La creación de sociedades anónimas con fondos públicos, el uso fraudulento de poderes de emergencia y los pactos con pandillas representan patrones de corrupción constantes en la historia del país, evidenció el informe de Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) "Diez Patrones de corrupción en El Salvador".
El informe presentado este martes refleja prácticas promotoras de actos de corrupción en el país cometidas en años anteriores y que se replican en el presente.
La jefa del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, manifestó que la corrupción es sistemática. La experta enfatizó en que es un fenómeno histórico en el país.
“A veces pensamos que la corrupción es para otros o a veces pensamos que la corrupción ocurre en altos niveles, pero la corrupción está en todos los niveles y nos atraviesa como una espada como ciudadanos y ciudadanas”, expuso López.
Por su parte, la directora del Idhuca, Gabriela Santos, afirmó que existe un vicio en dejar pasar las prácticas corruptas por parte de los entes de control.
“En vez de avanzar para poder controlar, lo que tenemos ahora es un retroceso, muchas veces ha existido ocasiones en donde las instituciones de control han funcionado; pero esta ha sido la menor parte, necesitamos avanzar en realmente encontrar cuál es la función que deben realizar y ejercerla adecuadamente”, afirmó la experta.
El informe coloca como el primero de los patrones al uso de la "partida secreta" y señalan que el dinero público debe utilizarse dentro del marco legal y de forma transparente, pero a pesar de su “aparente eliminación, persiste”.
Como hallazgo expusieron el monto asignado al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que para el año 2021 se le asignó $1,030,000, pero culminó funcionando con $22,270,000; en 2022 inició con $1,355,807 y culminó con $25,944,193.
El segundo patrón identificado tienen que ver con las redes clientelares en la contratación de obra, servicio y compra pública.
El informe expone que las personas afectadas con esta práctica son la mayoría, puesto que se ven afectadas la micro y pequeña empresa, porque los recursos públicos no se manejan bien y porque hasta son muchas las personas que se quedan fuera de la competencia. Como ejemplo se señala la red clientelar y los amigos de Mauricio Funes, en el primer gobierno del FMLN, y el clientelismo en la adjudicación de Obras Municipales.
“La participación de sociedades investigadas en el extranjero por presuntos actos de corrupción ahora son las más amadas aquí en El Salvador”, aseveró Ruth.
Nepotismo y el conflicto de interés
En este patrón, el informe dejó ver la falta de legislación para evitar el nepotismo cruzado por parte de los servidores públicos.
Cristosal ejemplifica a las familias Castro-Sol (esposos y cuñado), Zablah-Medina (esposos), Cucalón-Levy (padre e hijo), a los hermanos Rodríguez Fuentes (Juana y Douglas) y a la familia Bernal Recinos (esposos, hermanos). Quienes ocupan cargos en la Asamblea Legislativa, ministerios, secretarías de la Presidencia, direcciones del ejecutivo y cargos partidarios.
Otro de los patrones señalados por Cristosal es el del uso fraudulento de poderes de emergencia, en concreto uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), los pactos con pandillas y liberaciones de sus líderes.
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El sexto patrón es la creación de sociedades anónimas con fondos públicos, las cuales están exentas de fiscalización estatal por la forma en que son constituidas, a lo que la organización insta a poner atención. Una de las instancias públicas autorizada a crear sociedades anónimas es la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).
El siguiente patrón es el de la utilización de entidades financieras estatales en beneficio de funcionarios y allegados.
Recientemente una investigación reveló que 27 funcionarios de Bukele recibieron más de $4.9 millones en préstamos del Banco Hipotecario para adquirir inmuebles en zonas privilegiadas de El Salvador y sobre propiedades que habían comprado anteriormente.
El octavo patrón es el desvío de fondos de la cooperación internacional y el noveno, la manipulación de entidades de control para garantizar la impunidad.
En ese caso se trataría de la Corte de Cuentas de la República (CCR), con su omisión de la actividad fiscalizadora; de la Fiscalía General (FGR), con negligencia, falta de interés y negativa de promover acción penal en casos de corrupción; el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con negligencia en el tratamiento de procesos para determinar hechos de enriquecimiento ilícito.
Sobre el papel de la Corte de Cuentas, López manifestó que al solicitarle información sobre las auditorías a instituciones públicas, estas muchas veces han sido y siguen siendo negadas por razones de seguridad nacional.
“En nombre de la seguridad nacional se han ocultado miles de millones de dólares”, lamentó.
Santos apuntó a que si bien pudiese haber buena legislación, como el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), poco vale si no hay organismos que las hagan cumplir.
“Necesitamos funcionarios y funcionarias que ejerzan esa labor de control, porque hay un mecanismo de rendición de cuentas horizontal que no se está cumpliendo y, por tanto, si una institución que debe controlar no realiza su función estamos ante cualquier práctica de corrupción que no queda controlada y da más bien a que este tipo de patrones sigan avanzando en vez de controlarse”, añadió Santos.
La LAIP mandata al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) hacer cumplir la ley en cuanto al derecho a la información; pero investigaciones de organizaciones civiles señalan que no se cumplen ni los indicadores de información oficiosa.