El Salvador tendrá una nueva Residencia Presidencial a solo 300 metros de la casa particular del primer mandatario de la República, Nayib Bukele. Estará, por tanto, en la exclusiva residencial Los Sueños, en Nuevo Cuscatlán, según un reportaje publicado por el periódico digital El Faro el 2 de noviembre.
El trabajo revela que la Presidencia de la República compró, entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, tres terrenos por $1.4 millones. Los mismos serán usados para el “proyecto Residencia Presidencial”, según una carta firmada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, secretaria privada de la Presidencia, en la que solicita la venta de una calle de la residencial que servirá como acceso exclusivo para la edificación.
La construcción de una nueva Residencia Presidencial, de la que no se conoce cuánto costará, contrasta con el discurso de Nayib Bukele de un compromiso con un ajuste fiscal (que genera mayores ingresos que gastos) en el que se han sacrificado miles de puestos de trabajo y recursos para áreas clave en la vida de la población, como Salud y Educación, que han sufrido un recorte de $121 millones en el presupuesto de 2025 con respecto a 2024.
Victoria Delgado, la autora del reportaje, relata que la primera señal de alerta para dar con la historia no llegó a sus manos a través de una fuente humana, sino que fue el producto de una metódica revisión en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registros (CNR). El objetivo era verificar en estos documentos todas aquellas compras realizadas por la Presidencia.
Así dio con esta extraña compra, donde una entidad estatal adquiere terrenos en la misma vecindad donde reside el funcionario que la preside.
La historia se completó con audios y documentos relativos a una reunión de vecinos de Los Sueños, donde estos discuten sobre la pertinencia de venderle una calle a la institución para que sea de acceso exclusivo a ese proyecto. También con la carta firmada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien fue la presidenta en funciones en el último semestre del primero de gobierno de Bukele para participar en las elecciones de 2024.
Sin conocer fondos
“¿Vamos a ser nosotros receptores de fondos públicos?”, preguntó uno de los asistentes a dicha reunión a un delegado de Casa Presidencial, quien no pudo satisfacer preguntas que iban dirigidas a saber de cuál partida saldría el dinero.
Esta es una interrogante que no ha podido ser respondida en la investigación, pues en los portales de Hacienda no existe un monto específico designado para este fin. Por ello, no es posible establecer cuál será la suma destinada para la construcción total.
“En el audio se puede escuchar la preocupación de los vecinos, sobre todo en saber qué pasará cuando Nayib Bukele deje de ser presidente, si esa continuará siendo la Residencia Presidencial”, comenta Victoria Delgado, la autora del reportaje.
“En el discurso de toma de posesión de su periodo inconstitucional, Nayib Bukele nos dijo que deberíamos tomar ‘medicina amarga’, que sería necesario para arreglar la economía… pero, al mismo tiempo, tenemos esta inversión para la construcción de una nueva Residencia Presidencial. Durante la pandemia, se jactó de no necesitar la que ya está construida, pues podía vivir en su casa particular… ¿Por qué ahora necesitamos una nueva”, dice el reportaje.
“Manejan los dineros públicos como si fueran sus carteras privadas, sin rendir cuentas de dónde y hacia dónde van los recursos”, comenta Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro. Según su opinión, en el reportaje se pueden leer entre líneas dos mensajes preocupantes.
El primero, que el empleado que fue enviado por Casa Presidencial a hablar con los vecinos de Los Sueños no tenía clara la información sobre el proyecto. Esto se traduce en que desde la cúpula de poder (Nayib Bukele, sus hermanos, familiares y funcionarios cercanos) no están dispuestos a compartir ningún detalle ni siquiera con sus propios emisarios.
El segundo, el papel del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, como representante del Estado en la compra de los tres terrenos. Para Martínez, si bien es cierto la ley lo faculta, debería limitarse a operaciones más importantes, no a la adquisición “de tres terrenos que rodean la casa privada” de Nayib Bukele.
“Es una muestra de que no se puede esperar ningún tipo de independencia de este funcionario”, sostiene Martínez.
El reportaje de la nueva Casa Presidencial se sostiene, sobre todo, en documentos públicos en el Centro Nacional de Registros (CNR). Pero no es el primero en este año que cuenta con esta característica.
En enero, Redacción Regional y Focos revelaron que funcionarios, diputados y familiares del primer mandatario habían recibido ventajosos préstamos de parte del estatal Banco Hipotecario (BH). Esos mismos medios publicaron, en septiembre, que Bukele y su círculo familiar habían adquirido $9.2 millones en terrenos durante el primer mandato de este.
Hace unos días, la revista Factum expuso que el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, había cancelado medio millón de dólares en préstamos hipotecarios en apenas unos meses, operación para la que su salario de $15,000 mensuales no sería suficiente.
El Diario de Hoy publicó, también, que Karim Bukele, hermano del primer mandatario Nayib Bukele, compró la Casa Samayoa, ubicada a unas cuadras de la Plaza Libertad de San Salvador, por $288,000 a la empresa Productos Mar y Sol, representada por Dalila Marisol Soriano de Rodríguez, tía de William Soriano, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas.
Lo hizo por un poco más de la mitad de lo solicitado por la propiedad en un anuncio de Marketplace. Hasta cuatro días después de realizarse el primer pago por parte de Bukele, sobre este inmueble pesaba un embargo impulsado por la Fiscalía General de la República, que le exigía a la compañía vendedora $213,000 por modificar declaraciones de impuestos durante un año con operaciones que no pudo demostrar.
Para Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, es posible que, debido a estas revelaciones, se limite (o prohíba) el acceso a la información alojada en el Centro Nacional de Registros, algo que sería “consecuente” con la actitud de la administración de Nayib Bukele, que tiene una lógica de opacidad.