Entre las 50 personas que están siendo procesadas ante el juez tres del Juzgado Segundo contra Crimen Organizado de Santa Ana, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas, hay algunos que por ganarse la vida trabajando como taxistas independientes, ahora están encarcelados, según afirman familiares de algunos y documentos sobre esa investigación a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso.
Entre esos taxistas figura el caso de Nelson Leonel Chachagua Menéndez, de 43 años, quien el 2 de noviembre de 2023, fue contratado para transportar a cuatro brasileños desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero a un hotel.
Los cuatro brasileños entraron a El Salvador de manera legal como turistas, tal como lo siguen haciendo cientos de ecuatorianos, brasileños, venezolanos, indios, dominicanos y otras personas de origen africano y asiático, quienes llegan a El Salvador guiados por redes de tráfico ilegal de personas.
Supuestamente, esas cuatro personas salieron de El Salvador hacia Guatemala por puntos ciegos, es decir, pasos fronterizos no autorizados, en su intención de seguir su ruta por vía terrestre y entrar de manera ilegal a Estados Unidos.
Registros judiciales a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso, indican que al menos tres de los cuatro brasileños que supuestamente Chachagua Menéndez transportó del aeropuerto a un hotel, el 3 de noviembre, es decir, en menos de 24 horas de haber salido de El Salvador, ya estaban en la fronteriza ciudad de Tijuana, estado de Baja California, México.
Ese 3 de noviembre, en esa ciudad, varios brasileños, incluyendo tres que supuestamente transportó Chachagua Menéndez, interpusieron una denuncia contra el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de México, por la “privación de la libertad, deportación y detención con fines de alojamiento en contra de los directamente agraviados”.
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Expertos en migración consultados por este Diario indican que es imposible que hayan pasado el 2 de noviembre por El Salvador y al siguiente día ya estuvieran en Tijuana, una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, distante más de 4,300 kilómetros de San Salvador.
En el entorno domiciliar de Chachagua Menéndez se lo describe como una persona que trabajaba con su carro, como taxista particular, para ganarse 20 o 30 dólares al día, con lo cual aportaba para la manutención de su esposa y tres hijas.
“Si fuera cierto que es parte de esa red y que cobraban 16 mil dólares, sus condiciones económicas fueran diferentes a las que vive”, afirmó una persona que aseguró conocerlo.
Pero Chachagua Menéndez es solo uno de 50 imputados, entre los cuales también hay acusados que hicieron múltiples traslados de extranjeros que no entraban de manera ilegal a El Salvador sino que lo hacían como turistas, a través del aeropuerto internacional, según consta en los documentos a los que se ha tenido acceso.
De acuerdo con personas que aseguraron conocer a Nelson, éste y Anibal Yosau Molina, otro taxista procesado, tenían un grupo en Facebook en el que ofrecían sus servicios como taxistas independientes, haciendo viajes en todo el territorio salvadoreño, a playas, aeropuerto, San Salvador y Ataco, entre otros destinos.
“Uber a la orden para cualquier parte del país. Aeropuerto, San Salvador, playas, Ataco. Usted pone el destino y nosotros lo llevamos”, reza la publicación del grupo.
Y fue a través de esa publicidad que algunas veces llamaron al teléfono del grupo y los viajes fueron asignados al azar, no fue trato directo. Además, aseguran las fuentes, el valor del traslado del aeropuerto al hotel fue pagado por las mismas personas que recibieron el servicio.
“Auge” de turistas indios y ecuatorianos
El paso de ciudadanos indios por El Salvador, que ingresaban vía aérea como turistas, se incrementó exponencialmente durante el año 2023, según estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Las estadísticas oficiales indican que en el año 2022 entraron 5,257 “turistas” de nacionalidad india. Sin embargo, al siguiente año, en el 2023, entraron 32,070, es decir, más de seis veces la cantidad que ingresó el año anterior.
En el caso de los ecuatorianos, que también fueron traficados por la red, según la investigación judicializada, en el 2022 entraron tan solo 4,475 a través del aeropuerto internacional, pero en los siguientes 14 meses (todo 2023 y enero y febrero de 2024) entraron 85,000.
No se sabe si ese incremento de “turistas” se debió a que vieron una puerta abierta o un atajo para migrar ilegalmente a los Estados Unidos o se debió al anuncio que el 13 de enero de 2023 hiciera el el presidente Nayib Bukele, respecto a que todos los turistas tendrían ya no 90, sino 180 días para permanecer en el país. “Los permisos generales de turismo en El Salvador acaban de ser ampliados de 90 a 180 días”, cita un boletín de la Presidencia de la República.
Pero tanto los indios como los ecuatorianos, brasileños y dominicanos no se quedaban ni un día haciendo turismo en El Salvador, aunque sí inflaron las estadísticas oficiales que triunfalmente indicaban que El Salvador estaba siendo visitado por muchos extranjeros.
En marzo de 2024, El Diario de Hoy publicó una investigación en la que se demostró que en el paso de suramericanos (especialmente ecuatorianos) y ciudadanos indios, había complicidad de, cuando menos, empleados del Estado salvadoreño quienes dejaban pasar a estos “turistas” hacia Guatemala, a sabiendas que los ecuatorianos no podían entrar a Guatemala si no tenía visa de ese país, o bien los dejaban pasar por puntos ciegos supuestamente vigilados por agentes de patrullas migratorias o militares asignados al Comando Sumpul.
En el cantón El Paste, municipio de Chalchuapa, El Diario de Hoy fue testigo de cómo un grupo de ecuatorianos pasó frente a un destacamento de militares asignados a proteger la frontera del contrabando y del paso de indocumentados. Tras pasar una hilera de piedras dispuestas para cortar el paso vehícular entre los municipios de Chalchuapa y Jerez, del lado Guatemalteco, los ecuatorianos se adentraron en territorio guatemalteco en mototaxis que ya los estaban esperando.
Los “peces gordos” escaparon
De los 34 acusados de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas, durante la audiencia de imposición de medidas celebrada el viernes anterior en Santa Ana, solo un hombre de 74 años, originario de Candelaria de La Frontera, quedó en libertad bajo medidas. El resto tendrá que esperar seis meses a que se realice la próxima audiencia, plazo que el juzgado otorgó a la Fiscalía para fundamentar la acusación.
Dieciséis acusados están prófugos, incluyendo una mujer de origen ecuatoriana, identificada como Rita de Jesús Ascencio Pincay. A ella se la acusa del tráfico ilegal de personas en perjuicio de tres ecuatorianos.
También está prófugo Denry Mauricio Portillo Menjívar, quien en el 2020 fue procesado por la Fiscalía por el delito de hurto agravado en perjuicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cometido supuestamente junto al entonces alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez y otros empleados de esa comuna, quienes supuestamente se habían hurtado sacos de abono. Al final del proceso fueron absueltos.
Eusebio Argueta Hernández y su compañera de vida, Marta Elena Juárez Sibrián, así como José Francisco Herrera, tampoco fueron capturados. Según las investigaciones, en El Salvador, estos tres serían las cabezas más visibles de la supuesta red de tráfico ilegal de personas.
Argueta Hernández y Juárez Sibrián, según las investigaciones, eran los dueños del Hotel Argueta, donde decenas de indios, ecuatorianos y brasileños eran trasladados en cuanto llegaban al aeropuerto para luego, en pocas horas, ser trasladados a algún punto fronterizo no autorizado para que cruzaran hacia Guatemala y siguieran su camino hacia Estados Unidos.
Herrera, por su parte, es socio fundador de una sociedad cuyos bienes han sido inmovilizados, entre éstos el Hotel Majahual, el cual servía para resguardar extranjeros que luego eran movilizados en autobuses hacia puntos ciegos de la frontera con Guatemala.
Las investigaciones indican también que a medidos de 2023, en un solo vuelo procedente de Francia, realizado por una aerolínea cuya propietaria es una sociedad basada en Rumania, llegaron 300 ciudadanos indios que fueron registrados como turistas, pero que los pocos minutos fueron trasladados del aeropuerto a un hotel en la colonia Escalón y al hotel El Majahual, en varios autobuses de la ruta 79, que recorre de Lourdes (Colón) hacia San Salvador.
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Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes de este Diario, a diferencia de los taxistas en las investigaciones judiciales, no hay acciones en contra de la aerolínea que hizo el vuelo chárter ni contra los propietarios o conductores de los autobuses que trasladaron a los 300 indios que arribaron a finales de junio de 2023.