Representantes de un movimiento ciudadano estadounidense de monitoreo de derechos humanos pidieron esta mañana al gobierno salvadoreño liberar a las personas que han sido capturadas de forma arbitraria en el contexto del régimen de excepción.
El movimiento conformado por organizaciones sociales, iglesias, asociaciones de abogados y universidades de varios estados, que están monitoreando la situación de derechos humanos de El Salvador apoyó al Socorro Jurídico Humanitario en su visita informativa realizada por varias ciudades estadounidenses este mes.
«Tomamos muy en serio las palabras del presidente de la República de El Salvador cuando habló en Costa Rica la semana pasada diciendo: “no queremos inocentes en la cárcel”. Estamos de acuerdo, libéralos », manifestó Mary Anne Perone, vocera del movimiento estadounidense.
Perone puso como ejemplo de personas detenidas de forma arbitraria los 25 capturados en la Isla del Espíritu Santo, donde organizaciones que han trabajado por años en ese territorio aseguran que nunca ha habido pandilleros.
Theresa Cameranesi, otra de las representantes del movimiento estadounidense, pidió al gobierno que permita la entrada de una comisión internacional e independiente para inspeccionar la situación de las cárceles de Mariona, Izalco y Apanteos, debido a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos.
Hasta el momento el gobierno salvadoreño no ha permitido el ingreso, ni siquiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a varias peticiones.
Por otra parte, Cameranesi pidió al gobierno respetar la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Una de las quejas más comunes de los familiares de los detenidos es la negativa de recibirles los arraigos, la violación al derecho a defensa y la negación de liberar a las personas que ya tienen una orden judicial de libertad.
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El director de Asuntos Legales del Socorro Jurídico, Óscar Rosales, afirmó que el país se encuentra en una etapa crítica en relación al debido proceso lo que permite múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales.
“Este es un daño que se está generando y se está profundizando y nos lleva a la conclusión que hemos entrado en una etapa crítica en el estado de derecho que no hay ley que garantice las libertades fundamentales, que no hay ley que garantice el debido proceso, que no hay juicio previo y hay condenas anticipadas contra las personas detenidas, sean inocentes o culpables”, declaró.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, manifestó que en la reciente visita a Estados Unidos realizaron charlas y presentaciones en universidades, organizaciones sociales e iglesias sobre las violaciones a derechos humanos en El Salvador.
“Hay muchos compatriotas interesados en conocer la historia real de nuestro país, se expuso acerca de las violaciones a derechos humanos realizadas por el gobierno de El Salvador durante los 32 meses de esta medida”, dijo.
Escobar detalló que informaron sobre detenciones ilegales y arbitrarias, situación de los centros penitenciarios, tratos inhumanos, crueles y degradantes, torturas físicas y psicológicas, enfermedades, muertes, hacinamiento y las fosas clandestinas en el centro penal de Izalco.
La organizaciones de derechos humanos realizó denuncias en las ciudades San Francisco, Watsonville, Los Ángeles, San José, Oakland, Detroit Dayton y Chicago.
“Nuestro objetivo es dar a conocer la violación sistemática de derechos humanos en El Salvador como resultado de la mala aplicación del régimen que ahora se ha vuelto un estado de excepción”, enfatizó Escobar.
Según los estimados del Socorro Jurídico de más de 80,000 capturados en el régimen, unos 30,000 no estarían vinculados a las pandillas