El Salvador aprobó la Ley de Emisión de Activos digitales en noviembre de 2022, con la promesa de que este marco regulatorio revolucionaría el mercado financiero en el país y en la región. Sin embargo, dos años después, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) ha aprobado apenas 4 emisiones (una de ellas fracasó), tres de las cuales tienen a Bitfinex como parte involucrada.
La última de estas es bastante reciente, del 18 de noviembre, y tuvo como protagonista a la empresa Nexbridge Digital Financial Solutions, una de apenas cinco compañías autorizadas como emisores de activos digitales. Se trata de un token (representación digital de un activo real) llamado USTBL, que está basado en los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
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Nexbridge, en su página web, reconoce como uno de sus socios a Bitfinex Securities, la compañía capitaneada por el italiano Giancarlo Devasini, quien tuvo influencia en la arquitectura de la Ley de Activos Digitales.
Bitfinex es la empresa origen de más del 80% del Bitcoin que, según el mandatario Nayib Bukele, se guardó en la "billetera fría" en marzo de este año. Bukele también aseguró que en esa dirección se colocarían los nuevos Bitcoin que adquiriera el Estado. Cada uno de estos ha provenido de alguna wallet de Bitfinex.
Devasini, además, está aprovechando las exenciones de impuestos para las inversiones en el centro de San Salvador, como lo reveló la revista Factum (ver nota aparte).
Bitfinex es también la compañía que, según el gobierno, se encargará de la plataforma en la que se emitirá el Bono Volcán, el activo estatal respaldado con Bitcoin que anunció Bukele hace tres años y que, de acuerdo a la Oficina Nacional del Bitcoin, sería lanzado en el primer trimestre de este año, pero aún no ocurre.
Nexbridge, según el registro de comercio, fue fundada en agosto de 2023, por lo que cumple con el requisito para ser beneficiada con las noblezas de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, aprobada por la Asamblea Legislativa en abril de 2023.
Esa ley comprende importantes incentivos fiscales, como la exención total del impuesto sobre la renta respecto a las actividades que realice, exención de todo tipo de retenciones al impuesto sobre la renta, exención total de impuestos municipales sobre el activo neto declarado por los beneficiarios, exención de la ganancia del Pago de Capital y exención total del pago de Derechos Arancelarios.
"La burocracia de El Salvador es mucho menor a la de otros centros financieros más grandes", comentó en febrero de este año uno de los representantes de Nexbridge, quien prefirió que no se mencionara su nombre.
¿Por qué, entonces, hay tan pocas compañías inscritas como emisoras de activos digitales en El Salvador a pesar de tantas ventajas? Según este ejecutivo, es porque el proceso de la licencia sí es largo y riguroso. Afirma que pasaron seis meses entre el momento en que la solicitaron y en el que se la concedieron.
"Las regulaciones son muy estrictas, los controles son muy invasivos. Es bueno, porque El Salvador todavía no cuenta con ese respeto a nivel financiero de otros mercados más grandes, por eso debe tener controles fuertes y reglas muy claras", dice.
La CNAD también aprobó la emisión de un activo estable llamado Alloy, basado en un activo digital que, a su vez, está basado en el precio del oro. Atrás de este criptoactivo está Tether, hermana gemela de Bitfinex, la empresa de Giancarlo Devasini.
Y se tuvieron que hacer reformas a la ley de activos digitales en la definición de stablecoin para que Alloy pudiera ser aprobada.
La anterior versión contemplaba que una stablecoin solo podía estar amparada en una moneda, como el dólar. Sin embargo, ahora se permite que lo hagan en cualquier activo de "baja volatilidad" y que represente una inversión segura, como el oro, por ejemplo.
"La ley está beneficiando a estas empresas. Pero yo no le veo realmente ningún beneficio para el pueblo salvadoreño. Quizá la idea es que pueda atraer turismo", comenta Teo Sepúlveda, economista de South Texas College.
La primera emisión y el primer fracaso
La primera emisión de un activo digital bajo leyes salvadoreñas se registró en enero de 2024. Se trata del token $ESOY, que tuvo como emisor a la sociedad eGrains.
Ese token, $ESOY, está garantizado por el precio de un bushel (medida anglosajona equivalente a aproximadamente 60 libras) de soja. Actualmente, cada una de estas se cotiza a $11.19 en el índice ESOY. En la notificación de inicio de oferta pública se informó que un total de 7.6 millones de tokens estarán disponibles para la emisión, por tanto, el total es de unos $85 millones.
Para que se registrara la segunda autorización para emitir un activo digital hubo que esperar hasta mediados de abril de este año, cuando Inversiones Laguardia S.A. de C.V. (Inverlag) anunció el lanzamiento de bonos tokenizados en la blockchain para recaudar $6.5 millones que financiaran la construcción de un hotel en el aeropuerto internacional. Fueron bautizados como HILSV, con un valor unitario de $1,000. Por lo tanto, se venderían 6,250 de estos. Se colocó como importe mínimo necesario para la realización del proyecto llegar a $500,000.
La oferta inició el 11 de mayo y se estableció un mes como plazo, es decir, hasta el 11 de junio. Esta ventana permaneció, incluso, abierta unos días más, pero no hubo éxito. Fueron solo $342,000 los recaudados, por lo que los fondos debieron ser devueltos a los inversores. Detrás de esta emisión también estuvo Bitfinex, la empresa de Giancarlo Devasini.
El resto del ecosistema
Según el registro de la Comisión Nacional de Activos Digitales, además de las cinco empresas emisoras, se han inscrito ante las autoridades salvadoreñas 32 compañías proveedoras de servicios de activos digitales, como MIO3, que lanzó dos exitosas emisiones privadas.
Por otro lado, hay cinco certificadores de ofertas públicas de activos digitales y 152 empresas registrados como proveedores de servicios de Bitcoin ante el Banco Central de Reserva (BCR).
Sin embargo, El Salvador vive una paradoja respecto a las autorizaciones concedidas tanto a Proveedores de Servicios de Bitcoin (PSB) como a los que hacen lo propio con los demás activos digitales (PSAD), pues en el país operan varios que no tienen el permiso para hacerlo y varios que cuentan con una licencia no tienen operaciones en El Salvador. Esa fue una de las conclusiones que se pueden sacar del "Informe de Evaluación Mutua de El Salvador", del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
"Esto es una muestra de que la regulación, más bien, está enfocada, no en generar un mercado en El Salvador, sino en darle la legitimidad de un Estado a unos productos financieros. Es un tema de Relaciones Públicas", sentencia el economista Teo Sepúlveda.