Organizaciones sociales, redes, foros, mesas, colectivos y diferentes movimientos sociales de El Salvador dieron a conocer su rechazo a la apelación presentada por la Fiscalía General de la República al fallo del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, que otorgó sobreseimiento definitivo a los cinco líderes de la comunidad Santa Marta y ADES que fueron acusados por los delitos de asesinato y asociaciones.
"Rechazamos el intento de revertir o dilatar la libertad definitiva de los líderes ambientalistas y exigimos la ratificación del fallo absolutorio dado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque", dijo Amalia López, de la Alianza en contra de la privatización del Agua
En una conferencia de prensa desarrollada el lunes, representantes de los organismos sentaron postura sobre la sentencia que el tribunal estableció el pasado 18 de octubre, en la que declaró extinta la acción penal por los dos delitos que se le acusaba a Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas.
"Consideramos que las juezas que integran el referido tribunal actuaron apegadas a derecho y su decisión es legal y justa”, puntualizó.
Para los exponentes, dicha resolución ha sido bien recibida por múltiples organizaciones, instituciones y personalidades en el exterior, para quienes, aseguran, “representa una señal de independencia del sistema judicial salvadoreño, mayoritariamente cooptado por el régimen de turno".
Las organizaciones manifestaron que la semana pasada la FGR presentó un recurso de apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, el cual, consideran, "carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia".
"Porque tanto desprecio al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional de exigencia y libertad para los líderes de Santa Marta. Estamos pidiendo de nuevo que paren este caso porque es muy vergonzoso, este caso no tiene fundamento legal" dijo Andrés McKinley, de la Vicerrectoría de Prevención Social de la UCA y quien se expresó en representación de la comiunidad internacional.
Miguel Castro, del Buró Ecuménico de El Salvador, por su parte señaló que existe una preocupación dentro de las iglesias ante el peligro al que está expuesta actualmente la democracia en el país.
"Una democracia que ya camina y transita de manera muy débil y eso no habla bien (...) Yo creo que la institucionalidad del Estado debe ir al encuentro de los esfuerzos y las acciones y el trabajo de la sociedad civil porque lo que queremos al final es levantar este país postrado por una pobreza histórica; y que no vemos que cuentan los pobres en la agenda Estatal", opinó.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, calificó como lamentable el accionar de la FGR, que a su juicio “camina en obediencia a órdenes del ejecutivo y amparados en el terror qué significa el protocolo del régimen de excepción".
"Exigimos que se apeguen a los límites del poder público y político de la Constitución de la República tal como lo hicieron estas fuerzas valientes el Tribunal de Sentencia y que no se siga criminalizando a esos compañeros", expuso Escobar.
Socorro Jurídico llamó además a la comunidad internacional para que vuelva sus ojos al caso de los líderes de Santa Marta y que se establezca un pronunciamiento firme en contra de lo que está pasando en torno a este caso.
"Este es el reflejo que viene para todas aquellas personas que siendo inocentes, que se cuentan por miles en El Salvador, que están actualmente siendo procesadas y que son víctimas del Estado", añadió.
80% del territorio en vulnerabilidad
De acuerdo a información presentada por la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos de El Salvador, el 80% del territorio nacional está en vulnerabilidad; y casi el 90% de su población se ubica en un territorio de vulnerabilidad.
En tal sentido, puntualizó su representante Magdalena Cortéz, la reactivación de la minería en el país significaría "una tragedia de grandes dimensiones".
Los representantes de las organizaciones hicieron un enérgico llamado al Ministerio Público a retroceder y a no perseguir a los ambientalistas, los sindicalistas o representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Los voceros solicitaron además a los magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque que actúen conforme a la ley y la justicia, y que se rechace la apelación de la FGR.
"Una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo", expusieron.
A la FGR, exigen "que investigue los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país".
Durante la conferencia de prensa, desarrollada en San Salvador, mostraron su rechazo también a la persecución política contra sindicalistas, líderes indígenas y dirigentes de organizaciones de veteranos de guerra, quienes enfrentan represalias, acusaciones falsas y persecución penal.
Asimismo reiteraron exigir del Estado el respeto a la prohibición de la minería metálica en el país, y establecer mecanismos para revertir el grave deterioro ecológico y procurar la sustentabilidad ambiental en el país.