El primer caso reciente de supuesta defraudación a la economía pública, a través de cooperativas de ahorro, que salió a la luz fue el de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores en el Área Empresarial de Responsabilidad Limitada (ACOTEMIC de R.L.) y de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito ACOMATIC de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (ACOMATIC de R.L. de C.V.), que operaban con varias sucursales en el oriente salvadoreño.
A mediados de mayo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la captura de ocho fundadores de ambas cooperativas, a quienes acusa de movilizar "ilegalmente, más de 49 millones de dólares en el sistema financiero, aprovechándose de sus cargos a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo, ahorros navideños, entre otros, pero de forma ficticia, para beneficio propio o de terceros".
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Un año después, explotó otro caso: el de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI). Aunque el monto defraudado, según la Fiscalía, es menor que en las dos primeras mencionadas, este caso ha sonado más debido al secretismo con que el Estado estaba manejando el asunto y, aún más, por la muerte de uno de los principales sospechosos, el gerente general, Manuel Alberto Coto Barrientos, quien murió en un accidente aéreo el pasado 8 de septiembre.
De acuerdo con la información que la Fiscalía dio a conocer el 9 de mayo anterior, la suma defraudada en COSAVI sería de más de 39 millones de dólares, dinero que la cooperativa había captado de más de 10,000 socios y ahorrantes, a quienes ofrecía intereses muy superiores a los de los bancos del sistema financiero, según testimonios de muchos afectados.
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Solo entre ACOTEMIC-ACOMATIC y COSAVI, el monto del fraude financiero ronda los 100 millones de dólares. Aparte de estas dos cooperativas, hay otras que han sido señaladas por afectados por no entregarles sus ahorros.
Una de esas es la Asociación Cooperativa Fundecrédito, que opera mayormente en el occidente del país, y la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Unidos por el Desarrollo (ACUDE), cuya sede central está en la ciudad de Aguilares.
En el caso de Fundecrédito, varias personas que se consideran afectadas porque la entidad no les devuelve el dinero que tenían en certificados de ahorro a plazo afirman que, desde hace varios meses —mayo de este año, específicamente—, acudieron a la Fiscalía a presentar sus denuncias, pero hasta el momento no ven avances en las investigaciones.
Lo último que un fiscal les dijo a algunos denunciantes es que estaban investigando a las personas vinculadas tanto a los organismos de dirección de la cooperativa como a los fundadores.
Sin embargo, el temor de perder su dinero es grande, afirmaron. Y no es para menos: en la cooperativa no les dan ninguna razón que los satisfaga sobre por qué no les devuelven el dinero de los certificados cuyos plazos vencieron hace varios meses, algunos a principios de este año, aseguran.
"Lo que nos dicen es que no hay dinero. Otras veces nos dicen que están trabajando para solucionar el problema y hay quienes también dicen que le roguemos a Dios para que nos puedan devolver nuestros ahorros", aseguró una de las víctimas, quien depositó varios miles de dólares en un certificado de depósito a plazos.
Uno de los directivos de Fundecrédito dijo a El Diario de Hoy que una publicación mediática no ayudaría a quela gente recuperara su dinero, sino que agravaría la situación. Afirmó que era inhumano exponer el problema sin tomar en cuenta que en la cooperativa están trabajando incansablemente y rogando a Dios para solucionar el problema. No quiso referirse a qué ha pasado con el dinero de los depositantes a quienes se les ha negado la devolución.
Algunos afectados por Fundecrédito han recurrido a la vía judicial para intentar recuperar sus ahorros. En algunos casos ya se ha ordenado el embargo de bienes de esa cooperativa.
¿Actuaron tarde?
Hasta hace unas semanas, el ente rector de las asociaciones cooperativas era el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), el cual fue disuelto recientemente y sus responsabilidades fueron entregadas a otras instituciones estatales.
En los casos de COSAVI y ACOTEMIC-ACOMATIC, el INSAFOCOOP estaba enterado que había problemas, según refieren afectados, quienes sustentan sus afirmaciones con documentos.
Auditorías del INSAFOCOOP, en junio y diciembre de 2021 y diciembre de 2022, indican que ACOTEMIC no estaba autorizada para recibir fondos del público.
"...la sociedad ACOMATIC DE R.L. DE C.V. fue creada el 23 de noviembre del 2020, desde su constitución adolece de ilegalidades e irregularidades como es que por su finalidad social no puede estar sujeta al régimen patrimonial de Capital Variable, y sobre todo y lo más grave es que nunca ha estado facultada para captar fondos del público, pues de acuerdo a su naturaleza jurídica no es sujeto de fiscalización ni por INSAFOCOOP, ni por la Superintendencia del Sistema Financiero", reza en parte un informe de auditoría al que se tuvo acceso.
No obstante las mencionadas auditorías, la Fiscalía no actuó sino hasta mayo de 2023, cuando ordenó y efectuó las capturas de Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla, Amanda Aracely Jiménez y Ana Virginia Saravia. A esta última le dieron medidas sustitutivas a la detención provisional en la audiencia de imposición de medidas.
De acuerdo con afectados, algunas sucursales de ACOMATIC siguen funcionando, a pesar de que el mismo INSAFOCOOP dijo, en sus informes de auditoría, que nunca ha estado facultada para captar fondos del público.
Informes de afectados indican que la semana anterior esa cooperativa cerró operaciones en las sucursales de Ilobasco (Cabañas) y Santa Rosa de Lima (La Unión).
A pesar de que es un caso que trascendió un año antes que el de COSAVI, ninguno de los afectados por ACOMATIC —a algunos de los cuales entregaron más de medio millón de dólares a plazo— ha recibido absolutamente nada de su dinero depositado.
¡COSAVI bajo reserva!
Lo último que de manera oficial se supo sobre el desarrollo de las investigaciones de COSAVI fue que la Fiscalía había solicitado la disolución de al menos seis empresas a través de las cuales, según las investigaciones, fue lavado parte del dinero de los socios y ahorrantes de la mencionada cooperativa.
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Este caso parece incomodar mucho al actual gobierno, no solo por la reserva con que la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) han manejado el caso, sino porque también hay fuertes sospechas de que altos funcionarios estarían involucrados en el desfalco.
De hecho, pocos días después de que ambas instituciones hicieran públicas las capturas y la intervención de la cooperativa, trascendió que varias alcaldías debían millonarias sumas a esa entidad.
Como en el caso de ACOTEMIC-ACOMATIC, el mal funcionamiento de COSAVI venía desde hacía mucho tiempo. De acuerdo con fuentes de este Diario que fueron parte de organismos de dirección cuando recién había sido fundada, en 2013, esta cooperativa maquillaba sus estados financieros casi desde que comenzó a operar.
Documentos oficiales también indican que la Fiscalía sabía del posible cometimiento de delitos en esa entidad desde finales de 2018 y, sin embargo, no hizo nada, afirman los afectados.
De acuerdo con socios, en la memoria de labores de 2023, COSAVI tenía más de 10,000 asociados. En ese año, aseguran las fuentes, tuvo más de 1.7 millones de dólares en utilidades, según el estado de resultados al 31 de diciembre de 2023, documento firmado por Rolando Alexander Henríquez, presidente del consejo de administración; María Isabel Jiménez Hernández, tesorera del consejo de administración; Norma Patricia Romero de Méndez, presidenta; la contadora Yolanda Argueta; y Saúl Orlando Méndez Manzano, auditor externo.
Henríquez, Jiménez Hernández y Méndez Manzano están entre los 15 capturados, de más de 30 acusados de lavado de dinero y defraudación a la economía pública.
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