El Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) reporta una ejecución de más de $81.7 millones de enero a agosto de 2024, en ese mes que tuvo una transferencia de $10 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.
Con este incremento, las asignaciones que el Fondo ha tenido en los últimos cinco años llegan a casi $1,300 millones, pues un estudio de Cristosal revela que entre 2019 y 2023 los fondos del FOPROMID se incrementaron hasta por lo menos $1,218 millones.
El informe "Fondo de Protección Civil, prevención y mitigación de desastres: La nueva Partida Secreta" plantea que el FOPROMID se ha utilizado para financiar actividades que no estaban relacionadas con los fines originalmente asignados, violando la ley de creación del fondo y la normativa de transparencia y rendición de cuentas.
Y es que de los $1,218 millones, solamente se encontró evidencia sobre la ejecución de $70,683,071.84, plasmada en 699 órdenes de compra y contratos durante el mismo período, lo cual representa apenas el 5.8 % del monto destinado para el fondo.
El FOPROMID está bajo el ramo del Ministerio de Hacienda, por lo que las transferencias no pasan por aprobación de la Asamblea Legislativa. Pero también tiene participación en su uso el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial al presidir el sistema de Protección Civil.
Cada año se establece una asignación inicial de $4 millones. De acuerdo a la investigación de Cristosal, desde 2020 se mantiene un aumento desproporcionado del Fondo, pues en ese año llegó a tener $600 millones, "sin relación con la evolución de la pandemia ni con la ocurrencia de otros desastres naturales".
En ese entonces se evidenció una distribución de los fondos del FOPROMID a instituciones que no tenían competencia ni capacidad para atender la emergencia sanitaria, como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, entre otros.
También señala la "falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los fondos del FOPROMID, tanto por parte de las instituciones receptoras como por parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Hacienda, quienes no publicaron ni presentaron informes completos, actualizados y verificables sobre la ejecución de estos recursos, ni tampoco respondieron a las solicitudes de información de la ciudadanía, la prensa y la oposición política".
"¿Qué harías si tus vecinos y vos reúnen $100 para arreglar una calle que arruinó una tormenta y el encargado de comprar los materiales solo le lleva un recibo por $5.80 y no les muestra los materiales que compró? Esto fue lo que pasó con FOPROMID", ejemplificó la jefa del Área de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, Ruth López en redes sociales.
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Otro de los aspectos que señala Cristosal es la utilización del FOPROMID para financiar el régimen de excepción, una medida de carácter militar y policial que ha implicado la restricción de derechos y libertades fundamentales de la población. "Y fuera del objeto planteado por la ley que circunscribe los recursos del Fondo a la prevención de desastres o cuando se demande una oportuna y efectiva atención de emergencia ocasionada por desastres con impacto a nivel nacional o delimitado territorialmente", dice el estudio.
Transferencias de fondos
Según el estudio, para el segundo semestre del 2021, el Ministerio de Hacienda reportó que los gastos por transferencias corrientes al FOPROMID habían ascendido a $340.7 millones. Para el año 2022, el Ministerio de Hacienda reportó que el financiamiento otorgado al FOPROMID fue de $148.6 millones, siempre en el rubro de obligaciones y transferencias corrientes al sector público.
En 2023, el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda reportó una ejecución de $179.6 millones, en el rubro de transferencias corrientes.
En su análisis jurídico, Cristosal advierte que "con la escasa información disponible y las declaratorias de reserva, no se ha demostrado plenamente el uso corrupto del FOPROMID para fines personales, pero sí se ha acreditado la falta de transparencia del uso de los recursos públicos, así como los indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie una investigación para determinar la posible comisión de los delitos de malversación y actos arbitrarios".
La organización destaca que resulta necesario investigar la existencia de probables figuras de abuso de la función pública y de las relacionadas a una incorrecta gestión del patrimonio público. No descarta posible la comisión de delito de incumplimiento de deberes, "en la medida que existen funcionarios que hasta el momento se han abstenido de brindar informes relacionados con la gestión del FOPROMID".
Y enfatiza que dentro de la administración pública no pueden existir zonas exentas de control, particularmente de fondos públicos.