La organización ciudadana Cristosal interpuso este jueves un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de incumplimiento de deberes, negociaciones ilícitas y peculado de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele durante la atención de la pandemia de Covid-19.
Los posibles delitos, que además de involucrar a funcionarios vincularía a empresas, pudieron incurrir durante la entrega del subsidio de $300 en 2020.
Entre los funcionarios que participaron en el proceso de distribución del subsidio, y que podrían estar involucrados acorde a Cristosal, se encuentran Vladimir Handal quien fue secretario de Innovación; María Luisa Hayem, ministra de Economía y Mario Edgardo Durán, quien fue ministro de Gobernación.
Asimismo, el aviso pide investigar la participación de empresas proveedoras de servicios tecnológicos y financieros que podrían haber facilitado la distribución irregular de los fondos.
“Esto quiere decir que a miles de personas que les correspondía el beneficio no se le entregara y que a otras personas que no les correspondía, les fuera entregado. Este es un proceso que incluso ya hubo pandilleros condenados por haber recibido este beneficio; pero que no fueron investigados cómo llegaron estas personas a engrosar los listados, que no fueron depurados”, dijo la jefa del área de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, Ruth López.
Añadió que no establecieron los controles suficientes para supervisar los pagos de las instituciones públicas. “Estamos hablando de más de $513 millones que en ese momento fueron usados para el pago de este subsidio”, afirmó.
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En 2020, el Gobierno implementó la entrega de un bono de $300 supuestamente para las familias más afectadas económicamente por la cuarentena. Este se financió con más de $400 millones provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
“Sin embargo, un Informe de Examen Especial de la Corte de Cuentas detectó 22 irregularidades en el proceso de distribución, entre las que se incluyen la falta de controles, la carencia de documentación en las operaciones y contrataciones irregulares de empresas”, señaló Cristosal a través de un comunicado.
La entidad explicó que no se implementaron controles suficientes ni medidas de seguridad informática para asegurar una correcta entrega de los fondos.
“Se realizaron contrataciones directas sin la debida documentación y se efectuaron pagos indebidos a personas que no cumplían con los requisitos, incluyendo beneficiarios duplicados y cobros en nombre de fallecidos, con un caso destacado que apareció 1,293 veces en los listados de beneficiarios”, señaló Cristosal.