Entre enero y diciembre de 2023, el Gobierno tomó del Fondo de Pensiones $1,097.76 millones, lo que marca todo un récord sin ningún tipo de precedente en la historia de El Salvador: representa el triple de lo que usaron en promedio cada año ($365 millones) los gobiernos anteriores en los últimos 17 años (2006-2022), según información del Banco Central de Reserva (BCR).
La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones fue modificada en el 2006 con el fin de que las administraciones presidenciales tuvieran la posibilidad de tomar prestado del Fondo de Pensiones los recursos necesarios para cubrir las jubilaciones de los antiguos sistemas del INPEP y del ISSS.
LEA MÁS: Gobierno ha tomado $1,922 millones del Fondo de Pensiones en solo 21 meses
$365 millones
Es el promedio de lo que se tomó anualmente del Fondo de Pensiones entre 2006 y 2022, el año previo a la última reforma.
Eso fue una respuesta para tratar de reparar el problema del enorme peso en las finanzas públicas que significaba pagar jubilaciones de un sistema para el que ya no habían casi cotizantes. La nueva estratagema permitía que los que aportaban al sector privado (representado por las AFP) pagaran las pensiones de quienes ya estaban retirados en el viejo sistema.
El primer año que se instauró esa reforma, el 2006, el Ejecutivo presidido por Elías Antonio Saca tomó prestados $90.79 millones. El siguiente año ascendió a los $318.51 millones. Esa suma fue creciendo con los años y su punto máximo fue en 2017, cuando la administración de Salvador Sánchez Cerén retiró $557.67 millones. Por eso fue necesaria otra reforma en ese año y se creó la Cuenta de Garantía Solidaria.
Hasta 2022, el 2017 había marcado el récord. Sin embargo, el dato de 2023 rompió todos los moldes: lo que el Gobierno de Nayib Bukele tomó en un año del Fondo de Pensiones duplicó los $557.67 millones que parecieron una suma intolerable en la administración de su antecesor y que requirió de una reforma para que eso no volviera a ocurrir.
Contradictoriamente, en 2023 fue la reforma la que permitió que el nuevo récord se alcanzara, pues la ley no establece un techo para los retiros de dinero del fondo de pensiones, siempre y cuando se utilicen para su fin legal: pagar las pensiones del INPEP y del ISSS.
Y el récord podría volver a romperse en el año en curso. Entre enero y septiembre de 2024 se tomaron del Fondo de Pensiones $824.77 millones, casi $212 más que en el mismo periodo de 2023, cuando fueron $612 millones, es decir un 35 % de aumento.
El año pasado el ritmo de esa deuda se aceleró, precisamente, en los últimos tres meses del año cuando la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) fue de casi $485 millones, es decir, $161 millones al mes. Entre octubre y diciembre se tomó el 44 % del total de fondos de 2023. Si se cumple la misma tendencia, el presente año se cerrará con más de $1,400 millones en 12 meses.
"En general el ritmo de endeudamiento se ha ido acelerando a un ritmo tal que el 19% de la deuda total de pensiones, es decir, uno de cada cinco dólares, corresponde a los 21 meses posteriores a la reforma. Hay que tomar en cuenta que la deuda histórica de pensiones data de 2006", comenta el economista Carlos Argueta.
Emitir sin valorar el riesgo
Pero esto tiene otro agravante, según explican Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, y el economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Y es que hoy los nuevos instrumentos con los que se emite la deuda de pensiones, es decir los COP, no necesitan pasar por una valoración de riesgo, lo que sí ocurría con la ley anterior, cuando esta tarea recaía sobre el Comité de Riesgo.
Si bien este todavía existe, ya no tiene ninguna función. Está conformado por autoridades públicas, como el superintendente del Sistema Financiero o el presidente del Banco Central de Reserva; y por miembros de la sociedad civil, en este caso un miembro designado de los trabajadores y otro designado en representación de los empleadores.
"Ese comité ya no ejerce ningún tipo de contraloría sobre las emisiones. Lo más que ocurre es que les informan cuando se emiten los instrumentos… creo que al menos los representantes de los trabajadores y los empleadores deberían trasladar la información de lo que está ocurriendo a sus bases", comentó Rodríguez.
Como ya se ha ilustrado en múltiples ocasiones, el banco inglés Barclays señaló que el gobierno podría haber utilizado en gasto corriente un mínimo de $300 millones de los casi $1,100 que tomó del Fondo de Pensiones en 2023 y que lo hizo a través de varias estratagemas de triangulación de los recursos o de una especie de ingeniería financiera.
Eso le ha permitido al gobierno que fondos pertenecientes a los trabajadores sean utilizados para destinos diferentes a los establecidos por la nueva ley aprobada en diciembre de 2022.
Pero Barclays no es la única entidad internacional que ha señalado esta tendencia de la administración de Nayib Bukele.
También lo hizo la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), que agrupa asociaciones, cámaras y otras instituciones similares de aquellos países que tengan establecido legalmente sistemas de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o similares, como es el caso de El Salvador.