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Ambientalistas se unen para proteger el río Lempa de los estragos de la minería

La Mesa de Diálogo Nacional, establecida en el marco de la reactivación minera en el país, busca exponer la importancia de reforzar el marco jurídico sobre la protección de las cuencas de agua.

Por Abigail Parada | Dic 07, 2024- 05:30

Ambiente de tormenta visto desde el puente Cuscatlan. Foto EDH/ Francisco Rubio

Más de 35 organizaciones ambientales, sociedad civil y académicas alcanzaron acuerdos de unidad para reforzar la importancia de los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la protección de la cuenca del río Lempa, debido a que es una de las principales fuentes de las cuales se abastece la población salvadoreña. 

Ante la posible derogación de la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador y la introducción de proyectos mineros el río Lempa se ve amenazado por la contaminación con metales pesados, situación que ha encendido las alarmas de los ambientalistas.

Entre los principales acuerdos alcanzados por las organizaciones, en la primera reunión de la mesa de diálogo, se plantea la constitución de un organismo interinstitucional de cuencas, integrado por representantes de las instituciones ambientales existentes a nivel nacional.

Bukele pedirá derogación de la ley que prohíbe la minería metálica
Primera Mesa de Diálogo Nacional para el rescate del río Lempa. Foto cortesía

Los miembros de la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa, quienes impulsaron el evento, plantean la necesidad de establecer un diálogo que involucre autoridades tanto de Guatemala, Honduras como El Salvador.

Esto ante la creciente amenaza de reactivación de la mina Cerro Blanco en el municipio de Asunción Mita, Guatemala y la posible derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el territorio salvadoreño.

Previamente en 2023, la Red Trinacional formuló un anteproyecto de Ley para el “Rescate, Recuperación y Restauración de la Cuenca del Río Lempa” mismo que está siendo propuesto a las entidades nacionales, para que sea aprobado y permita actuar de forma inmediata en favor del río.

En la propuesta colectiva intervienen varios sectores, señalando la necesidad de establecer un área especial de protección a la cuenca del río Lempa, la creación de una entidad inspectora del  Lempa para verificar los problemas y presentar informes a los tribunales ambientales.

“Este anteproyecto complementa la Ley General de Recursos Hídricos, la ventaja es que al no estar enfocado a todo dirige su mirada a los aspectos o problemas concretos del Lempa”, señaló el magistrado Samuel Lizama, quién sostiene que “hay poca eficacia en la ley de recursos hídricos” vigente. 

A su criterio, el anteproyecto busca plantear más soluciones que castigos, por lo que el documento presenta pocas sanciones, la más grave está establecida en el artículo 36 del documento, señala hasta mil salarios mínimos del sector comercio a quienes  hagan descargas de vertidos sin permiso de la autoridad competente o descargas mayores de las autorizadas.

Héctor Alonso Aguirre, gerente general de la Mancomunidad del Río Lempa, sostiene que “no tiene ningún sentido que en un país super pequeño, sobrepoblado, el segundo país más deforestado de América, se esté hablando de liberar completamente la explotación minera, sobre todo de oro”.

Añadió que estas acciones podrían tener “imposiciones de otros países sobre los intereses de los salvadoreños, debemos despertar y se debe cambiar esta tendencia; solo lo va cambiar la presión de la población”. 

Los ambientalistas sostienen que la activación de este sector económico pondría en riesgo la accesibilidad al agua potable de las comunidades en la zona norte del país, debido a que se necesitan 100 mil litros de agua para la extracción de un gramo de oro.

Bajo el mismo escenario, las fuentes de agua a nivel nacional se verían contaminadas con residuos de materiales pesados que se encuentran relacionados con la aparición de problemas renales, cáncer y otras enfermedades crónicas en las comunidades expuestas, según los ecologistas. 

“Hay que entender que dónde hay poca legislación y tenemos este tipo de gobiernos, estas empresas logran convencer a los gobernantes, logran doblarles la mano y al final quién paga la cuenta son las poblaciones”, agregó Aguirre.

Para el representante de la Mancomunidad “la explotación minera representaría un golpe de gracia a un país que en este momento tiene una crisis ambiental sin igual en Centroamérica”.

Los proyectos mineros “amenazan la vida misma de toda la biosfera salvadoreña, la actividad extractiva si bien es cierto hay nuevas tecnologías siempre van a incurrir en daños al medio ambiente, es distinto que nos digan que en Chile y México hay minas cuando la extensión de esos países es exageradamente grande respecto a la nuestra, un país pequeño y densamente poblado”, señaló  Óscar Lemus, de la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador (UES).

Lemus señala que las acciones mineras ocupan importantes cantidades de agua mezclada con mercurio y arsénico a presión para separar el oro de las rocas y en “determinado momento, el agua, va llegar a los pocos mantos acuíferos que todavía se encuentran saludables en nuestro país”, Óscar Lemús, de la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador (UES)

Actualmente el 71% de los ríos del alto Lempa tiene un índice de calidad de agua clasificada como “regular”, esto debido a las actividades humanas e industriales realizadas alrededor de su cuenca, según una investigación desarrollada por el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la Universidad San Carlos de Guatemala.

“Con la falta de información que hay no se sabe exactamente qué empresa está detrás de todo esto, lo que sabemos es que quién más nos debería defender es quién más nos está vulnerando”, agregó Lemus.

El presidente, Nayib Bukele aseguró a través de un discurso el 5 de diciembre que solicitará la derogación de la Ley que prohíbe la minería, argumentando que “Lo vamos hacer bien y vamos, no a cuidar el medio ambiente, vamos a mejorar el medio ambiente”, afirmando que el 95% de las aguas se encuentran contaminadas, sin esclarecer la fuente de esta información. 

UES insta al Gobierno a desistir de las intenciones de derogar la ley de minería metálica
Héctor Alonso Aguirre, gerente general de la Mancomunidad del Río Lempa. Foto cortesía

Tras estas declaraciones y la promesa de limpiar los ríos a través de los fondos generados por la minería el gerente de la Mancomunidad del Lempa señaló a El Diario de Hoy:

“Mencionar que la minería puede limpiar las aguas, creo que es lo más desdichado que se puede decir en términos de conocimiento, lamentamos que el presidente de este tipo de comentarios la ciudadanía no es experta y cualquier cosa que diga es aplaudida, estamos en una fase muy extraña en términos ciudadanos”. 

La Unidad Ambiental de la UES señaló que siempre llegarán trazas de agua o materiales pesados al subsuelo y de ahí a los mantos acuíferos, a pesar de las tecnologías aplicadas, señalando que estas pueden llegar a generar envenenamiento, pérdida de capacidad cerebral por mercurio y otras complicaciones de salud.

Los expertos sostienen que la recaudación de fondos por la apertura a las empresas mineras ronda el 1% de las utilidades, pero dichos fondos deben ser invertidos en desarrollo urbano, como abrir carreteras y construcción de escuelas en zonas afectadas. 

Representantes del partido político Vamos y ARENA, se hicieron presentes al diálogo para respaldar el anteproyecto de Ley.

“Esto es muy importante porque el agua es un tema muy político, porque tiene que ver con intereses de poder, necesidades de la población y la vida misma. La protección del río Lempa es uno de los recursos estratégicos para nuestro país”, señaló la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. Ella recalcó la importancia de estos espacios de opinión para la conservación de los recursos hídricos, extendiendo el llamado a las entidades nacionales a escuchar el anteproyecto de Ley.

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