La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador realizó la mañana de este jueves la primera sesión de la audiencia probatoria en contra de Sigfrido Reyes y su grupo familiar, en el cual lo demandan por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por 459,714 dólares. A su esposa, Susi Melba Rodríguez, se le demanda por 12,000 dólares y a su hijo por 750 dólares.
En total, en este proceso, la Fiscalía General de la República solicita la restitución por $472,464 del grupo familiar al Estado. Según el ente fiscal, el exfuncionario cometió el enriquecimiento ilícito mientras era diputado del grupo parlamentario del FMLN durante tres períodos, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
La defensa de Reyes alegó que en el peritaje oficial hecho por el experto financiero propuesto por la Fiscalía presenta inconsistencias en los ingresos y montos por los cuales se acusa al exdiputado y familia.
“El perito no tomó en cuenta inversiones e ingresos del señor Sigfrido Reyes al momento de establecer la totalidad de los montos percibidos”, cuestionó Pedro Cruz, abogado de la familia.
En la audiencia probatoria realizada este jueves, solo se citó al perito de la Corte de Cuentas propuesto por la FGR. El experto financiero fue juramentado a finales de febrero del presente año para el análisis de las supuestas irregularidades financieras al realizar la compra de inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y otros gastos no justificados.
Cruz, el abogado defensor, señaló que el perito omitió actividades y movimientos en concepto de inversiones empresariales de la familia Reyes. “Se limitó a analizar, según él, las planillas de salarios, cuando aquí hemos enfrentado un proceso con documentación suficiente que establece las actividades empresariales de Sigfrido Reyes y las omitió por completo al momento de establecer los ingresos”.
El jurista de la familia aseguró que no existen las pruebas suficientes para declararles culpables. Susi Melba Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes, define el proceso judicial como un caso de persecución política que generó una separación en su familia.
Reyes tiene la condición de asilo político en México desde enero de 2020, dos meses antes de la acusación de la Fiscalía General de la República ante los tribunales por los presuntos delitos.
Este viernes, la Fiscalía y la parte defensora del exdiputado presentarán los alegatos finales como última parte de la audiencia probatoria, a la espera del fallo de la magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador realizó la mañana de este jueves la primera sesión de la audiencia probatoria en contra de Sigfrido Reyes y su grupo familiar, en el cual lo demandan por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por 459,714 dólares. A su esposa, Susi Melba Rodríguez, se le demanda por 12,000 dólares y a su hijo por 750 dólares.
En total, en este proceso, la Fiscalía General de la República solicita la restitución por $472,464 del grupo familiar al Estado. Según el ente fiscal, el exfuncionario cometió el enriquecimiento ilícito mientras era diputado del grupo parlamentario del FMLN durante tres períodos, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
La defensa de Reyes alegó que en el peritaje oficial hecho por el experto financiero propuesto por la Fiscalía presenta inconsistencias en los ingresos y montos por los cuales se acusa al exdiputado y familia.
"El perito no tomó en cuenta inversiones e ingresos del señor Sigfrido Reyes al momento de establecer la totalidad de los montos percibidos", cuestionó Pedro Cruz, abogado de la familia.
En la audiencia probatoria realizada este jueves, solo se citó al perito de la Corte de Cuentas propuesto por la FGR. El experto financiero fue juramentado a finales de febrero del presente año para el análisis de las supuestas irregularidades financieras al realizar la compra de inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y otros gastos no justificados.
Cruz, el abogado defensor, señaló que el perito omitió actividades y movimientos en concepto de inversiones empresariales de la familia Reyes. "Se limitó a analizar, según él, las planillas de salarios, cuando aquí hemos enfrentado un proceso con documentación suficiente que establece las actividades empresariales de Sigfrido Reyes y las omitió por completo al momento de establecer los ingresos".
El jurista de la familia aseguró que no existen las pruebas suficientes para declararles culpables. Susi Melba Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes, define el proceso judicial como un caso de persecución política que generó una separación en su familia.
Reyes tiene la condición de asilo político en México desde enero de 2020, dos meses antes de la acusación de la Fiscalía General de la República ante los tribunales por los presuntos delitos mencionados.
Asimismo, su cónyuge explica que la función en el órgano legislativo de Sigfrido no era de manejo de fondos públicos. "Los ingresos de nuestra familia siempre fueron fruto de nuestro trabajo", comenta. En 2020, cuando inició el juicio contra Reyes, su abogado defensor interpuso un recurso para declarar la demanda como "improponible".
En ese año, el defensor señaló que se presentan antecedentes de diputados de la república que no fueron procesados por el delito de enriquecimiento ilícito porque no manejaban fondos públicos. "Existe jurisprudencia dictada en otros casos de parlamentarios, específicamente en el caso del diputado Reynaldo López Cardoza, demandado por enriquecimiento ilícito en el sentido que los diputados no manejaban fondos públicos". Sin embargo, esta petición no tuvo efecto. "Para el inicio del juicio civil, la CSJ violó todos sus procedimientos y precedentes jurídicos" denunció Rodríguez.
Este viernes, la Fiscalía y la parte defensora del exdiputado presentarán los alegatos finales como última parte de la audiencia probatoria, a la espera del fallo de la magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.