Luego de la concentración masiva de personas de los gremios de la Salud y Educación del sábado 19 de octubre anterior, en pronunciamiento a las nuevas decisiones del gobierno con relación al tema presupuestario y de cese de escalafones, se dio una serie de despidos injustificados de participantes.
Uno de ellos fue confirmado por un exempleado despedido, educador de la salud de la clínica comunal de Sesori, en el departamento de San Miguel.
“Informo a mi país y a la comunidad internacional que el miércoles 23 de octubre fui despedido de mi cargo sin el debido proceso, no se me otorgó la comunicación legal correspondiente, incumpliendo las normativas que garantizan transparencia y justicia en el ámbito laboral”, comunicó Ismael Argueta, afectado con el despido.
En una entrevista con este medio, Argueta reveló que fue citado a las oficinas de la Regional de Salud en San Miguel y le informaron que su plaza laboral sería suprimida; sin embargo, para él no existe ningún antecedente de falta laboral y por la forma en cómo sucedieron los hechos lo considera como una represalia directa por ejercer su derecho como persona trabajadora al participar en una protesta pacífica.
“Esta medida vulnera mis derechos laborales fundamentales, amparados tanto en la legislación nacional como en los convenios internacionales sobre derechos laborales”, añadió.
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Ismael denunció en sus redes sociales la situación, que para él ha sido un acto de discriminación y abuso de poder hacia un ciudadano salvadoreño. Exigió respeto a los principios de justicia, legalidad y libertad de expresión, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes, comunidad internacional e instituciones vigilantes de derechos humanos, para que se investigue y tomen acciones ante esa arbitrariedad.
Desde el 2012, Argueta se mantuvo al servicio de las población en la rama de salud en su municipio y hasta diciembre de 2024 estaba en vigencia su contrato; por ello, señaló que la supresión se ha hecho antes y legalmente no está dentro de lo permitido legalmente.
Aparte, mencionó que solamente la Comisión del Servicio Civil puede hacer ese tipo de despidos, y en otro punto explicó que tiene el respaldo de la Ley de Salario.
Ante esos hechos, se declaró un perseguido por el actual gobierno. Pese al temor que le genera la situación, decidió dar a conocer públicamente el caso y fue enfático en sus declaraciones expresando que, ante cualquier cosa que pueda ocurrirle a él y su familia, responsabiliza al régimen de excepción implementado por el Gobierno.
Una noche antes de la marcha, algunos sindicalistas y trabajadores se echaron para atrás por temor a represalias y ante la amenaza de más de 11 mil despidos en 2025 por el recorte presupuestario.
Han pasado varios días y el ministro de Trabajo Rolando Castro ha mantenido absoluto silencio con ese tema.
En redes sociales personas siguen denunciando más despidos, “Son alrededor de 10 despedidos de profesores y de salud soy la persona que confirmo que fui despedido sin debido proceso, ni siquiera se me dio un papel escrito y entiendo que hay más despedidos”. Indicó Argueta.