Los senadores estadounidenses Ben Cardin (demócrata por Maryland), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine (demócrata por Virginia), presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, emitieron una declaración sobre la actual política del estado de excepción en El Salvador, afirmando que reemplazar la violencia de las pandillas con violencia estatal "no es una solución para una seguridad duradera".
La declaración se emitió el 25 de noviembre al analizar la última prórroga al régimen de excepción, que acumula ya 32 prórrogas y más de dos años y medio desde su implementación en marzo de 2022.
“Originalmente desarrollada para abordar la violencia de las pandillas, la política viola los derechos civiles, permite arrestos masivos sin pruebas y socava gravemente la integridad del sistema judicial de El Salvador”, indica la declaración.
Organizaciones y movimientos en defensa de los derechos humanos, tanto de El Salvador como internacionales, han denunciado miles de denuncias de detenciones arbitrarias bajo el régimen, torturas y muertes en centros penitenciarios. Además de denuncias que es usado como mecanismo de persecución política.
“Durante 32 meses, decenas de miles de salvadoreños han sido arrestados arbitrariamente sin el debido proceso, presuntos culpables, hacinados en cárceles superpobladas y sin saber de los cargos en su contra. Las familias están aisladas de la comunicación con sus seres queridos. Cientos de salvadoreños han muerto bajo custodia del Estado y muchos más han sufrido torturas o han desaparecido. El gobierno de Bukele ha impulsado una narrativa falsa de que la seguridad debe lograrse a expensas de la democracia y los derechos humanos básicos”, dice la postura de los senadores.
Incluso el mismo Bukele, durante su visita a Costa Rica, reconoció que se han detenido personas inocentes y que fueron liberados 8,000 personas inocentes.
La declaración de Cardin y Kaine señala que si bien las tasas de homicidios de El Salvador han disminuido durante este período, “sustituir la violencia de las pandillas por la violencia sancionada por el Estado no es una solución para lograr una seguridad duradera”.
E instan al gobierno de Bukele a restablecer el orden constitucional para el pueblo salvadoreño, también poner fin de inmediato a su práctica de juicios masivos, otorgar a los detenidos acceso a asistencia familiar y legal, y brindar apoyo para la reintegración de aquellos salvadoreños inocentes que han sido atrapados injustamente.
Recientemente, el congresista James P. McGovern, miembro del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, expresó fuertes críticas al gobierno salvadoreño por la implementación del régimen de excepción.
“El estado de excepción se ha convertido en una herramienta para atacar a sindicatos, opositores políticos, periodistas y grupos de la sociedad civil. Combatir la violencia de las pandillas es necesario, pero hacerlo sin el debido proceso y permitiendo que personas inocentes mueran bajo custodia es injusto y equivocado”, afirmó en redes sociales.