Por Bukele es un presidente cuya legitimidad es cuestionable. Aunque cuenta con gran popularidad, su reelección en febrero pasado fue un acto inconstitucional. La interpretación forzada de la Constitución por parte de la Corte de lo Constitucional —un órgano sometido a la influencia presidencial— no logra subsanar la flagrante violación a la Carta Magna salvadoreña, en particular de los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248.
Su popularidad se basa en la prioridad otorgada a la seguridad ciudadana, una preocupación crucial para los salvadoreños. Aunque su plan ha logrado avances tangibles en la lucha contra maras, pandillas y el crimen organizado, estos logros se han dado a un altísimo costo: violaciones a los derechos humanos, desprecio por la Constitución, debilitamiento del Estado de derecho y concentración de poder en el Ejecutivo.
Como resultado, El Salvador ha pasado de ser una democracia de bajo rendimiento a un régimen híbrido y, finalmente, a un régimen autoritario.
La “Bukelización de la política” presenta un modelo seductor y eficaz, comunicacionalmente sofisticado y profundamente peligroso, que enseña cómo concentrar todo el poder en el Ejecutivo, violar derechos humanos, socavar la libertad de expresión, debilitar el Estado de derecho y desmantelar la democracia, todo con un amplio respaldo popular.
Nos preocupa ver cómo este modelo —que denomino “eficracia autoritaria”— está inspirando a varios líderes políticos en la región. Es alarmante que incluso el presidente Rodrigo Chaves de Costa Rica, uno de los países con una de las tres democracias de mejor calidad en la región y con una trayectoria histórica de respeto a los derechos humanos, Estado de derecho, antimilitarismo y sólidos principios democráticos —todo lo opuesto a lo que representa Bukele— haya otorgado a este líder autoritario una condecoración en un acto de ignominia nacional. Si el modelo de Bukele logra hacer pie en la democracia tica sus consecuencias serían muy graves para este país, pero también para los países centroamericanos y latinoamericanos.
Por ello, ante esta grave señal de alerta, la sociedad costarricense y su liderazgo en sentido amplio y plural, deben reflexionar profundamente sobre el peligro que representa este acto para la salud de la democracia en Costa Rica y actuar con celeridad y determinación para enfrentar y mitigar sus efectos.
Es imperativo que se adopten medidas firmes, tanto en el ámbito institucional como en el de la sociedad civil, para proteger los valores democráticos. Especial atención deberá prestarse al próximo año, con la mirada puesta en las cruciales elecciones generales de inicios de 2026. No hay tiempo que perder.
Politólogo y jurista, experto en elecciones, gobernabilidad y democracia