Por Pese a que la negociación era el camino obvio para poner fin a la guerra, en ambos lados hubo personas contrarias a la paz que trataron de descarrilar el proceso usando el método que bien conocían: la violencia.
Para especialistas como Stephen John Stedman, la diferencia fundamental entre el éxito y fracaso de los saboteadores es el papel que desempeñan los actores internacionales como custodios de la paz, pues cuando establecen y ponen en marcha estrategias coherentes y eficaces para proteger la paz y manejar a los saboteadores el daño ha sido limitado y la paz ha triunfado. Sin embargo, cuando los custodios internacionales no han logrado desarrollar y poner en marcha ese tipo de estrategias, los saboteadores han logrado sus objetivos a costa de miles de vidas.
En relación con la motivación de los responsables de los atentados, en su informe, el Grupo Conjunto llegó a cuatro conclusiones:
(1) En zonas rurales, “el accionar de las estructuras ilegales analizadas se dirige, fundamentalmente, a la defensa de intereses tradicionales locales, los que se pretende podrían verse lesionados ante la nueva coyuntura política y social que se comienza a consolidar a partir de los acuerdos de paz. De esta forma, las víctimas de la violencia (en forma de ejecuciones sumarias, amenazas de muerte u otros actos de amedrentamiento) son dirigentes políticos o sociales locales, y, muchas veces ciudadanos sin mayores responsabilidades en sus respectivas organizaciones, pero que aparecen como ‘puntos de referencia’ para los vecinos de la localidad. De esta forma se genera una sensación de temor e inseguridad que paraliza cualquier iniciativa que, en principio, pueda enfrentarse a esos intereses tradicionales”.
Así, en “áreas rurales existen bandas fuertemente armadas, que lucen uniformes militares y cuentan hasta con sistemas de comunicación portátiles”. El Grupo Conjunto documentó la existencia de casi 80 bandas, “casi todas compuestas por ex miembros de la Fuerza Armada, ex combatientes del FMLN, ex defensas civiles, agentes de los cuerpos de seguridad y personas con antecedentes delincuenciales”, y “vinculados a estas estructuras aparecen efectivos de alta en la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ciudadanos que ocupan cargos políticos, miembros del órgano judicial y particulares con poder económico local”.
(2) En zonas urbanas, “se percibe una victimología más selectiva. La violencia con fines políticos se dirige…fundamentalmente contra personas con responsabilidades relevantes en sus respectivas organizaciones, o con antecedentes de participación en el conflicto armado”. En estos casos el objetivo es claramente la desestabilización del proceso de paz y, “los autores de los atentados se mueven con seguridad, dando muestras de una gran organización y planificación”.
Las bandas delincuenciales en zonas urbanas “aparecen involucradas con el robo de vehículos, el tráfico de drogas, y otras acciones delincuenciales que exigen un alto grado de organización y formación. Estas mismas organizaciones, bien armadas, pueden constituirse en el brazo ejecutor de aquellas estructuras que pretenden seguir apelando a la violencia como medio hábil para solucionar diferencias políticas”.
(3) La “‘violencia privada’, cuyo objetivo se encuentra en motivaciones personales o venganza es otro ingrediente que no puede dejarse de lado en la comprensión del fenómeno analizado. En este aspecto el Grupo Conjunto observa con preocupación que acudir al empleo de medios violentos es una opción que aún se considera válida por algunos ciudadanos en el momento de solucionar sus diferencias con oponentes políticos”.
(4) La intolerancia que ha sido parte de la historia del país siguió “ganado víctimas” y se vio “reflejada hasta en acciones individuales de ciudadanos que no responden a ningún grupo ni estructura clandestina, sino simplemente a su decisión personal”.
El Grupo Conjunto también constató la mutación de los grupos ilegales armados recordando que si bien en el pasado se habían dedicado a enfrentar la “amenaza del enemigo interno”, en la nueva realidad del país se dedicaban a torpedear el proceso de paz o a actividades delincuenciales. Así, en su informe dice que el “proceso de transición política parece dejar, pues, sin espacio a las estructuras que podían denominarse ‘clásicas’, pero muchos integrantes de ellas así como individuos que les cuesta trabajo adaptarse a las nuevas condiciones se constituyen en foco de nuevos y poderosos aparatos criminales organizados. Presumiblemente, a ellos se incorporan grupos de personas afectados por cambios dramáticos del paisaje institucional del país tales como la reducción de la FAES, desmovilización del FMLN y desactivación de los viejos cuerpos de seguridad y de la Policía Nacional”.
De esta manera, los grupos que querían descarrilar el proceso de paz “con el que se había comprometido el gobierno, la inmensa mayoría de los salvadoreños y sus organizaciones políticas y sociales”, buscaban generar “condiciones” que favorecieran “la militarización del país, la prolongación de la presencia de la Policía Nacional, o la neutralización de la Policía Nacional Civil”, así como generar “temor en la población” para que no se incorporaran o apoyaran a “partidos políticos u organizaciones sociales percibidos por los autores intelectuales de estas actividades criminales como una amenaza a sus intereses económicos, políticos o sus concepciones ideológicas”.
En relación con grupos delincuenciales, el Grupo Conjunto concluyó que era imposible “entender el fenómeno actual de la violencia con fines políticos en El Salvador sin una referencia permanente a la situación de inseguridad y criminalidad con alto grado de organización que azota al país”, y recordó que tanto el viceministro de Seguridad Pública como el presidente de la República habían hecho referencia, respectivamente, a la “existencia de estructuras sofisticadas y a un sistema de protección bien establecido”, y a que “pudiera existir un vínculo entre el crimen organizado, escuadrones de la muerte y delincuencia común”.
El Grupo Conjunto analizó esa posible vinculación que mencionó el presidente de la República y, en su informe, dice que “son reiteradas las referencias al narcotráfico, el lavado de dinero, los secuestros extorsivos y el robo de carros, entre otras actividades ilícitas. Esta organización criminal se perfila como la base económica y logística para mantener estructuras potencialmente aptas para la consecución de objetivos políticos a través del empleo de la violencia”. Y más directamente sobre la delincuencia común, el Grupo Conjunto afirma que “es terreno fértil para escoger sicarios dispuestos a realizar cualquier ‘trabajo’ a cambio de una suma de dinero. En ese orden, no puede soslayarse, como una consecuencia del conflicto armado que conmovió al país, la presencia de un gran número de personas formadas exclusivamente para la guerra, que arrastran todavía los traumas de una época brutalmente violenta, y que no encuentran ubicación en el proceso iniciado a partir de los acuerdos de paz”.
Por tanto, el Grupo Conjunto hace hincapié en el narcotráfico, recordando que durante operativos realizados en 1993 se decomisaron miles de kilogramos de cocaína; en el lavado de dinero que considera una realidad no debidamente abordada; en el robo de vehículos por bandas criminales que tenía ya una dimensión que sobrepasaba las fronteras de El Salvador y afirma que era un problema “ampliamente extendido en la región, abarcando incluso zonas de Estados Unidos hasta Colombia”, pues había “indicios para sostener la vinculación de esta actividad localmente con algunas acciones de violencia política”, y recalca que “según el actual viceministro de seguridad pública, recientemente se encontraron en Guatemala una decena de vehículos salvadoreños, previamente robados, matriculados con placas hondureñas, saliendo en un barco de carga hacia Colombia”. Además, recuerda que durante “el transcurso de 1992 se reportaba el robo de entre 30 y 40 vehículos diarios, de los cuales el 40 por ciento fue llevado fuera del país y otro 40 por ciento desmantelado”.
El Grupo Conjunto también enfatiza el tráfico de armas en la región, señalando que en “El Salvador se han detectado recientemente organizaciones delincuenciales dedicadas a este tipo de actividades”; así como los “asaltos a camiones blindados transportadores de valores y a instituciones bancarias, con el penoso resultado de varias víctimas mortales [que] demuestran la existencia de una organización que maneja información, técnicas y armamento de guerra adecuados para la consecución de sus objetivos”.
El Grupo Conjunto afirma que su investigación le permitió:
(1) Fundar “la tesis de que la violencia política se mueve y mimetiza en el submundo del crimen organizado y la delincuencia común”.
(2) Manifestar que “Parece razonable sostener que es imposible que estructuras criminales organizadas como las que actúan en el presente puedan sobrevivir sin la cobertura que les brindan algunos miembros de alta de los cuerpos de seguridad, situación que se puso de relieve recientemente en el sangriento atraco a un camión blindado de una institución bancaria”.
(3) Afirmar que el “sistema judicial, por acción u omisión, sigue brindando los márgenes de impunidad que esas estructuras necesitan”.
(4) Declarar que no encontró “indicios para afirmar que la existencia de estos grupos ilegales obedezca a una política de Estado”, pero que “esto no quiere decir que los mismos sean totalmente ajenos al aparato estatal, ya que…se han recogido elementos que señalan como integrantes de esas estructuras clandestinas a miembros de alta de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, o a personas que ocupan cargos públicos”.