La Asamblea Legislativa aprobará este martes la trigésimo segunda prórroga al régimen de excepción para que se mantenga por 30 días más, por lo que la medida de suspensión de garantías constitucionales llegaría a los dos años y ocho meses.
El último decreto de prórroga tenía una vigencia hasta al 6 de noviembre de 2024, por lo que esta nueva extensión aplica desde el 7 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2024.
El régimen de excepción se implementa desde marzo de 2022 como una medida de combate a las pandillas por el aumento de homicidios y, pese al discurso oficial de mejora de la seguridad en el país en los últimos años, en la justificación de las prórrogas se hace alusión a que se mantiene el accionar de las estructuras criminales en el país, por lo que se necesita mantener la medida.
El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales del derecho de defensa, ser informado de las razones de la detención; el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
El gobierno sostiene que es “imperativo” mantener la medidas excepcionales y como respuesta a un fenómeno criminal “inédito” y hasta que no sea erradicado en su totalidad demanda una intervención gubernamental extraordinaria.
El decreto menciona que el gabinete de Seguridad ha detectado que los grupos criminales “persisten en la pretensión de reagruparse”, reclutamiento de jóvenes y mujeres y formas de ocultamiento de tatuajes.
Agrega que se realiza un monitoreo de redes sociales “que ha evidenciado que las herramientas tecnológicas están siendo utilizadas para transmitir mensajes entre los sujetos pertenecientes a estos grupos”. Alega que requiere continuar con labores de inteligencia y en actividades operativas en contra de las organizaciones criminales.
Mencionar también el despliegue del cerco militar en San Marcos como “herramienta eficaz” para mantener las condiciones de seguridad.
No obstante, destaca la reducción de homicidios y la detención de 83,100 personas supuestamente miembros de pandillas.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado capturas arbitrarias de personas que no tienen vínculos con pandillas, acoso sexual de parte de agentes de seguridad, torturas y cientos de muertes en centros penitenciarios; además de que Centros Penales no cumple con las cartas judiciales de libertad.
Este martes familiares de víctimas del régimen de excepción presentaron a la Asamblea Legislativa una petición para que derogue cualquier normativa que restringe las visitas para las personas privadas de libertad, que se conforme una comisión especial para que investigue las actuaciones del director General de Centros Penales, así como los directores de los penales por las restricciones a las visitas familiares.