La lucha de un padre por su hijo capturado en el régimen de excepción

Los cuatro hijos de Reynaldo Santos crecieron en medio del temor y el asedio de las pandillas en una colonia populosa de Soyapango, situación que incluso llevó a uno de ellos a migrar para Estados Unidos, luego de ser víctima de golpizas y robos de los mareros. Por ello, el régimen de excepción marcó el inicio de una nueva vida para la familia. 

"Estábamos teniendo una vida soñada, porque ya trabajaban mis dos hijos que estaban en la casa, la situación económica nos estaba cambiando, teníamos metas y sueños", dice Reynaldo.

Sin embargo, esa tranquilidad que tanto habían esperado, solamente duró nueve meses para la familia Santos Castillo, cuando la tarde del 26 de diciembre de 2022, dos policías llegaron a la vivienda a hacer un cateo, procedimiento que en ese momento los habitantes consideraban "rutinario", porque se encontraban bajo un cerco militar que había sido ordenado por el presidente a inicios de diciembre.

Pero ese cateo terminó con la captura presuntamente arbitraria de Jonathan Edenilson Santos Castillo, de 20 años de edad, el menor de los hijos de Reynaldo. 

"Para nosotros, por el cerco, que llegaran los policías era algo normal, no teníamos ninguna situación que esconder, ese tipo de procedimientos para nosotros era rutinario en ese momento", comenta el señor.

Cuando los dos agentes ingresaron a la vivienda, Jonathan estaba de vacaciones de fin de año en su trabajo y se encontraba sobre un sillón jugando Fornite en una consola de videojuegos; al ver eso, uno de los agentes le habría dicho: "estás jugando un juego de mareros". 

Fortnite es un videojuego que ha sido ampliamente promocionado por el mismo presidente Nayib Bukele, luego que la plataforma lo incluyera como personaje en una representación exacta del Centro Histórico de San Salvador.

Los policías revisaron los dormitorios, la cocina y el patio; luego le dijeron a Jonathan que colaborara, él les preguntó a qué se referían. "Vos ya sabés, colaborá, que eso te va ayudar", fue la respuesta que recibió, según la familia. 

La madre del joven les pidió una explicación a los agentes y uno de ellos le habría dicho: "usted ya sabe qué clase de rata es esta". Los policías lo señalaban de ser distribuidor de droga en su colonia, pese a que en la vivienda no encontraron nada ilícito, asegura Reynaldo. 

Luego les revisaron los teléfonos celulares y el documento de identidad. Uno de los agentes dijo que "estaba limpio", posteriormente hicieron una llamada directa y después le dijeron a la madre del joven que se lo llevarían detenido en "vías de investigación". 

La mujer, angustiada, les increpó que en la casa no habían encontrado nada fuera de la ley y que por qué se lo iban a llevar. "Señora, mejor cállese, porque si no vamos a proceder también a capturarla", explican sobre la respuesta de los agentes. 

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Reynaldo se fue, tan pronto como supo de la captura, a la subdelegación más cercana. Cuando llegó aún no había arribado la patrulla que llevaba a su hijo. Tras unos minutos de espera, llegó al vehículo policial con dos detenidos; el otro era un vecino del mismo pasaje que tenía poco tiempo de haber regresado de Estados Unidos, quien fue liberado unas horas después.

En la subdelegación, Reynaldo vio cómo agentes ajenos al procedimiento le tomaban fotos a su hijo y preguntaban "si estaba perfilado", pero decían que no.

Antes de que Jonathan fuera llevado para la delegación de Soyapango, su padre alcanzó a decirle unas palabras, que hoy, al recordarlas, hace un esfuerzo grande para no llorar.

"Le dije que iba a hacer todo por él, que tuviera fortaleza y que confiara en mí. Eso fue todo. Fueron las últimas palabras que logré cruzar con mi hijo", narra. 

La captura de su hijo fue un golpe de realidad para Reynaldo, que hasta ese momento creía firmemente que el régimen de excepción sólo era aplicado a pandilleros, así que tuvo la esperanza que, al ser un error, las autoridades lo escucharían y su hijo pronto saldría. Pero desde entonces han pasado casi dos años. 

Dos días después, el joven fue enviado al penal de Ilopango. La primera persona que le informó al familiar del traslado fue la señora de un cafetín cercano a la delegación, que se encargaba de ingresar la comida a las bartolinas. El 29 de diciembre que Reynaldo llegó a pagar la alimentación, ella le dijo que ya no se la pagara, porque él ya había sido enviado a la prisión de Ilopango.

Una de las primeras situaciones que enfrentó el padre del detenido fue la falta de información por parte de las autoridades, pues se tardó tres días en poder confirmar que su hijo estaba en ese lugar.

"Al llegar al penal me dijeron que tenía que esperar tres días para que me pudieran dar información correcta", manifiesta.

Larga lucha 

En los primeros días de enero, el padre de Jonathan se abocó a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) para denunciar la detención de su hijo, con la esperanza de tener una respuesta rápida, pero no fue así. 

Cuatro días después, buscó ayuda en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca). Ahí recibió la asesoría para redactar un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, el cual presentó el 12 de enero de 2023, pero dicha Sala se llevó once meses en responder que era "improcedente". 

"En el Idhuca me brindaron cierta asesoría para las cuestiones de los arraigos, porque yo desconocía todo eso", agrega. 

Reynaldo relata que como familia estaban esperanzados que el sistema judicial funcionaría, por lo que decidieron hacer un préstamo para pagar los servicios de una abogada particular. 

El 6 de enero de 2023, Jonathan enfrentó la audiencia inicial junto a un poco más de 80 personas. Como pasa casi con todos los casos del régimen, no hubo revisión adecuada de arraigos y el juez decidió que el joven y todos los demás siguieran en prisión.

"Yo le digo, con toda esta documentación (arraigos) yo confiaba que él no iba a estar más de 15 días. Fue un golpe moral para nosotros" se lamenta Reynaldo. 

Mientras el tiempo ha ido avanzando, el padre de Jonathan ha ido recopilando información sobre el caso de su hijo, en el que según él, hay algunas inconsistencias. Por ejemplo, en el acta policial dice que fue detenido en una calle, no en la casa frente a su madre. 

Por otra parte, la Fiscalía lo acusó de ser miembro activo de una clica de la MS-13 con el rango de colaborador, cosa que Reynaldo niega, pues asegura que su hijo laboraba como auditor de calidad en una maquila, de lo cual tiene constancia. Agrega que por la tardes jugaba fútbol macho y cuando no, se entretenía jugando videojuegos. 

El padre del detenido intentó denunciar ese tipo de inconsistencias del proceso en la Fiscalía, pero aunque lo escucharon, no le tomaron la denuncia. Cuando pidió copia de su denuncia, le expresaron que no había sido ingresada al sistema. 

Once meses después de la primera audiencia, la abogada particular logró que se desarrollara para el imputado una audiencia de revisión de medidas, pero el Tribunal determinó que no podía valorar los arraigos, porque no habían elementos nuevos. 

Entre los arraigos que la familia ha logrado reunir están: constancia de trabajo, historial académico, solvencia de antecedentes penales, escrituras de la vivienda, declaraciones juradas y cuentas bancarias. 

"Nosotros no pedimos que no sigan la investigación, sino que le den medidas sustitutivas, pero aquí todo es en automático, por decreto quieren hacer todo", señala el padre del procesado. 

Reynaldo no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados porque le prometió a su hijo que haría todo por él. Luego de presentar dos solicitudes ante la PDDH para indagar sobre la condición de salud del detenido, logró tener información de manera verbal, en abril de este año. 

Le informaron que bajo custodia del Estado ha tenido varicela, escabiosis, pie de atleta (popularmente llamado hongos en los pies); además, tiene diagnóstico de artralgia (dolor agudo en articulaciones), gastritis y reflujo gastroesofágico. 

En casi dos años, los mecanismos nacionales a los que Reynaldo podía acceder se han ido agotando, por ello el 27 de agosto de 2024, con el apoyo del Socorro Jurídico Humanitario, Reynaldo envió al Sistema de información sobre procedimientos especiales de las Naciones Unidas el caso de su hijo, como una captura arbitraria. 

"El combate de la delincuencia es buena, pero no basada en la violación de derechos humanos de personas inocentes, debería corregirse, cosa que aquí no se hace", concluye el padre. 

Como parte del Movimientos de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), Reynaldo colabora orientando a otros, cada vez que puede, basado en la experiencia que ha ido adquiriendo en estos casi dos años del proceso penal contra su hijo.