El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) es una organización no gubernamental que llegó al país luego de los Acuerdos de Paz con la finalidad de apoyar en la reconstrucción del país. Actualmente brindan becas a más de 500 niños, niñas y jóvenes a nivel nacional para estudios desde kínder hasta universitarios.
Su trabajo se ha enfocado en empoderar a los actores locales, formación de jóvenes y prevención de la violencia; pero con la implementación del régimen de excepción tuvo que hacer un giro y enfocarse en la defensa de los derechos humanos, al darse cuenta que muchas de las personas detenidas en los territorios donde ellos trabajan fueron capturados sin tener ningún vínculos con las pandillas.
Leslie Schuld, directora de esa organización, considera que con el régimen de excepción no se está resolviendo el problema de violencia de raíz al no trabajar por erradicar la exclusión social y económica, lo cual se agrava en las comunidades históricamente vulnerabilizadas.
¿Qué avances han tenido los casos judiciales en contra de los detenidos en la Isla Espíritu Santo de Usulután, lo cuales ustedes denunciaron hace dos años como capturas arbitrarias?
Sí, entre el 13 de mayo de 2022 y el 28 de abril de 2023 hubo 25 capturas de la isla Espíritu Santo, entre ellos dos mujeres y un menor de edad. De estos 25 hemos logrado la liberación de ocho; pero 17 siguen privados de libertad, de los ocho liberados un menor fue absuelto.
(Al inicio) el joven Cali fue condenado a 10 años de prisión basado solamente en mentiras del sargento, quien se contradijo en su declaración.
El juez de menores de Usulután tomando la palabra, sin pruebas, del mentiroso sargento, lo condenó a diez años de prisión. Sin embargo, apelamos el caso porque supimos la realidad basado en docenas de testimonios de la gente de la misma isla, que demostraban que cada uno fue arrestado en su casa, la noche del 3 de julio de 2022, no fueron detenidos ni en grupo, ni en flagrancia. Entonces en la apelación ganamos el caso y el joven Cali fue absuelto.
¿Cuál es la situación de los demás?
Es bien difícil, pero no hemos tirado la toalla. Estamos persiguiendo diferentes estrategias.
Primero, hemos solicitado audiencias especiales y hemos documentado algunos casos, no todos, porque cada uno nos lleva unas 60 horas de documentación.
Además, llevamos una trabajadora social para dar una narrativa, porque los jueces miden si dan medidas sustitutivas basado en alguien de clase media: si tiene un trabajo, una escritura, si tiene todas las condiciones y la gente vive en extrema pobreza.
Entonces, la trabajadora social hace una descripción de toda la situación de la isla, habla con los vecinos y hace una narrativa para complementar las declaraciones juradas.
Es un trabajo extenso documentando todos sus arraigos sociales, de su trabajo, de su familia, económicos si los tienen. Recientemente actualizamos los arraigos y solicitamos audiencia especial para siete casos, cuatro están basados en la mentira del sargento.
Las mismas familias hicieron una denuncia el 16 de noviembre de 2023 en la Fiscalía de Usulután sobre el falso testimonio del sargento.
Nosotros creemos que hay una base fuerte para que sean liberados, por ejemplo Donnelly Alexis, llegó el sargento a su casa con un papel de cuaderno escrito a mano y aunque él no estaba en la lista, por ser hombre joven le quitaron la camisa y él tiene un tatuaje de una rosa, su mamá se llama Rosa y solo por eso el sargento decidió capturarlo. Esa audiencia la solicitamos el 19 de julio de este año, pero hasta ahora no han respondido.
¿Esa solicitud de audiencia es solo para él o incluye a más?
El 19 de julio solicitamos para los cuatro que fueron capturados con el joven Cali y que todavía están privados de libertad. Los otros tres fueron capturados el 18 de julio del 2022, igual cada uno en su casa, igual bajo el mismo patrón de mentiras que estaban reunidos y fueron detenidos en flagrancia.
Para los primeros cuatro solicitamos la audiencia el 19 de julio y para los otros tres el 2 de agosto de este año.
¿Cómo interpreta la tardanza en la respuesta de las autoridades judiciales con relación a las peticiones de audiencia especial?
Bueno, lo interpretamos como una total ausencia del debido proceso y una ausencia total de un Estado de Derecho.
Estamos viviendo en un tiempo en el que no se obedecen las leyes. Por ejemplo, el joven Cali fue absuelto el 12 de diciembre de 2022, tenía la carta de libertad desde el 13 de diciembre; sin embargo, lo dejaron en libertad hasta el 12 de febrero.
Eso es desobediencia a una orden de un juez de parte del director de centro penal de la granja de Ilobasco, donde él estaba detenido. Ahora estamos demandando y la demanda ya fue aceptada.
¿Cómo han afectado las capturas a los familiares de los detenidos?
La afectación es grave más en el bienestar emocional, más que en la pobreza que viven, aunque la mayoría de ellos eran proveedores de sus familias.
Hay un trauma profundo, se les ve en la cara. Yo recibo llamadas de padres de esos jóvenes llorando, hasta a mí me afecta. Es horrible porque no saben de ellos, no los han podido ver, no han podido hablar con ellos.
A veces tenemos un informe de que alguno está bien enfermo, lo sabemos por los que salieron. Los que salieron primero, solo con un año de detención habían perdido 60 libras, estaban llenos de escabiosis, tienen problemas de los riñones, entonces imagínate ahora, los que llevan más de dos años detenidos, bajo condiciones crueles e inhumanas.
Vamos a iniciar el otro año un programa de bienestar emocional porque está bien difícil y se nota en las familias donde han liberado a los seres queridos, la cara está completamente diferente con una sonrisa.
Todos por ser buenos trabajadores, todos recuperaron su trabajo, creo que no podemos decir eso de otros casos del país.
Ustedes llevan años trabajando en comunidades empobrecidas, con el régimen de excepción ¿ha cambiado la situación de seguridad y desarrollo para las familias vulnerables?
Sí y no. Mucho está basado en la percepción. Por supuesto, algunos sienten un alivio porque pueden visitar un familiar en otro territorio, pero en otras comunidades vulnerables donde trabajamos, no sienten esa percepción que nos presentan en los medios de comunicación.
Por ejemplo, tuvimos un estudiante becado sobresaliente en su quinto año de arquitectura en Mejicanos y hace nueve años las pandillas lo mataron, fue una pérdida grave y cada año me invitan a la misa (de aniversario).
Este año le empecé a preguntar a la gente si se sienten aliviados y me dijeron "no, solo es una paz mediática, nosotros vemos a algunos pandilleros todavía y capturaron a nuestro vecino que no estaba en nada, entonces no sentimos seguridad".
Otra comunidad donde trabajamos es el distrito Italia, donde hay grupos reorganizándose, han liberado algunos pandilleros tatuados, así que la gente no siente una plena seguridad.
Me han informado que algunos se fueron una semana antes del régimen. Entonces es una paz relativa, pueden regresar.
No han llegado al fondo de este problema y yo siempre he dicho, incluso antes del régimen, que pueden poner a cada uno de los pandilleros en la cárcel; pero no va a terminar el problema de violencia si no se resuelve la exclusión social y económica.
Ahora se ve que se está profundizando la pobreza en esas comunidades, creo que estamos construyendo un problema, quizás aún más grave.
¿A cuántos jóvenes tiene becado el CIS y cuál es objetivo principal de este programa de becas?
Tenemos más de 500 jóvenes becados cada año, más de 200 bachilleres, más de 200 universitarios y más de 100 de kinder a noveno, estos últimos de zonas conflictivas, porque a la edad de bachillerato ya se hicieron pandilleros, si no se les ha becado.
Es un programa de prevención de violencia, pero mucho más que acceso académico para personas excluidos que non ha tenido esta oportunidad por falta de recursos económicos, es para construir líderes y lideresas para participar en la sociedad, en las decisiones, en la organización de alternativas a la violencia y la migración.
Prueba de esto, en el Distrito Italia los jóvenes becados hacen talleres con los niños y niñas de salud mental y ellos mismos dicen "es nuestra misión enseñarle a la niñez alternativas a la violencia" y están construyendo algo nuevo para el futuro.
El discurso oficial ha criticado a las organizaciones sociales, pero ¿cuál es la importancia que ustedes sigan trabajando en esas comunidades?
Yo creo que es importantísimo porque se ve una transformación, no solo de vida del joven, también de la comunidad. Algunos ya están en las directivas y ha cambiado la dinámica.
En la isla Tasajera tenemos el programa y las mujeres y los jóvenes se han involucrado en la directiva y ahora sí hacen proyectos, por ejemplo, hicieron un proyecto de letrinas.
En el Distrito Italia hay una transformación totalmente en la actitud, en la participación; entonces creo que es importantísimo.
Yo siempre he dicho si los gobiernos hubieran tomado un programa CIS no hubiéramos llegado a este problema que estamos ahorita. Porque nadie tiene una vara mágica, sino significa trabajo, acompañamiento, pero por años, no es algo que va a cambiar de día a la noche.
¿Cuánto tiempo lleva el CIS en El Salvador?
Tenemos 31 años cumplidos. Nacimos en 1993 después de los Acuerdos de Paz, precisamente, para fortalecer lazos solidarios, para construir y reconstruir, para defender los derechos humanos y los Acuerdos de Paz y seguimos con esta misión.
Con los años nos pudimos enfocar en la formación de jóvenes, becas, microempresas, empoderamiento de mujeres, aguas limpias, medio ambiente; pero hemos tenido que regresar a nuestras raíces de la defensa de los derechos humanos debido a esta situación grave de la violación que fue nuestra prioridad cuando nacimos.
Las personas pobres son las víctimas principales del régimen, y estoy hablando de personas inocentes. Son violaciones graves, personas privadas de libertad por más de 30 meses sin alguna prueba de un crimen o pertenencia a una pandilla.
Por esta razón el CIS ha puesto defensa legal y hemos tomado acciones de acompañamiento a las familias de incidencia con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
¿Los derechos humanos de quienes defienden ustedes?
De la gente más vulnerable, de la gente pobre; pero nuestro enfoque está en las comunidades donde trabajamos, donde conocemos la gente, que no son delincuentes, que son personas trabajadores, que han sido excluidos.
También hemos acompañado a las mujeres encarceladas injustamente, acusadas de aborto por una emergencia obstétrica y las han condenado a 30 años de cárcel.