Los casos de capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción en El Salvador suman centenares, con múltiples patrones en común, entre los que sobresale uno: personas capturadas porque alguien, de manera anónima, las señaló de ser miembros de pandillas, a través de alguna llamada telefónica.
Tal es el caso de Víctor Manuel Melgar Hernández, de 32 años, capturado por policías cerca de su vivienda. Eso afirman sus familiares, quienes consideran absurdas las acusaciones que le están haciendo, pues tanto Víctor como su familia han sido víctimas de grupos de pandillas que operaban en el puerto de La Libertad.
Víctor fue arrestado en junio del 2022, mientras estacionaba su camioneta para luego dirigirse a su vivienda; tenía tres o cuatro días de haber regresado de Honduras, de hacer trabajos en inmuebles que uno de sus hermanos tiene en ese país. "Si mi hermano fuera pandillero, ¿cree que no lo hubieran detenido al entrar a El Salvador por la frontera?", cuestionó el familiar.
La detención fue hecha bajo cargos de agrupaciones ilícitas, en el marco del régimen de excepción; es decir, que lo acusan de ser miembro de pandillas, lo cual les parece absurdo pues él mismo y su familia han sido víctimas de las dos principales pandillas, afirman familiares.
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Jorge Melgar, uno de sus hermanos que reside en Estados Unidos, aseguró a El Diario de Hoy que si tan solo hubieran investigado un poco antes de proceder a detener a Víctor, se habrían dado cuenta que en el 2009, unos pandilleros intentaron robarle el vehículo en que se desplazaba, y que cuando agentes de la Policía reaccionaron, los pandilleros miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) le asestaron varios disparos.
En ese mismo ataque también resultó lesionado un agente policial y fue capturado y condenado un pandillero. Este hecho se registró en la tarde del 28 de febrero de 2009, en el puerto de La Libertad, aseguran familiares.
Víctor fue trasladado por vecinos y amigos, moribundo, hacia un hospital, donde permaneció en estado de coma por aproximadamente tres meses. Cuando despertó, se enteró que le habían extirpado un riñón que una bala le destrozó, y que no podría caminar porque otra bala le había dañado la columna vertebral.
Luego de casi dos años de tratamientos quirúrgicos, los médicos lograron extraer la bala que estaba dañándole la columna y, tras mucho tiempo de terapia física, Víctor logró caminar, aunque con dificultades y con ayuda de aparatos ortopédicos, pues algunos nervios le quedaron dañados.
Mientras convalecía, su padre, un reconocido comerciante del puerto de La Libertad, le ayudó para que pusiera un negocio de venta de mochilas, maletines, carteras, gorras, sandalias, etc. Pasado un tiempo, los hermanos del joven que están en Estados Unidos desde hace varios años, dispusieron ayudarle para que comprara unos carros y los pusiera en alquiler.
De acuerdo con sus familiares, Víctor tiene la documentación que lo respalda como comerciante que contribuye pagando lo que le corresponde de impuestos de su negocio inicial y de la renta de autos.
Familia solidaria durante la pandemia
Cuando sobrevino la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, Víctor dio en arrendamiento por $30 diarios a un joven que estuvo trabajando con la alcaldía del puerto de La Libertad en el reparto del paquete de alimentos.
En cierta ocasión, cuando regresaba de su jornada, acompañado de dos soldados, dos policías detuvieron a ese joven por el delito de resistencia y Víctor tuvo que pagar abogados para demostrar ante un juez que el carro era suyo y que no tenía nada que ver con el delito que le acusaban a quien se lo había rentado.
Por su parte, siempre durante la cuarentena sanitaria por el covid-19, Víctor y su familia ayudaron a muchas personas en diversas comunidades del puerto de La Libertad, donde entregaban alimentos preparados. De esto hay registros en imágenes. Lo hacían por voluntad propia, en unión con otras personas altruistas.
Familiares de Víctor aseguran que ellos han sido víctimas de las dos pandillas, pues mientras miembros de la MS-13 balearon al joven, antes también sufrieron acoso de parte de la pandilla 18, que les exigía el pago de extorsión por ser comerciantes.
Estos delincuentes estuvieron cerca de atacar a la familia Melgar, razón por la cual decidieron abandonar su vivienda y mudarse a un lugar que consideraron más seguro. "Estuvieron a punto de atentar contra nosotros porque nunca les entregamos renta", por eso es que tuvieron que cambiar de domicilio, afirmaron.
"No nos parece justo que con tanto daño que nos han hecho las pandillas, a mi hermano lo estén acusando de ser pandillero, cuando por ellos mi hermano quedó lisiado y con un riñón menos", afirmó uno de los hermanos, quien considera que el gobierno está poniendo muchas trabas judiciales para que las personas que han sido capturadas injustamente prueben que no son pandilleros.
En opinión de las fuentes, otro hecho que prueba que Víctor no es pandillero y que solo es una de tantas personas acusadas de agrupaciones ilícitas sin fundamento, es que no está en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), sino en el penal de Mariona, donde están los reos considerados de confianza.
Al poco tiempo de que el régimen de excepción entrara en vigencia en marzo de 2022, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que todos los miembros de pandillas serían enviados al CECOT, construido exclusivamente para miembros de estos grupos criminales.
30 meses de régimen de excepción
Los salvadoreños llevan más 31 meses viviendo sometidos al régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022, cuando la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada fueron incapaces de evitar que las pandillas asesinaran a al menos 82 personas en menos de 72 horas, a pesar de que desde que Nayib Bukele inició su período constitucional como presidente de El Salvador, aseguraba que la reducción de homicidios se debía a la implementación del Plan Control Territorial.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han urgido al gobierno salvadoreño que suspenda el régimen de excepción, debido a decenas de denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas contra personas encarceladas injustamente; pero, hasta el momento, los diputados del partido oficialista continúan aprobando prórrogas del mismo.
Los familiares de Víctor lamentan que, aún comprobando a través de una evaluación de médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) las limitaciones físicas del detenido, y aportando pruebas de que no es pandillero, el sistema judicial lo siga manteniendo en prisión preventiva.
Además, aseguraron los familiares de Víctor, les pareció lamentable que a pocos días de haber sido capturado, cuando le solicitaron a un funcionario municipal que se les extendiera un documento en el que se hiciera constar la conducta del detenido, la respuesta que obtuvieron fue que conocía bien a Víctor y sus actividades como comerciante, pero no podía entregar tal documento porque tenían órdenes de abstenerse de extender constancias de buena conducta a personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Aunque han reunido y entregado todas las pruebas documentales con las que han tratado de demostrar que Víctor es una persona trabajadora, con negocios legalmente establecidos y con las declaraciones de impuestos al día, el sistema judicial mantiene a su familiar en prisión, en el penal de Mariona, específicamente.
El temor de sus familiares es que no esté recibiendo las medicinas adecuadas para sus dolencias o que vaya a agravarse su situación de salud, y no tenga los cuidados médicos adecuados.
En El Salvador, más de 300 personas privadas de libertad arbitrariamente y bajo acusaciones infundadas de ser miembros de pandillas, han muerto en las cárceles debido a supuestos malos tratos, torturas o nulo o inadecuado tratamiento médico de enfermedades que ya padecían cuando fueron capturadas bajo el régimen de excepción, o que contrajeron mientras estaban en prisión, según reportes de entidades civiles proderechos humanos.
El Estado salvadoreño ha mantenido silencio sobre esas muertes y la Fiscalía no ha investigado adecuadamente los casos, a pesar de que hay algunos, como el de Adrián Efraín Solórzano, un salvadoreño originario de Jucuapa, Usulután, en el que claramente Medicina Legal plasmó en un documento oficial que murió por estrangulación.