La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó detención provisional para los cinco imputados ausentes en la audiencia preliminar por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y sus dos colaboradoras, cometido en el contexto del conflicto armado.
La diligencia judicial coincide con la semana de actividades en memoria de las víctimas realizadas cada año en la Universidad José Simeón Cañas (UCA) , mismo lugar donde los religiosos y sus dos colaboradoras fueron ejecutadas a sangre fría, hace 35 años.
Los acusados que no se han presentado de forma voluntaria a la audiencia preliminar realizada por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador son: el expresidente de la República Alfredo Cristiani Bukard (1989-1994), el ex jurídico del Ministerio de Defensa y exdiputado, Rodolfo Antonio Parker Soto, y los militares retirados Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna.
En el segundo día de la diligencia judicial, la fiscalía expuso que según lo demuestra la prueba documental, pericial y testimonial la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando élite de la Fuerza Armada ingresó al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a los sacerdotes, disparándoles a quemarropa con armas largas.
Sin embargo, previamente a esa reunión precedieron un cateo dentro de las instalaciones del centro universitario y una reunión en el Estado Mayor donde participaron sólo militares de alto rango y la cual fue avalada por el presidente Cristiani.
El caso ya estaba cerrado, pero debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional hace varios años, el caso ha sido reabierto, al considerarse que los delitos cometidos son de lesa humanidad y trasciende en el tiempo y en los alcances. Aún cuando, se ha señalado que en el gobierno actual se trata de una persecución política.
Múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos señalan que el gobierno salvadoreño utilizó como coartada la ofensiva final guerrillera para masacrar a los padres jesuitas y señalar a los insurgentes como responsables de la matanza.
La fiscalía aseguró en la presentación de sus alegatos que en la reunión los militares acordaron simular que el hecho había sido cometido por el FMLN al utilizar un fusil AK-47 en la ejecución de las víctimas.
Los cadáveres de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Amando López, Juan Ramón Moreno y Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos fueron encontrados por la mañana tirados dentro de las instalaciones.
La Fiscalía acusa al expresidente Cristiani, junto a los militares de alto rango: Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores e Inocente Orlando Montano Morales por lo delitos de asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo.
Mientras que Parker Soto y los militares retirados Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, enfrentan cargos por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal.
