Casi el 8% de las viviendas en el país tienen paredes de láminas, revela el Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. En concreto, son 143,604, el 7.9% de las 1.8 millones en el territorio.
Este porcentaje es superior al del anterior censo realizado en 2007. En ese entonces, fue el 6.5% de las viviendas el que estaba construido con este material.
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El departamento que cuenta con una mayor incidencia de construcciones de este tipo es Sonsonate, con el 17% de todas sus viviendas levantadas con lámina. Le siguen San Vicente (16.91%) y Usulután (13.09%). El que presenta una menor cantidad es Chalatenango, con solo el 1.49 %.
En general, en El Salvador el material más utilizado para edificar es el ladrillo, el bloque o el concreto, con el 77% del total, que ha aumentado en más de 6 puntos porcentuales con respecto a 2007.
El material que más se ha dejado de usar en estos 17 años es el adobe (una pieza para construcción hecha de una masa de barro, mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol), el cual pasó del 15.3 % al 11.2 %.
En el país, la lámina es tradicionalmente usada, por su bajo costo o por la posibilidad de reciclar, para la realización de viviendas temporales: alguien levanta una estructura con este material en su terreno con la esperanza de, en un futuro no muy lejano, poder reunir los recursos para hacerse de algo más permanente, como el bloque o el ladrillo.
"Las casas de lámina no reúnen las condiciones mínimas para desarrollar una vida digna, como la protección de la intemperie", comenta el arquitecto y urbanista Jorge Regazzoli.
Eso mismo ocurre con otros materiales comúnmente asociados con una vivienda provisional, como la palma, la madera o el material reciclado. En el territorio existen más de 158,000 viviendas construidas con lámina o con uno de estos materiales.
Vivienda y pobreza
Para Andrés Espinoza, fundador del Movimiento "San Salvador, Otra Ciudad Es Posible", experto en el tema de desarrollo de ciudades, esto es una ilustración palpable de los altos índices de pobreza que existen en El Salvador, que han aumentado en los últimos años.
En efecto, si se compara el 2023 (último año para el que hay datos) con 2019, es posible observar un aumento de 4.4 puntos porcentuales en los números de pobreza monetaria, es decir cuando un hogar no es capaz de adquirir dos canastas básicas al mes, pues se pasó del 22.8% al 27.2% de la población.
El dato es todavía más contundente respecto a la pobreza extrema, que se refiere a cuando un hogar no es capaz de cubrir una canasta básica mensual, pues se duplicó pasando del 4.5% al 8.6% de la población, es decir, 4.1 puntos porcentuales más.
Y todavía es más preocupante si se toma en cuenta que la de El Salvador es, por mucho, la canasta básica más limitada de toda Centroamérica. Apenas cuenta con 22 productos, distribuidos en 11 categorías, y no es suficiente para satisfacer las necesidades de una persona más allá de su sobrevivencia. Tampoco provee una cantidad adecuada de proteínas.
Pero las paredes de lámina no son el único aspecto identificado con la pobreza en un hogar. También lo es, por ejemplo, un piso de tierra que puede tener riesgos de salud, sobre todo respecto a las alergias y los problemas respiratorios, señala el arquitecto Jorge Regazzoli. En El Salvador, el 12.1% de las viviendas cuenta con una de estas características. Con el 27.78%, Ahuachapán es el departamento con mayor incidencia en este aspecto, seguido por Morazán (26.87%) y Sonsonate (20.87%).
En la década pasada, hubo un programa financiado por el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), que proveía de pisos de concreto a personas que solo tenían uno de tierra. De allí que se haya disminuido el porcentaje de viviendas con esta característica (piso de tierra) respecto a 2007, cuando era el 23%.
En el país, hay más de 55,000 viviendas que no disponen de un sanitario de ningún tipo y más de 165,000 que no cuentan con uno exclusivo, es decir, que se comparte con los vecinos. Un cuarto de la población tiene letrinas.
Otro aspecto preocupante es el manejo de las aguas grises, pues menos del 40% se deshace de ellas por alcantarillado. Casi un 48% las desecha hacia el exterior y un 5.5 % a cuerpos de agua, lo que conlleva un peligro para el medio ambiente.
Invertir eficientemente en aguas residuales y otras infraestructuras de saneamiento es crucial para lograr beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida, sostiene el Banco Mundial en el informe "Aguas residuales: De residuo a recurso". Los servicios de agua, saneamiento e higiene administrados de manera segura son una parte esencial para prevenir enfermedades y proteger la salud humana.
"Cuando tú mencionas eso (paredes de láminas, piso de tierra, ausencia de sanitarios) lo que se te viene a la mente es un montón de personas a las que se les están violando sus derechos de una vida digna. Una imagen de pobreza. La gente que vive así parece estar condenada o a irse del país o buscarse la vida con una alternativa en la informalidad, como vender en la calle. Y ahora hasta eso se les está quitando", comenta Andrés Espinoza, del Movimiento "San Salvador, Otra Ciudad Es Posible".
"Los números del censo hacen referencia al déficit cualitativo de la vivienda en este país", comenta Marcela Escobar, investigadora en temas de vivienda.
La deuda de la vivienda de interés social
El censo establece que el 65.4 % de los hogares salvadoreños viven en casa propia y que un 15.2 % lo hace en casa alquilada, un porcentaje que aumentó en relación al 13.4 % a 2007. Otro 14.4 % vive en casa prestada o cedida gratuitamente, 8.8 % está pagando la vivienda, 1.3 % se encuentra en una casa prestada por motivos de viaje, y 1.5 % indicó otro motivo.
En el caso del dato de quienes viven en casa propia se podría concluir que el derecho a una vivienda está garantizado para la mayoría de la población, pero eso se matiza cuando un buen porcentaje de salvadoreños deben habitar en una casa con precarias condiciones.
A eso se suma que casi toda la oferta de vivienda nueva en El Salvador es para personas con ingresos medio altos, es decir, de unos $4,000 al mes.
Esto, sin embargo, no es algo exclusivo de la administración de Nayib Bukele. Según el "Estudio de condiciones de competencia en la provisión de vivienda nueva en El Salvador", de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, entre 2010 y 2019, menos del 12 % de proyectos estuvieron destinados a personas con ingresos menores a los $1,500 al mes. Y casi un tercio, el 32.9 %, tuvieron como público objetivo a personas que ganan más de $6,000 mensuales.
Según Marcela Escobar, el responsable de que se construya vivienda de interés social es el Estado. Para ella, lo verdaderamente efectivo para que se resuelva la situación es que se incentivaran colaboraciones entre los sectores públicos y privados que faciliten la construcción de vivienda popular.
Un ejemplo que brinda la académica es que el Estado aportara un terreno de su propiedad, ya totalmente habilitado para la construcción de casas para personas con menos ingresos. Así la desarrolladora solo tendría que invertir en el levantamiento de la infraestructura de la vivienda. "La gente de las empresas constructoras piensa en qué es más lucrativo, que casi nunca es un proyecto de interés social en el que tendrán que invertir mucho en infraestructura de apoyo", dice Escobar.