El tercer anteproyecto de ley de justicia transicional, presentado ante la Asamblea Legislativa por las víctimas del conflicto armado, con el apoyo de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, contiene algunas modificaciones para subsanar vacíos de las propuestas anteriores y ha sido creado con enfoque de género, explicó en la entrevista de YSUCA, Juan Carlos Sánchez, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en Inglés).
La propuesta de ley establece que la reparación a las víctimas es imprescriptible y debe ser proporcional al agravio sufrido, incluye la indemnización económica para personas encontradas luego de una desaparición forzada y reparaciones especiales por el daño causado a las mujeres.
“Hay un elemento que es novedoso y es que este proyecto se presenta con enfoque de género, no olvidemos que en conflicto armado, los cuerpos de las mujeres también fueron parte del territorio en disputa y por lo tanto las mujeres sufrieron vejaciones, por su condición de ser mujer”, explicó el representante de la DPLF.
#LaEntrevistaYSUCA | Las atrocidades que se cometieron durante el conflicto armado, que ocurrieron hace 40 años, hace 35 años, son incumplimientos que el Estado salvadoreño tiene respecto a sus obligaciones internacionales y a sus obligaciones de garantizar y proteger la vida,… pic.twitter.com/rbDXy5Hunx
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Sánchez explicó que se tiene conocimiento de violaciones, torturas y asesinatos de mujeres cometidos por parte de la Fuerza Armada, pero detalló que en las filas de insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también hubo este tipo de prácticas.
“Es una deuda importante que El Salvador ha tenido con las víctimas, tampoco en el informe de la Comisión de la Verdad se abordó el tema como tal, no porque no existiera, sino porque no hubo la visión o la voluntad política para poder dejarlo en evidencia”, declaró.
Por otra parte, la propuesta incluye penas no inferiores a 15 años de cárcel para aquellos dirigentes o jefaturas de instituciones u organizaciones que cometieron los agravios y anula la reserva total en los casos judiciales.
Importancia
El oficial de la DPLF expuso que mientras las graves violaciones a los derechos humanos, los delitos contra la humanidad y los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado continúen en la impunidad, sigue la necesidad de contar con una ley de justicia transicional y reparación.
Sáchez explicó que ese proceso de impunidad inició en marzo de 1993, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía, solo tres días después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, el cual señaló patrones sistemáticos institucionalizados desde el Estado de graves violaciones a derechos humanos.
“(La amnistía general y absoluta) a todas luces reñía con las obligaciones internacionales del Estado en materia de justicia transicional y esa fue una barrera jurídica importante que evitó que esos crímenes fueran investigados, juzgados y que se castigara a quienes fueran responsables de las masacres, las torturas y las desapariciones”, expuso Sánchez.
Tras la aprobación de la amnistía general, familiares y víctimas del conflicto armado iniciaron una lucha para que esa normativa fuera derogada, la cual finalizó 23 años después, en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993 por violar artículos de la Constitución vinculados a convenios internacionales de protección a las víctimas de conflictos armados.
Sánchez comenta que, dentro de ese fallo, incorporó elementos importantes de justicia transicional y la Sala de lo Constitucional también ordenó a la Asamblea legislar para atender las deudas con las víctimas del conflicto armado.
“Lamentablemente ocho años después de esa histórica sentencia esa norma no se ha aprobado”, declaró.
El 30 de octubre de este año familiares, víctimas y organizaciones sociales de la Mesa contra la Impunidad presentaron un tercer anteproyecto de ley de justicia transicional, luego que el último presentado en 2021 fuera enviado al archivo por la actual legislatura, dominada por el partido Nuevas Ideas.
“Tomamos la iniciativa una vez más para decirle a la Asamblea «aquí hay donde empezar a discutir y aprobar esta ley, aquí están los elementos suficientes para que no tengan justificación de que no tienen información o referencia para poder hacerlo, más que su voluntad política»”, expuso Sánchez.
Para el oficial de la DPLF, la nueva propuesta incluye los cinco pilares esenciales que debe tener una ley de ese tipo: justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica, en concordancia con los estándares internacionales.