Con el propósito de generar conciencia contra las consecuencias que genera la corrupción, por declaratoria de las Naciones Unidas, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la corrupción.
Pero en El Salvador las instancias gubernamentales de control y fiscalización son laxas en sus labores de prevención, persecución y sanción de la corrupción; además de que esta es selectiva, acorde a informes de organismos ciudadanos y voces expertas consultadas por El Diario de Hoy.
Las instancias que por mandato de ley deben prevenir y combatir la corrupción son: la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)y hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de su Sección de Probidad.
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Según la directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Jessica Estrada, varias instituciones, principalmente las de fiscalización y control, que deberían tener un rol protagónico en el combate a la corrupción demuestran ser un poco relajadas en la labor que se les encomienda en cuanto combate a la corrupción.
"Las instituciones que están llamadas a combatir la corrupción en nuestro país se están quedando muy cortas con este mandato y no están demostrando que quieren combatir frontalmente la corrupción, sino que lo hacen de manera selectiva cuando logran activarse y en otros casos no se logra tal activación", señaló Estrada.
A criterio del director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, existe deficiencia en el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía y particularmente en el tema de la persecución del delito.
"Hay niveles de impunidad que rondan el 90 %, eso es un mal desempeño. Hablando precisamente del tema de corrupción, la Fiscalía hace una persecución selectiva de la corrupción, no es una persecución general", resaltó Escobar.
Para el experto, en el caso concreto del IAIP, no ejerce adecuadamente sus funciones y eso posibilita que haya opacidad en la gestión pública y que esto permite el ocultamiento de actos de corrupción.
Además, Escobar considera que se debe recordar el caso de la CICIES que involucró a funcionarios de este gobierno que no está investigando la Fiscalía. "Por el contrario, enterró esos casos, entonces ahí hay una persecución selectiva de la corrupción", dijo.
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En el caso de la Corte de Cuentas, este año en una resolución de acceso a la información pública indicó a El Diario de Hoy que se declaraba incompetente de investigar el uso de la deuda política de los partidos políticos, pese a que son fondos públicos.
Además, la institución desde que pasó a ser dirigida por la expresidenta Roxana Soriano, dejó de revelar los nombres y cargos de las personas denunciadas en la institución.
Para el analista político Carlos Araujo el poder absoluto que ostenta la Presidencia de Nayib Bukele ha servido para "neutralizar" a las instituciones de control, así como para eliminar la transparencia en la administración de fondos públicos.
"Hay muchas señales que en el gobierno de Bukele ha habido más corrupción que en los de Elías Saca y Mauricio Funes juntos", advirtió Araujo.