El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) se ha pronunciado en contra del interés del gobierno del presidente Nayib Bukele para que se reactive la minería metálica en el país.
Asimismo el CSU ha señalado su preocupación ante la solicitud que plantearía el mandatario ante el Órgano Legislativo para que se derogue Ley de la Prohibición de la Minería Metálica, aprobada el 29 de marzo de 2017.
"Sorprende y preocupa el anuncio hecho el 27 de noviembre por el presidente Nayib Bukele de volver a gestionar la explotación minera en El Salvador y por ende pedir a la Asamblea Legislativa que derogue la ley (...) con lo cual se activa la amenaza de destruir más el medio ambiente, la salud y la vida de la población salvadoreña", expuso a través de un comunicado publicado con fecha 5 de diciembre de 2024.
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En el documento se resalta esta ley como un precedente a nivel mundial de la defensa al medio ambiente, la salud y la vida de los seres humanos, por ende pide al Gobierno "desistir" las intenciones de revocarla.
Asimismo insta a los defensores ambientalistas a continuar en su lucha.
"Como institución educativa, la UES se compromete a promover una discusión científica, pluridisciplinaria, amplia y participativa sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de la minería metálica para el país", resalta.
El jueves el presidente Nayib Bukele dijo que pedirá al pleno revocar esta ley, a la que se ha referido como “absurda”.
El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, dijo en una entrevista reciente que la minería "sostenible", a la que el presidente de la república ha hecho referencia, "no es posible", y que la derogación de la ley sólo representa un retroceso en la protección al medio ambiente.
Quintanilla expuso que la explotación minera “trae consecuencias para la vida del ser humano” y vendría a agravar la situación "decadente" del río Lempa, una fuente principal de agua para los salvadoreños.
Organizaciones sociales, aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador mantiene su defensa a la normativa, y señalan que la reactivación de la minería vendría a convertirse en "un tiro de gracia" a la precaria situación medioambiental que vive el país.
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Señalan que el principal daño ambiental para El Salvador es la escasez y contaminación del agua, provocado por el proceso de extracción del oro, para el cual estas empresas utilizan grandes cantidades del recurso hídrico con cianuro y otros químicos altamente tóxicos, que vienen a generar drenaje ácido en los ríos.
"El Salvador es el país más deteriorado de América Latina sólo después de Haití, el único país que está al borde del estrés hídrico, es decir, no hay agua suficiente en calidad y en cantidad para todos y todas", expuso en una conferencia de prensa Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.
Asimismo, señaló que el 90% del país está calificado como territorio de riesgo, donde habita el 94.5% de la población.
Además de la Academía y las organizaciones de la sociedad civil, también la Iglesia Católica salvadoreña ha mostrado su rechazo.
A través de un comunicado el arzobispado aseguró que la minería provocaría la "contaminación del agua y del aire, causando muerte y enfermedades de manera irreversible en gran parte de nuestra población, sobre todo en nuestros hermanos más pobres".
UES se solidariza con líderes de Santa Marta
El CSU calificó como "un nefasto precedente" la resolución de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque que el 22 de noviembre revirtió el fallo absolutorio a favor de los cinco líderes de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico y Social - ADES: Alejandro Laín García, Miguel Ángel Gómez, Pedro Rivas Laínes, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega.
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A su juicio los términos de resolución del Tribunal han sido muy claros declarando "extinguida la acción penal por prescripción de los delitos", y considera que "no amerita ninguna otra consideración adicional más que hacerlo cumplir”.
"Una eventual repetición del juicio en contra de los líderes ambientalistas sentaría un nefasto precedente que dañaría la credibilidad al sistema judicial por no dar garantías para la seguridad jurídica en El Salvador", manifestó.
El CSU demanda al órgano judicial dejar sin efecto la resolución de la Cámara. “Los líderes de Santa Marta están siendo criminalizados por defender a la población salvadoreña de los daños irreparables que provoca la explotación minera”, acotó.