Estados Unidos impuso sanciones este jueves a más de 350 miembros de la Policía de Nicaragua, anunció el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
«Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visado a más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua en línea con los esfuerzos de la ONU y la OEA para promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos», dijo Miller en la red X.
El portavoz afirmó que la decisión fue tomada con base en el «apoyo inquebrantable a la libertad, la justicia y la dignidad del pueblo nicaragüense», pero no divulgó los nombres ni los rangos de los sancionados.
Estas sanciones de Washington se suman a otras previas contra cientos de funcionarios nicaragüenses.
El régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, inició una persecución contra opositores y disidentes a raíz de las protestas antigubernamentales de 2018.
Las protestas dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y son consideradas por Ortega y Murillo como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Expulsión de obispo
Además, el Gobierno de Estados Unidos se declaró este viernes preocupado por el "exilio forzado" del obispo nicaragüense Carlos Herrera.
Brian Nichols, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, en su cuenta de la red social X se declaró "preocupado por el exilio forzado del obispo Herrera, Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, por parte de la autoridades nicaragüenses".
"La mitad de los obispos de Nicaragua no puede regresar a casa. Los flagrantes ataques de Ortega y Murillo contra el clero católico no debilitaran la fe de su pueblo", escribió este viernes.
Monseñor Carlos Herrera, de la diócesis de Jinotega (norte de Nicaragua), fue obligado por agentes del régimen sandinista a subirse a un vuelo comercial a Guatemala el miércoles en la noche. El motivo: haberse enfrentado a un alcalde sandinista.
"Esto es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales" dijo monseñor Carlos Enrique Herrera cuando Leonidas Centeno, uno de los alcaldes más fieles al gobierno, quiso alterar la celebración de su misa con un escándalo afuera de una iglesia en jinotega, al norte del país. "Pidamos perdón por ellos y por nosotros", agregó.
Desafiar de tal manera al régimen de Ortega lo habría llevado al destierro en Guatemala, pero lo cierto es que el gobierno ya lo tenía en la mira desde años atrás, como lo ha documentado la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina en sus expedientes sobre la represión contra la Iglesia católica.
"Lo que querían era sacar a Monseñor Herrera, porque obviamente ha sido un obispo cercano al pueblo. De hecho, en las protestas cívicas de abril de 2018 y meses siguientes, gracias a la intervención del obispo Herrera, muchas muertes y asesinatos se lograron evitar. También él iba a rescatar a los jóvenes que estaban secuestrados. Además, rescató cuerpos de jóvenes asesinados, los llevaba a su casa, les daban atención médica, auxiliaba a los familiares. El obispo anduvo entre las balas siempre y entonces, por eso es que lo estaban persiguiendo, hostigando, interrogando, acosándolo".
La abogada exiliada en Estados Unidos también detalló que al menos 261 integrantes de la iglesia católica habrían sido expulsados entre abril de 2018 y lo que va del mes de noviembre de 2024. Además de la expulsión de autoridades religiosas, a ella le preocupa que el gobierno tenga en su lista a menores de edad.
"Ayer recibí varias denuncias de que la policía y paramilitares están dando persecución a los monaguillos. Lo que me preocupa es que son niños, son menores de edad y ya sabemos que a la dictadura sandinista no le tiembla la mano para asesinar a niños. No es la primera vez que la policía hace esto, o sea ellos no miran si es menor de edad o mayor de edad. Ellos solamente se fijan en que si eres católico, entonces te pueden hacer cualquier cosa y ahí estamos hablando de muerte, cárcel o destierro, que son las tres únicas alternativas que tienen los católicos en Nicaragua".
Para justificar la censura y el destierro, el régimen de Ortega asegura que los religiosos conspiran contra el país, que propagan noticias falsas o que participan en lavado de dinero.
Detienen a periodista por informar alzas de precios
El gobierno de Nicaragua detuvo a un periodista luego de que informara en un canal de televisión sobre alzas de precios de alimentos, denunció este jueves el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
«El gobierno de Nicaragua debe liberar inmediatamente a Elsbeth D'Anda, periodista de Canal 23, detenido el 27 de octubre tras informar en su programa sobre el aumento del precio de la canasta básica», dijo el CPJ en su cuenta de X.
«Es inaceptable encarcelar a periodistas solo por hacer su trabajo. Silenciar al mensajero no silenciará el mensaje», agregó el CPJ.
D'Anda dirige el programa La Cobertura del Canal 23.
Según el medio nicaragüense La Prensa, editado en Costa Rica, «al menos cinco patrullas y unos 20 agentes» fueron a buscar al periodista a su casa.
«Sin presentar orden de captura y tampoco de allanamiento, inmovilizaron al periodista, lo esposaron y los subieron a un vehículo particular», indicó La Prensa. Agregó que las autoridades se incautaron de dispositivos de trabajo de D'Anda.
Al menos 278 periodistas han salido de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado en octubre por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Además, el régimen de Nicaragua clausuró 15 oenegés, entre ellas seis religiosas, según decretos publicados este viernes en el diario oficial La Gaceta.
La resolución está firmada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel.