Por Teresa Guevara de López
El respeto a la propiedad privada es uno de los aspectos que definen la democracia y podríamos decir que es uno de los dos principios universales, que se han respetado en todas las civilizaciones en la historia. Junto con NO MATAR, el derecho a la propiedad privada está sobreentendido en NO ROBAR, pues el hurto se define como “apropiarse de los bienes ajenos, contra la voluntad de su dueño”.
Pero este derecho a la propiedad privada, como que se está poniendo en tela de juicio en el país, con nuevas leyes y enmiendas a las mismas, según el capricho del mandatario y sus allegados.
Un ejemplo es la Dirección de Trámites de Construcción que autoriza a quitarle protección a cualquier edificio o monumento que por ley esté protegido, y que sea patrimonio nacional. Muchos edificios históricos del centro, han pasado a manos de particulares, muchos miembros de la familia presidencial, que además gozan de exención de impuestos. También se han visto favorecidos los que pertenecen a la nueva élite de bitcoiners extranjeros, muy cercanos al mandatario, que tuvieron gran influencia en la redacción de la Ley de Activos Digitales y dirigen la Oficina Nacional del Bitcoin y han adquirido inmuebles en el Centro Histórico por $7.5 millones. La destrucción de la Escuela República Argentina, propiedad del MINED para construir un parqueo lo confirma.
También el saqueo constante del GOES a los ahorros de los salvadoreños en las AFP, que en septiembre se apropió de $86.8 millones más, lo que aumenta la deuda con los ahorrantes a $10,318.81, que no se usa únicamente para el pago de los afiliados al sistema antiguo del ISSS y el INPEP, sino que es usado por los de NI como caja chica, para pagar gasto corriente, y que aumentará en los 4 años de gracia en que no paga ni los intereses. A los extranjeros les cuesta entender cómo el gobierno puede meter su mano en fondos privados, ya que no les toca vivir en el país más seguro del mundo.
Pero las repercusiones más graves de este saqueo se verán en los próximos años, ya que de acuerdo con los datos del reciente censo, la nuestra es una población envejecida. La disminución de la natalidad se evidencia en la escasa población joven y el aumento de ancianos. Actualmente hay casi millón y medio de personas entre 50 y 54 que se acercan a la edad de retiro: 50 años las mujeres y 55 los hombres y son casi 2 millones de salvadoreños que han cumplido la edad de jubilación.
Según diagnóstico elaborado por FUNDAUNGO, solo uno de cada cuatro trabajadores cotiza a las AFP y espera retirarse con un ingreso en su vejez, el resto deberá seguir con trabajos informales, con menos ingresos por las dificultades propias de la edad y de su capacidad productiva, con el consiguiente aumento de la pobreza.
Los miles de personas estafadas con la escandalosa quiebra de COSAVI, que vieron desaparecer varios millones de dólares de sus ahorros y luego fallecer al principal responsable en un extraño accidente aéreo, reclaman indignadas ante la pasividad de las autoridades de no dar las explicaciones exigidas, porque el gobierno ha decretado reserva de 7 años. ¿Y el derecho a exigir sus propios bienes que confiaron a una institución legalmente establecida?
Para el sistema de pensiones, el último dato publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero es a abril 2023, cuando debería haber una transparente rendición de cuentas, para que los propietarios de los ahorros sepan el uso que el bukelismo está dando a estos fondos. Los salvadoreños hemos perdido el derecho que tenemos a nuestros propios bienes ante los abusos del Estado bukeliano.
Maestra.