 sospechosos por trata sexual, dos por trata laboral y 26 por formas no especificadas de trata.
Las autoridades también continuaron los procesos en curso contra cuatro sospechosos, dos por trata sexual y dos por trata laboral.
La justicia no condenó a ningún traficante en 2023, una disminución respecto a 2022, cuando los tribunales condenaron a 10 individuos bajo una combinación de estatutos de trata sexual y agresión sexual en tres casos de trata sexual.
Los delincuentes condenados previamente recibieron sentencias que varían entre ocho y 20 años de prisión.
El informe destaca el arresto de "miles de presuntos miembros de pandillas bajo cargos de asociación ilícita, desmantelando redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral".
En enero de 2024, agrega, inició un juicio masivo de casi 500 presuntos miembros de la pandilla MS-13, algunos en ausencia, acusados de liderar las redes criminales que iniciaron miles de delitos durante una década, incluida la trata sexual y laboral.
Recomendaciones
"Se necesita que haya servicios integrales para todas las víctimas, porque hasta ahora los servicios se concentran para niños y mujeres y necesitamos que haya también servicios para niños, varones, hombres, y la comunidad LGBTI", explicó Dyer.
"Las personas LGBTQI+ experimentaron discriminación por parte de los sistemas de aplicación de la ley y judicial que limitó su acceso a la justicia", subrayó.
También la embajadora estadounidense Dyer pidió que las víctimas no sean procesadas cuando hayan sido forzadas a cometer delito.
"Los expertos informaron que las autoridades no consideraban a los niños o adultos obligados a realizar actividades criminales forzadas por pandillas como víctimas de trata", dice el informe.
"Animamos al gobierno de El Salvador y los demás gobiernos a que examinen los casos para verificar si estas personas víctimas de trata fueron forzadas a delinquir o si cometieron delitos voluntariamente", exhortó.
"Es importante anotar que cuando la víctima es menor de dos años no hay que probar estas agravantes, ya que dada su naturaleza vulnerable los tratantes los podrían llevar a realizar estos trabajos o actos sexuales sin que medie fuerza, fraude o coacción", agregó.
Según el informe, en 2023, el gobierno proporcionó servicios inmediatos a 40 víctimas identificadas y las remitió a cada una a proveedores de servicios gubernamentales o de ONG para atención adicional. Esto representó un aumento respecto a 2022, cuando informó haber proporcionado servicios apoyados por el gobierno a 16 víctimas de trata sexual, derivando a tres víctimas de trata infantil al refugio del gobierno y a tres víctimas de trata infantil a un refugio de una ONG.
El gobierno informó que las instituciones relevantes dedicaron un total de $479,590 de sus presupuestos individuales a la protección de víctimas de trata, para proporcionarles alojamiento adecuado y atención sicológica, además de que el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) proporcionó protección a los niños que eran víctimas de delitos.
El Consejo Nacional contra la Trata y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) capacitaron a sus empleados y de otras dependencias sobre la identificación y protección de víctimas de trata.
Migrantes en riesgo
"Las personas que pagan para cruzar una frontera están en riesgo de trata porque incurren en una deuda, tienen que pagarle a esa persona (traficante) y con ese fin se ven participando en delitos o ciertos trabajos para saldar la deuda", subrayó.
"Estas personas que contratan traficantes pueden ser víctimas de violencia y otras agresiones, por ejemplo, cuando las llevan por México y otros países las víctimas pueden ser agredidas sexualmente o secuestradas y aunque logren llegar a su destino final pueden seguir siendo explotadas por la deuda, sometidas a trabajos forzados o actividades sexuales", advirtió.